La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentó este martes su informe preliminar sobre los comicios del 21 de noviembre.
Resumen
*Las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre fueron una primera y crucial prueba para el regreso de la mayoría de los partidos de la oposición a las elecciones en Venezuela. El proceso electoral mostró la persistencia de deficiencias estructurales, aunque mejoraron las condiciones electorales en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores.
• Entre las deficiencias se encuentran decisiones judiciales ampliamente criticadas que han afectado a la igualdad de condiciones al sustituir a los comités ejecutivos de algunos partidos y entregar sus tarjetas electorales a facciones internas que los utilizaron para presentarse a las elecciones. Además, se mantiene la inhabilitación política arbitraria de candidatos de la oposición, el extendido uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación.
• Sin embargo, una administración electoral más equilibrada, con representación de los partidos de la oposición y de la sociedad civil en la supervisión de las elecciones, la realización de numerosas auditorías en las distintas fases del proceso electoral, y una actualización más amplia del registro electoral mostraron una mejora de las condiciones. Además, los partidos de la oposición pudieron presentarse con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anteriormente suspendida.
• El marco jurídico electoral venezolano cumple con la mayoría de estándares electorales internacionales básicos. Sin embargo, algunas leyes, en particular la ley de 2002 que permite al Contralor General suspender el derecho fundamental de los candidatos a participar en las elecciones mediante un procedimiento administrativo, la falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones y a la equidad y transparencia de las elecciones. En estas elecciones, la suspensión del derecho de los candidatos afectó principalmente al Partido Comunista de Venezuela (PCV) y a los partidos disidentes de la coalición gobernante. Además, las leyes sobre medios de comunicación, incluida la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y las disposiciones legales discrecionales sobre el discurso de odio limitaron la libertad de expresión y el derecho a la información.
• El actual Consejo Nacional Electoral (CNE) se considera el más equilibrado de los últimos 20 años y la mayoría de sus decisiones se han tomado por consenso. Los cinco rectores lograron mejoras en componentes técnicos de las elecciones mediante el diálogo interno. Los tres rectores considerados cercanos al gobierno tuvieron el control de los órganos ejecutivos del CNE, mientras que los otros dos rectores no ocultaron a la opinión pública sus opiniones discrepantes sobre temas en los que no se pudo alcanzar el consenso.
• El CNE llevó a cabo la mayor parte de los preparativos electorales con eficacia y según lo previsto inicialmente. La participación en las jornadas de actualización del registro electoral fue alta en comparación con elecciones anteriores, aunque sus críticos señalaron un comportamiento sesgado de los testigos de registro del CNE. Auditores académicos consideraron que el sistema automatizado de votación ofreció suficientes garantías de integridad y secreto del voto. Las actividades de educación cívica y electoral fueron insuficientes y podrían haberse centrado más en el secreto del voto y en cómo cruzar el voto.
• Aunque la ley electoral venezolana lo prohíbe, la mayoría de los candidatos comenzaron las actividades de campaña antes de su inicio oficial, el 28 de octubre. Los observadores de la MOE UE informaron de una campaña conducida en un ambiente tranquilo y pacífico, salvo incidentes aislados. Sin embargo, el acceso privilegiado al combustible, así como el amplio uso de recursos del Estado, la entrega de bienes, como paquetes de alimentos, bombonas de gas o bombas de agua, afectaron a la igualdad de condiciones. La campaña del partido gobernante fue predominante en todo el país, y contó con una base movilizada y en algunos casos con la participación de funcionarios públicos.
• El monitoreo de medios de la MOE UE muestra que la cobertura del partido gobernante fue dominante y desproporcionadamente favorable en la televisión estatal, y muy significativa en las emisoras monitoreadas de radio y televisión privadas. Más allá de la cobertura desequilibrada, la presencia constante del vicepresidente del PSUV en los medios de comunicación estatales, en los cuales dirigió encendidos ataques contra opositores políticos, e incluso contra un rector del CNE, va en contra de los estándares internacionales de cobertura imparcial de los medios de comunicación estatales durante los períodos electorales. Instituciones y funcionarios públicos divulgaron su apoyo a los candidatos del PSUV y exhibieron entregas de bienes a los votantes o la inauguración de servicios públicos a través de sus cuentas institucionales en redes sociales.
