Familiares de personas detenidas y defensores de derechos humanos denunciaron que la reciente Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional dejó fuera a más de 100 personas vinculadas al caso denominado «Falsos Positivos Tancol». Según los denunciantes, estas detenciones ocurrieron entre 2021 y 2022 en los estados Apure, Barinas y Táchira bajo un patrón de «invisibilización» y «persecución política».
Uno de los voceros de los afectados, explicó que las detenciones se dieron en el marco de operativos militares destinados formalmente a combatir a grupos irregulares colombianos (Tancol). Sin embargo, señaló que durante los procedimientos se realizaron «grandes barridos militares en comunidades rurales en las cuales simplemente pasaban deteniendo a cuántas personas se encontrara allí».
El reporte de los familiares detalla que las autoridades habrían «armado» casos mediante la confiscación de bienes y la siembra de evidencias. Además, mencionan como ejemplos específicos en localidades como Guacas, el municipio Libertador de Táchira y Guaratarito: «A los muchachos les quitaron un camión que luego tenían en Guaratarito haciéndolo ver como si en Guaratarito tenían ese camión como parte de una operación de logística (…) intentaron armar un caso con toda esa trama que iban orquestando para culparlos».
Asimismo, se denunció que en un operativo en un hato ganadero, la vivienda de un productor fue destruida: «La casa de ese hato fue destruida, fue dinamitada y luego el video fue publicado como si se tratara de un laboratorio de drogas (…) y no era así, la infraestructura era la casa de un campesino productor».
El vacío legal y la «invisibilidad» rural
Antonio González Plessmann, integrante del colectivo de derechos humanos Surgente, señaló que la Ley de Amnistía vigente es «insuficiente» al definir solo 12 o 13 hechos específicos, lo que excluye a quienes fueron arrestados bajo cargos de terrorismo en este contexto fronterizo.
«Todos los casos que están aquí ocurridos en el contexto de los falsos positivos de Tancol quedan por fuera, porque son casos que ocurrieron entre 2021, 2022, algunos 2023, ninguno de los cuales están pensados explícitamente por la ley de amnistía», afirmó González Plessmann.
El defensor destacó la vulnerabilidad extrema de estas familias, en su mayoría mujeres de sectores rurales apartados: «Si a una persona de los sectores populares de las ciudades le cuesta hacerse visible ante la institución (…) imagínense personas del campo. Lo que queremos hacer con esto es hacer que los invisibles sean visibles».
Los familiares indicaron que la falta de denuncias previas se debió a un clima de intimidación. Según los testimonios, las familias han sido «amenazadas con que no hagan público ni denuncien en medios porque a ellos [los detenidos] les va a ir peor adentro».
Castigos y torturas
Además, alertaron sobre la situación en los centros de reclusión, específicamente en El Rodeo, donde denuncian castigos físicos sistemáticos:
- Maltrato físico: Reportan que los custodios «les dan más duro a los denominados presos políticos que a cualquier otro».
- Aislamiento: Existe preocupación por el traslado de detenidos a la «Torre B» de El Rodeo I, descrita como una zona de «aislamiento total».
- Secuelas: Familiares relataron casos de pérdida de visión y desorientación debido a los periodos de reclusión y presuntas torturas.
El grupo de defensores y familiares ha comenzado la recolección de datos precisos (números de cédula, tribunales y centros de reclusión) para exigir al Estado que se evalúen estas detenciones, las cuales califican como «falsos positivos judiciales» creados para «buscar resultados ante un fracaso» en la seguridad fronteriza.
