En el mundo de la dirigencia laboral están por un lado los que se niegan a renunciar a la condición reivindicativa de la acción sindical. Por otro lado esta una visión que coloca por delante lo ideológico en la “búsqueda un bien mayor” a costa de cualquier sacrificio, incluyendo conquistas históricas

El día 30 de abril fue trasladado de los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicados en Boleita Norte a la cárcel del Rodeo II, el dirigente sindical del sector petrolero Eudis Girot. Exactamente, un día antes de la conmemoración del Día del Internacional del Trabajador.

Suena paradójico que sea un día como ese que se produzca el traslado de un trabajador de Pdvsa, que peleó por revertir el paro petrolero que dejo inmóvil a la industria en diciembre de 2002.

Girot es uno de los dirigentes sindicales que están señalados, entre otras cosas, de terrorismo, asociación para delinquir y otra serie de cargos. Decimos señalados porque en la mayoría de los casos estos presos políticos llevan detenidos más de los 45 días de plazo que establece la Ley sin que les haya hecho la audiencia preliminar.

El dirigente de Pdvsa oriente es solo un nombre a los que se une el Guillermo Zárraga, otro dirigente del estado Falcón y por lo menos 150 más, según las cifras del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea),

Esta organización en su informe de 2020 señala que desde1999 el hostigamiento ha sido constante al punto de llevar a los trabajadores  a juicios penales.

Estos números son secundados por la denominada Coalición Sindical, organización de sindicatos de base que exige su inmediata liberación.

Si bien algunos dirigentes fueron juzgados en libertad tienen medidas que le impiden su movilización en el país y ni siquiera a participar en las reuniones de las organizaciones que los eligieron.

Provea señala que de 1.411 casos de amenazas y hostigamiento registrados en 2020, un total de 1.202 fueron contra trabajadores, lo que se traduce en el 85% del registro

Esto pone en entredicho el estado de derecho y evidencia un retardo procesal, pero además coloca sobre la mesa el problema de la libertad sindical en el país que es gobernado por un hombre que viene de la dirigencia laboral.

El Gobierno de un presidente obrero con más de 150 dirigentes detenidos encendió las alarmas de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha llamado la atención a la administración de Nicolás Maduro.

La respuesta

En la última reunión del Consejo de Administración de la OIT le exigió al Gobierno de Nicolás Maduro, respuestas a la demandas hechas por la Comisión de Encuesta del organismo.

Por su parte, la respuesta de Miraflores en boca de Eduardo Piñate, Ministro del trabajo para el momento fue que el Gobierno de Nicolás Maduro “no se compromete con esta decisión”.

El funcionario señaló que, la decisión del Consejo de Administración de la OIT fue tomada en medio de “ambiente hostil y mezquino”.

Por otro lado, hizo objeciones al mecanismo utilizado la votación que avaló la decisión, l cual impone al Gobierno de Nicolás Maduro, el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Comisión de Encuestas del ente multilateral.

Los dirigentes sindicales vinculados con el oficialismo han concentrado su acción en sostener que “la clase obrera” es la vanguardia para rechazar las sanciones y los ataque al proceso revolucionario.

Consideran que el problema reivindicativo es secundario frente a la “agresión imperialistas y de los cipayos locales”.

Los problemas

“En el informe de la Comisión de Encuestas hay un compendio de casos de violaciones flagrantes de la libertad sindical y en particular con la tema de la detención de dirigentes sindicales y de sometimiento a juicio. Hay algunos dirigentes que no vuelven a intervenir en asuntos sindicales y es lo que se ha denominado la criminalización de la protesta”.

Quien así habla es León Arismendi, abogado laboral de dilatada trayectoria en defensa de los derechos laborales y director del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

Curtido en los conflictos de contratos colectivos Arismendi llama atención sobre la necesidad de que exista libertad sindical para poder estar en democracia.

Señala que se ha establecido una manera de actuar desconocida para los venezolano y señala que “cada vez que había protestas había detenciones y sometimiento a juicio de los involucrados”

“Uno de los casos más emblemáticos es el de Rubén González, pero hay otros detenidos. En los términos del Convenio 87 y la interpretación que hace la Comisión de Libertad sindical de la OIT y es reiterado por la Comisión de Encuestas es que el solo hecho de que hubiese amenazas contra los dirigentes por intervenir en protestas, ya es un ambiente poco proclive a libertad sindical”, sentencia Arismendi.