• Aunque la instrucción del CNE sobre la paridad de las candidaturas garantizó la proporción requerida de entre el 40 y el 50 por ciento de mujeres para los consejos legislativos estadales y municipales, los partidos no tomaron medidas para alcanzar la paridad en las elecciones a gobernadores y alcaldes en todo el país. También siguieron existiendo limitaciones para los votantes y candidatos con discapacidades, principalmente debido a condiciones deficientes de accesibilidad y a los prejuicios sociales. El voto asistido se utilizó para facilitar la participación de los votantes con discapacidad.
• La jornada electoral se vio ensombrecida por importantes retrasos en la apertura y el cierre de las mesas electorales, y por acusaciones de coacción a los votantes. Los observadores de la UE fueron testigos de la instalación de dispositivos de control a los votantes por parte del PSUV (puntos rojos) en los 23 estados y en el distrito capital, a pesar de la prohibición explícita del CNE. En todo el país, salvo en el estado de Amazonas, se observó un abuso del voto asistido. En el municipio de San Francisco (Zulia), un votante murió y otros dos resultaron heridos en un tiroteo frente a un centro de votación.
• El 26 de noviembre, 4.334 voceros elegirán a los representantes indígenas en los consejos estadales y municipales en ocho estados. Aunque el CNE defendió esta elección indirecta como una forma provisional de garantizar que sólo indígenas elijan a los representantes indígenas, este procedimiento de votación contradice el principio constitucional del voto directo.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea está presente en Venezuela desde el 14 de octubre
por invitación del Consejo Nacional Electoral. La Misión está dirigida por la observadora jefa Isabel
Santos, miembro del Parlamento Europeo (Portugal). En total, la MOE UE desplegó 136 observadores de
22 Estados miembros de la UE, Noruega y Suiza en todo el país para evaluar todo el proceso electoral de acuerdo con las obligaciones y compromisos internacionales para elecciones democráticas, así como con las leyes de Venezuela. Una delegación del Parlamento Europeo, encabezada por el eurodiputado Jordi Cañas, se unió también a la misión y respalda plenamente esta declaración.
Esta declaración preliminar se entrega antes de la finalización del proceso electoral. La evaluación final de las elecciones también dependerá del desarrollo de las etapas restantes del proceso electoral, en particular, de la gestión de posibles quejas y recursos con posterioridad a la jornada electoral. La MOEUE permanecerá en el país para observar los acontecimientos postelectorales y publicará un informe final
con recomendaciones detalladas en los dos meses posteriores a la conclusión del proceso electoral. La MOE UE es independiente en sus hallazgos y conclusiones y se adhiere a la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional firmada en las Naciones Unidas en octubre de 2005.
Hallazgos preliminares
Antecedentes
El 21 de noviembre, las venezolanas y los venezolanos acudieron a las urnas para elegir 23 gobernadores, 335 alcaldes y los miembros de los consejos legislativos estadales y municipales en
una sola convocatoria electoral. Fue la primera vez desde 2015 que la mayoría de las fuerzas de la
oposición presentaron candidatos en unas elecciones. Habían rechazado presentarse en los no
competitivos tres comicios nacionales anteriores, debido al deterioro de las condiciones electorales
en un contexto de represión contra disidentes y de violaciones de derechos humanos. La apertura
de negociaciones entre el gobierno y algunos representantes de la oposición a principios de 2021
precedió a la convocatoria de estas mega-elecciones regionales y municipales. Estas elecciones se
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consideran un posible primer paso hacia un acuerdo político amplio sobre las condiciones
necesarias para realizar elecciones aceptadas por todas las partes en Venezuela.
La UE ya observó las elecciones legislativas de 2005 y las presidenciales de 2006 en Venezuela.
Se implementaron recomendaciones importantes, como una auditoría exhaustiva del sistema
automatizado de votación o la aprobación de un código electoral integral, mientras que otras siguen
sin aplicar, como una auditoría exhaustiva del registro electoral.
Marco legal y sistema electoral
El marco legal para las elecciones, que incluye la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela de 1999, la Ley del Poder Electoral (LOPE) de 2002, la Ley de Procesos Electorales
(LOPRE) de 2009 y el Reglamento General de la Ley de Procesos Electorales (RGLOPRE) de
2013, cumple con la mayoría de estándares básicos para elecciones democráticas. Además,
Venezuela ha firmado y ratificado todos los tratados internacionales relevantes sobre derechos
civiles y políticos. Sin embargo, algunas leyes, y especialmente la falta de independencia judicial
y el irrespeto del Estado de Derecho, afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones y
a la imparcialidad y transparencia de las elecciones.
El artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General (CG) autoriza a la CG a despojar a
los ciudadanos de su derecho a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento
administrativo. La suspensión de los derechos políticos por esta vía, y el hecho de que los recursos
no tengan efecto suspensivo, contradicen los principios internacionales
1
y el artículo 42 de la
Constitución, que garantiza que sólo una sentencia firme puede privar del ejercicio de los derechos
políticos. El mecanismo legal contencioso-electoral no garantiza una solución oportuna, ya que los
recursos ante la autoridad administrativa superior (recurso jerárquico) pueden resolverse en un
plazo de hasta dos meses2
. Además, el reglamento de observación electoral restringe los derechos
de los observadores. Las amplias disposiciones legales sobre el discurso de odio y la
responsabilidad social de los medios de comunicación obstaculizan la libertad de expresión y el
derecho a la información (véase más adelante Medios de comunicación y sociedad civil y
Observación electoral).
Evaluaciones jurídicas independientes e interlocutores de la MOE UE han criticado las decisiones
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por considerarlas políticamente sesgadas. Entre las
decisiones más controvertidas del TSJ se incluye la intervención de los principales partidos de la
oposición mediante la sustitución de sus comités ejecutivos y la entrega de sus tarjetas electorales
a facciones rivales internas.
Para las elecciones de 2021, los votantes eligieron a gobernadores y alcaldes por mayoría simple
en circunscripciones uninominales. En cuanto a los consejos legislativos estadales y municipales,
los votantes eligieron el 40 por ciento de los escaños por mayoría simple en listas nominales y el
60 por ciento por representación proporcional (fórmula D’Hondt) en listas de partido. Este sistema
favorece a partidos grandes, especialmente en las circunscripciones estadales y municipales más
pequeñas.
1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2 y 25
2 Artículos 203 a 212 del RGLOPRE.
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Administración electoral
La Constitución de 1999 establece cinco poderes del Estado independientes: legislativo, ejecutivo,
judicial, ciudadano y electoral. El poder electoral pertenece al Consejo Nacional Electoral (CNE),
una institución permanente con autonomía presupuestaria. Las amplias competencias del CNE
incluyen la organización y administración de todas las elecciones, la reglamentación de leyes
electorales, la gestión del registro electoral y el registro de partidos políticos.
Un consejo de cinco rectores y diez suplentes, nombrados para un mandato de siete años por la
Asamblea Nacional, gobierna el CNE. Según el artículo 9 de la LOPE, los rectores no pueden tener
vínculos con ningún partido político. Tres miembros del actual Consejo, seleccionados en mayo
de 2021, son considerados próximos al partido gobernante (PSUV). De los otros dos, uno está
vinculado a la oposición y el otro fue propuesto por organizaciones de la sociedad civil. Los
rectores no vinculados al gobierno carecen de poderes ejecutivos, y cumplen más bien un rol
semejante al de asesores o auditores dentro del CNE. El pleno del Consejo tomó a menudo
decisiones unánimes, pero los dos rectores de minoría expresaron sus opiniones discrepantes en
cuestiones cruciales, como la inhabilitación o la renuncia de candidatos. Interlocutores de la MOE
UE describieron este Consejo como el más equilibrado de los últimos 20 años. Muchos consideran
que su nombramiento fue la medida más importante para restablecer la confianza en el CNE
después de que los partidos de la oposición no participaran en las tres elecciones anteriores.
El CNE cuenta con tres órganos subordinados: la Junta Nacional Electoral (JNE), encargada de la
mayor parte de las operaciones electorales, la Comisión de Registro Civil y Electoral (CRCE),
responsable de la administración de los registros civiles y electorales, y la Comisión de
Participación Política y Financiamiento (COPAFI), encargada del registro de los partidos y del
control de sus finanzas.
Además de estos órganos permanentes, el CNE crea juntas temporales subordinadas al JNE
durante los procesos electorales. En julio, el CNE seleccionó a los miembros de las juntas
regionales y municipales y a los miembros de las mesas electorales mediante un sorteo público.