Alerta que esto es “lamentable, deplorable”. Recuerda que en el pasado hubo agresiones a la libertad sindical, “pero ahora es una política de Estado”.

-¿El cerco a la acción de los dirigentes sindicales es un hecho nuevo en el país?

-Como ahora no se había visto. Aquí había confrontación intersindical. Existieron los cabilleros y asaltos a sindicatos en muchas ocasiones. Intervinieron Sutiss y hubo violencia. En ese momento los perseguidos eran los dirigentes sindicales de izquierda. La agresiones era entre de los propios dirigentes sindicales. Yo no conocí una política estatal de perseguir sindicalistas.

-¿Cuánta relevancia tiene la acción sindical en la preservación de la democracia?

-Para que haya libertad sindical debe existir la democracia. El que exista respeto por la actividad sindical es propio de las democracias. La noción de libertad sindical supone que son libres para constituir organizaciones y que ellas tengan libertad de acción. Para eso es necesario la libertad de expresión, garantía del debido proceso. Deben estar garantizados los derechos civiles y políticos. Como la libertad sindical es derecho fundamental y estos son interdependientes, eso dice la doctrina.

Arismendi se detiene en su discurso para hacer hincapié en su argumentación y señala que “sin derecho a reunión no hay asambleas, sino se puede protestar la Libertad sindical está limitada. Libertad sindical y democracia son consustanciales. ¿Puede haber una democracia sin libertad sindical? Será una democracia limitada porque precisamente es un derecho de quienes producen y trabajan a discutir con sus empleadores y en Venezuela el Estado es el principal empleador”.

“Un Gobierno obrero debería estar interesado en que las organizaciones se fortalezcan y aquí sucede todo lo contrario. Esto no es un gobierno obrero ni vaina”, sentencia Arismendi.

No es nuevo

Desde Provea Carlos Patiño señala que la vulneración de la libertad sindical en Venezuela no es un hecho novedoso.

“Desde la época de Hugo Chávez, Provea en su informe anual viene documentando diversas violaciones en los derechos laborales, entre ellos el encarcelamiento y persecución de sindicalistas, el no registro de organizaciones, la no discusión de contratos colectivos convenciones colectivas de trabajo”, sentencia Patiño.

Señala que existen una cantidad de obstáculos y amenazas al movimiento sindical independiente “que ratifica la persecución a la dirigencia sindical pero que en los últimos años se ha ido agravando”.

“Nosotros podemos ver que en los países que tienen las democracias más robustas tienen a las asociaciones de trabajadores como parte fundamental de la sociedad civil, en las discusiones tripartitas, en el dialogo social. Un país donde los trabajadores no están organizados, donde los trabajadores no participan del dialogo social entre empleadores, gobiernos y ellos representándose por supuesto es una señal de la debilidad de la democracia”, sostiene Patiño.

Destaca que en Venezuela “autocráticamente se dictan aumentos salariales o se decide no discutir contratos colectivos. Todo eso es parte de las medidas para aislar, perseguir y disminuir a los trabajadores y sus organizaciones”.

Llama la atención sobre las acciones que ha tomado la OIT frente a Venezuela.

“En 100 años de historia que tiene la OIT, apenas se han hecho 13 comisiones de encuesta, la última hacia Venezuela. Esta comisión hizo un informe durante un año que estuvo evaluando la situación de los derechos internacionales en Venezuela. Este informe evidencio todas las vulneraciones que existen. Lamentablemente, el gobierno rechazo las recomendaciones de la comisión de encuesta y el consejo de administración de la OIT deploro esta respuesta del gobierno de Venezuela”.

Mirando este panorama, en donde el oficialismo sostiene que se defiende del “enemigo externo” y dirigentes sindicales de izquierda y derecha cuestionan el cerco del Estado a la actividad sindical, se hace evidente el forcejeo entre dos visiones de la actividad sindical.

Por un lado, están los que se niegan a renunciar a la condición reivindicativa de la acción de los dirigentes laboral y por otro lado visión que coloca por delante lo ideológico en la “búsqueda un bien mayor” a costa de cualquier sacrificio, incluyendo conquistas históricas.

¿Existe libertad sindical en Venezuela?

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