Aunque la ley establece sanciones para los ciudadanos que no cumplan con su deber, dichas
sanciones nunca se han aplicado. En la práctica, el CNE tuvo que sustituir a muchos miembros
que no se presentaron. En el pasado, estos cargos fueron ocupados por afiliados o simpatizantes
del PSUV. En esta ocasión, los rectores del CNE acordaron sustituir a los miembros que faltaban
de forma más equilibrada, permitiendo que tanto el partido gobernante como la oposición
designaran sustitutos. El CNE informó de la sustitución del 45 por ciento de los miembros de las
juntas regionales y del 46 por ciento de los miembros de las juntas municipales. Según la
evaluación de los observadores de la MOE UE, las juntas regionales y municipales de 23 de las 24
entidades estatales carecieron de autonomía y dependieron del personal del CNE en sus
operaciones diarias. Debido a la automatización y centralización de muchos aspectos del proceso
electoral, las responsabilidades de las juntas se vieron limitadas.
El CNE publicó el cronograma electoral en junio, junto con la convocatoria de elecciones, e
implementó la mayoría de sus actividades de acuerdo con él y de manera eficiente. Aunque muchos
actores saludaron esta publicación oportuna, voces críticas señalaron que el cronograma incluía
varias actividades que habían comenzado o incluso finalizado antes de que se publicara el
cronograma (por ejemplo, la actualización del registro electoral o el plazo para que los partidos
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políticos designaran a las personas autorizadas para contratar anuncios de campaña). El 2 de
septiembre, el CNE publicó un cronograma actualizado, que incluyó prórrogas para la inscripción
de candidatos y pospuso algunas actividades relacionadas, como la prueba de telecomunicaciones
o el simulacro. Este último tuvo lugar el 10 de octubre y el CNE lo calificó de exitoso. Aunque
destacaron la alta participación de los votantes, observadores nacionales denunciaron actividades
masivas de campaña tanto del oficialismo como de la oposición, y el uso de recursos del Estado
por parte de activistas del PSUV, como, por ejemplo, la utilización de buses públicos para
transportar votantes o la distribución de bolsas de alimentos del gobierno (bolsas CLAP).
El cronograma electoral de la CNE incluyó 16 auditorías de diferentes etapas del proceso electoral,
desde el registro electoral y el sistema automatizado de votación hasta la configuración de las
máquinas de votación antes de su despliegue a los estados. En la mayoría de estas auditorías
estuvieron presentes representantes de los partidos políticos, así como observadores nacionales, lo
que constituyó una importante medida de transparencia.
Muchas de las operaciones electorales en Venezuela están automatizadas, desde el registro
electoral y la inscripción de candidatos hasta el escrutinio y la transmisión de resultados. El CNE
explicó que, debido a la pandemia, reforzaron soluciones automatizadas para la capacitación del
personal electoral y el registro de los testigos de los partidos. El alto nivel de automatización de
casi todos los aspectos del proceso electoral simplifica algunos procedimientos y evita posibles
obstrucciones partidistas a nivel regional y municipal. Al mismo tiempo, el control centralizado
de la inscripción de candidatos, junto con la no divulgación de información detallada sobre las
diferentes fases de la postulación, restó transparencia a todo el proceso.
Las máquinas de votación utilizadas en estas elecciones fueron adquiridas en 2020 y utilizadas por
primera vez en las elecciones a la Asamblea Nacional de 2020. Expertos académicos de
universidades venezolanas realizaron una auditoría exhaustiva del sistema automatizado de
votación en junio y julio. La auditoría incluyó la configuración de las máquinas de votación, el
sistema de totalización, el hardware y el dispositivo de identificación biométrica de los votantes,
y la base de datos de huellas dactilares. La evaluación general de los expertos fue positiva y su
informe final declaró que el sistema presentaba suficientes garantías para proteger la integridad
del voto. Aunque la mayoría de los interlocutores de los partidos políticos y de la sociedad civil
expresaron su confianza en el sistema de votación, también señalaron la creencia popular
generalizada de que el sistema no protege el secreto del voto y de que las autoridades pueden
verificar la elección de los votantes.
La capacitación de los miembros de mesa se llevó a cabo principalmente a través de sesiones de
formación en línea. En áreas con poca cobertura de Internet, el CNE organizó capacitaciones
presenciales. Hasta el 18 de noviembre, el CNE había formado a más de 90.318 miembros de mesa,
número necesario para las 30.106 mesas. Un total de 50.756 miembros de mesas que habían sido
seleccionados por sorteo público recibieron formación y otros 43.516 participaron en las sesiones
de capacitación de forma voluntaria.
Las actividades de educación cívica y electoral del CNE fueron insuficientes. El monitoreo de
medios de la MOE UE identificó tres spots institucionales de educación electoral del CNE. Estos
anuncios tuvieron una duración de treinta segundos o un minuto y se emitieron una media de tres
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veces al día. Además, se desplegaron mil máquinas de votación en todo el país para familiarizar a
los votantes con los procedimientos de votación y el diseño de la boleta electrónica. La MOE UE
observó que la información proporcionada a los ciudadanos fue superficial y que la opción del
voto cruzado no se explicó a menos que una persona lo pidiera específicamente. Además, la MOE
UE observó en 13 estados que los ciudadanos tenían que entregar el comprobante al personal del
CNE después de probar la máquina de votación lo que podría suponer una violación del secreto
del voto. Si bien los rectores del CNE compartieron contenidos relacionados con las elecciones en
sus cuentas personales en las redes sociales, no hubo una campaña institucional amplia de
educación al votante, especialmente en lo que respecta al secreto del voto.
Dos días antes del día de las elecciones, se instalaron las máquinas de votación en los centros de
votación. La MOE UE observó este proceso en 38 centros de votación de 22 entidades estatales.
El coordinador de centro, junto con los testigos de los partidos, quienes ocuparon puestos de
miembros de mesa, fueron quienes condujeron el proceso. La MOE UE observó problemas
técnicos en una sola máquina de votación, que se resolvieron tras una llamada al centro de soporte
del CNE. Los observadores calificaron el proceso de bueno o muy bueno en 31 de las 38 mesas.
Según el CNE, el 99 por ciento de las máquinas de votación quedaron instaladas al final del día.
Registro electoral
La Comisión de Registro Civil y Electoral (CRCE) del CNE administra el registro electoral
permanente. La última auditoría integral del registro se remonta a 2005. Del 1 de junio al 15 de
julio, el CNE realizó una jornada de actualización del registro electoral. El CNE desplegó mil
dispositivos biométricos en todo el país para que los votantes pudieran registrarse o actualizar sus
datos. Al final de este periodo, el CNE contabilizó 394.242 nuevos votantes y 1.024.367 cambios
de dirección. Observadores nacionales consideraron que, si bien el CNE desplegó más puntos
durante un período más largo que en elecciones anteriores, la información proporcionada a los
votantes fue insuficiente. En muchos casos, los agentes mostraron un comportamiento partidista.
Además, según observadores nacionales, el 12 por ciento de los puntos se habían instalado en
edificios gubernamentales o en zonas controladas por el partido gobernante3
, mientras que el 14
por ciento de los puntos no estaban instalados en el lugar anunciado oficialmente4
.
Los ciudadanos que tienen dieciocho años el día de las elecciones y no están sujetos a
inhabilitación tienen derecho a votar. En elecciones regionales y municipales también tienen
derecho a votar los extranjeros que lleven más de diez años residiendo en el país. El CNE publicó
el registro electoral preliminar el 25 de julio, seguido de dos semanas para realizar modificaciones.
El 26 de agosto se publicó el registro electoral definitivo, que contenía 21.267.813 votantes (un
aumento del 0,5 por ciento desde las elecciones de 2020). De ellos, 21.159.846 estaban habilitados
para votar, incluidos 229.859 extranjeros residentes en Venezuela.
El marco legal establece que los candidatos deben residir en el municipio o estado en el que se
presentan a las elecciones5
. Para cumplir con esta disposición, el CNE decidió transferir candidatos
a centros de votación del municipio o estado en el que se presentaron a las elecciones, en los casos
en que no estuvieran ya registrados allí. Como consecuencia, se transfirieron 12.000 candidatos.
3 Súmate: Informe Preliminar Observación de la Jornada de Inscripción y Actualización del Registro Electoral.
4 Red Electoral Ciudadana: Registro Electoral. Oportunidad ciudadana de decidir.
5 RGLOPRE, artículo 113; Ley Orgánica del Poder Público Municipal, artículos 85 y 93.
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Varios partidos políticos habían preinscrito sin su permiso a candidatos a las diferentes elecciones
para reservar una plaza electoral y ganar tiempo mientras decidían los candidatos definitivos.
Muchos de estos precandidatos involuntarios se enteraron semanas o incluso días antes del día de
las elecciones de que habían sido trasladados a un centro electoral que no era el suyo, y que a veces
estaba lejos. La MOE UE recibió quejas como esta en 13 estados.
Aunque el CNE estimó que el subregistro fue inferior al 3,4 por ciento de todos los ciudadanos
con derecho a voto (unas 745.000 personas), organizaciones de la sociedad civil consideran que
esta cifra es mucho mayor (entre dos y tres millones). Casi seis millones de venezolanos han
emigrado. Aunque en las elecciones regionales y municipales no hay voto en el exterior, el alto
número de migrantes altera la tasa de participación.
Inscripción de candidatos y partidos políticos
El cronograma electoral estableció tres fases para la inscripción de candidatos. En la fase I (hasta
el 29 de agosto), los apoderados de los partidos políticos pudieron inscribir a los candidatos en
línea. En la fase II (hasta el 22 de septiembre), los apoderados pudieron corregir los datos de
inscripción y sustituir candidatos. La fase III duró hasta el 22 de octubre para cambios en listas y
hasta el 11 de noviembre para cambios nominales. La boleta electrónica no reflejó los cambios
realizados en esta última fase, puesto que la configuración de las máquinas de votación comenzó
en octubre, antes de su despliegue a los estados desde el 27 de octubre.
Después de que el CNE concediera tres prórrogas a petición de los partidos, la fase I terminó el 4
de septiembre. En esa fecha, el número de candidatos registrados había aumentado de 19.428 a
70.244. Los votantes podían consultar la lista de candidatos aprobados en un sitio web diseñado a
tal efecto y en las oficinas regionales del CNE. Sin embargo, el CNE no divulgó las postulaciones
iniciales. Aunque la mayoría de los interlocutores saludaron la ampliación de la fase de inscripción,
que sirvió para aumentar el número de inscritos, otros criticaron la falta de transparencia respecto
a los candidatos rechazados.
En la última fase del proceso de inscripción, los candidatos pudieron retirar su candidatura.
Algunos candidatos de la oposición aprovecharon esta oportunidad para forjar una candidatura
opositora unificada. El 11 de noviembre, el candidato de la MUD a gobernador por el estado de
Miranda retiró su candidatura y pidió el apoyo para el candidato de Fuerza Vecinal. En una
decisión controvertida, basada en el vencimiento del plazo, el CNE rechazó la solicitud de
sustitución del candidato de la MUD, lo que provocó la anulación de los votos emitidos en su
favor.
El CNE rechazó 27 candidaturas por inhabilitación política de la Contraloría General. Entre ellas,
14 afectaron al Partido Comunista de Venezuela (PCV). El PCV alegó que las inhabilitaciones no
estaban precedidas de ninguna investigación o decisión legal.
Entorno de la campaña
La campaña electoral está regulada por la Constitución, la LOPRE y un reglamento específico para
las elecciones autonómicas y municipales de 2021. La campaña oficial comenzó el 28 de octubre
y se prolongó hasta el 18 de noviembre. En general, la campaña comenzó a pleno rendimiento,
especialmente en las principales ciudades de todos los estados. Se respetó la libertad de reunión.
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Sin embargo, interlocutores de partidos de oposición de la MOE UE denunciaron el acceso
desigual al combustible como un factor que limitó su libertad de movimientos, algo que fue
confirmado por organizaciones de la sociedad civil.
Incluso antes de su inicio oficial, observadores nacionales fueron testigos de actividades de
campaña, por ejemplo, a lo largo del registro de votantes de junio y julio y el simulacro del 10 de
octubre. Además, hubo informes sobre campaña del gobierno en actos públicos de naturaleza no
electoral, como las jornadas de vacunación.
La MOE UE asistió a 120 actos de campaña en 22 estados y el distrito capital. El ambiente fue
tranquilo y pacífico, sin incidentes ni situaciones de gran tensión. Mientras que los partidos y
coaliciones de la oposición declararon que su campaña se vio limitada por la falta de recursos, las
actividades proselitistas del PSUV fueron predominantes en todo el país. Los candidatos del PSUV
pudieron contar con una amplia red de activistas para movilizar a los votantes dentro de las
comunidades. Las actividades de campaña más comunes de la oposición fueron caminatas, visitas
puerta a puerta y pequeños encuentros en barrios, mientras que el PSUV organizó mítines a gran
escala. La participación media en los mítines del PSUV fue más de tres veces superior a la de los
actos de campaña de la oposición.
La campaña electoral fue vibrante en Facebook, Twitter e Instagram, excepto en algunos estados
donde el acceso a Internet es difícil, como Apure, Trujillo o Delta Amacuro. La mayoría de los
candidatos utilizaron WhatsApp; algunos dijeron manejar docenas de grupos de WhatsApp para
hacer campaña, o que utilizaron grupos de WhatsApp preexistentes. Un reglamento de campaña
del CNE permitió a los partidos y candidatos enviar a los votantes un SMS al día como máximo.
6
Este límite no se aplicó a WhatsApp o Telegram.
La MOE UE observó el uso de recursos del Estado en el 30 por ciento de los actos de campaña del
PSUV y en el 2,5 por ciento de los actos de la oposición. También observó en el 23 por ciento de
los actos del PSUV que se presionó a los ciudadanos para que asistieran, mientras que esto solo se
vio en el 2,5 por ciento de los actos de la oposición. La policía estuvo presente en más de la mitad
de los actos de campaña del PSUV observados y en el 17 por ciento de los actos de la oposición.
Los mensajes de campaña se centraron en el desarrollo local, y en la mejora y la provisión de los
servicios. La mayoría de los partidos pequeños no tuvieron actividades de campaña visibles.
Las leyes nacionales prohíben a los funcionarios públicos utilizar los recursos del Estado para
favorecer a los partidos o intereses políticos7
. La MOE UE reportó el uso de recursos del Estado
en 20 de 24 entidades estatales; en 20 estados estos estuvieron vinculados al PSUV, y en un estado
respectivamente a la MUD y a la Alianza Democrática. Se observó la participación de funcionarios
públicos en actos de campaña en 16 estados, la distribución de bolsas de alimentos por parte del
gobierno, así como de bienes como bombonas de gas, plantas eléctricas o bombas de agua en nueve
estados. También se utilizaron las vacunaciones con fines de campaña en tres estados. Los
observadores de la UE informaron del uso generalizado de vehículos públicos para los mítines del
PSUV.
6
Resolución 211018-0083 de la CNE a partir de octubre de 2021.
7
Constitución venezolana, artículo 145; Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público, artículo 12; LOPRE, artículo 75;
y RGLOPRE, artículos 221 y 257.
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El CNE contrató y capacitó a 2.000 fiscales para vigilar y documentar las violaciones de las normas
de campaña. El CNE anunció la apertura de procedimientos administrativos contra seis candidatos
y tres partidos políticos por violaciones de las normas sobre propaganda política. Los candidatos
y partidos afectados habían sido advertidos previamente, pero como no adoptaron las correcciones
solicitadas, el CNE tomó medidas cautelares y suspendió la emisión de los anuncios en cuestión8
.
La Constitución y la LOPE establecen el poder sancionador del CNE en materia de financiación y
publicidad de las campañas. La LOPRE y el RGLOPRE definen además las sanciones para una
serie de delitos electorales, como la obstrucción de las elecciones, la destrucción de material de
campaña o la violación de las normas de campaña por parte de los medios de comunicación
públicos y privados. Sin embargo, existe una laguna en el marco legal en lo que respecta a la
campaña electoral realizada por los partidos políticos, así como a los delitos electorales cometidos
por funcionarios públicos. En la práctica, el CNE no sancionó las violaciones a las normas de
campaña y el uso de recursos del Estado.
Medios de comunicación
La Constitución garantiza la libertad de expresión, y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión establece las protecciones y obligaciones de los medios de comunicación. Los medios
de comunicación estatales dominan el panorama de los medios tradicionales en Venezuela. Estos
han visto reforzada su gestión y financiación desde la creación en 2006 del Sistema Bolivariano
de Comunicación e Información, dependiente del Ministerio de Información. Al mismo tiempo,
las dificultades técnicas y políticas a las que se enfrentan los medios de comunicación
independientes restringen aún más el pluralismo mediático. Los cierres administrativos, las
incautaciones de equipos y el miedo a represalias, junto con la falta de ingresos publicitarios y la
escasez de papel, han contribuido al empobrecimiento de los medios de comunicación privados.
Algunos medios de comunicación privados, antes críticos con el gobierno, han cambiado de
propietario, y su actual línea editorial está ahora en línea con el gobierno.
Algunas leyes ponen en peligro la libertad de los medios de comunicación. El organismo regulador
de las comunicaciones (CONATEL) puede sancionar directamente a los medios de comunicación
mediante exhortos, que suelen comunicarse por teléfono o en persona. Los exhortos no requieren
de una verificación judicial de la infracción y pueden suponer la retirada de licencias o la
suspensión de emisiones. Además, la polémica Ley de Transparencia y Acceso a la Información
de Interés Público de 2021 no cumple con los estándares internacionales en materia de libertad de
prensa, ya que exige justificar las solicitudes de información. Además, desde 2019 CONATEL
bloquea los canales de noticias internacionales de la televisión de pago.
El seguimiento de los medios de comunicación de la MOE UE incluyó una muestra de cuatro
emisoras de televisión y cuatro de radio que emiten en todo el país9
. La mayor parte de la cobertura
monitoreada comprende contenidos noticiosos, tertulias políticas y cobertura de eventos
gubernamentales. La publicidad pagada (11 por ciento) y la educación de los votantes (2 por
8 LOPRE, artículo 75, RGLOPRE artículos 204 y 221, CNE resolución número 211018-0083.
9 Venezolana de Televisión (VTV), Venevisión, Televén, Globovisión, Radio Nacional de Venezuela, Actualidad Unión Radio, Radio Miraflores y
Éxitos.
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ciento) por parte del CNE constituyen una octava parte de la cobertura monitoreada. No hubo
debates electorales durante las horas monitoreadas.
Según el monitoreo de la MOE UE, la cobertura de los candidatos del partido gobernante en la
televisión estatal (VTV) fue desproporcionada, representando más de la mitad de todas las
menciones y apariciones de candidatos en ese canal. A los candidatos de la Alianza Democrática
(AD) le correspondió el 28 por ciento de las noticias y contenidos editoriales en VTV. Los
candidatos de la MUD estuvieron casi ausentes de la televisión estatal, y su cobertura mínima fue
negativa. Los candidatos del PSUV también tuvieron una presencia significativa en dos de los tres
canales de televisión privados monitoreados (Televén y Venevisión), seguidos por Alianza
Democrática y la MUD. La mayor parte de la cobertura editorial del canal privado Globovisión
favoreció a la Alianza Democrática, seguida por el PSUV y la MUD. A los candidatos
independientes y a la coalición Alternativa Popular Revolucionaria (APR) les correspondió una
pequeña proporción de noticias y cobertura editorial en todos los canales monitoreados por la MOE
UE, públicos y privados.
Los observadores de la UE informaron de que los candidatos de los distintos partidos no tuvieron
acceso a los medios de comunicación estatales en 15 estados. Esto afectó sobre todo a la MUD (en
13 estados) y a Alianza Democrática (en nueve estados). Interlocutores de los medios de
comunicación en 21 estados dijeron practicar la autocensura, y en 13 estados se obtuvo
información sobre presiones para que cambiasen su línea editorial o su programación. Sin
embargo, responsables de prensa de partidos de la oposición contaron a la MOE UE que fueron
invitados por la televisión del Estado a enviar materiales para su emisión o a participar en
programas de televisión.
El vicepresidente del PSUV es el presentador del programa Con el Mazo Dando, de VTV, que se
emite por cuatro canales de televisión y diez emisoras de radio, en el que con frecuencia dirige
encendidas críticas a los opositores del gobierno. Durante esta campaña, atacó duramente al rector
del CNE Roberto Picón, quien había denunciado el uso de las cuentas institucionales en las redes
sociales para favorecer a los candidatos del partido de gobierno. El CNE nunca tuvo una reacción
institucional a estos ataques.
En cuanto a la publicidad pagada, el monitoreo de la MOE UE no identificó ninguna violación de
los límites diarios establecidos por ley. Salvo en la radio privada, el PSUV y sus aliados son los
partidos con más anuncios pagados en los medios monitoreados, seguidos de cerca por Alianza
Democrática. En los dos últimos días de campaña se produjo un aumento significativo de la
publicidad pagada por estas dos candidaturas. En la televisión y la radio privadas, Fuerza Vecinal
tuvo una cuota muy grande de anuncios. No hubo anuncios de la MUD en ninguna televisión o
radio estatal.
La MOE UE no identificó ninguna transmisión obligatoria de mensajes gubernamentales
(cadenas), frecuente en campañas pasadas o incluso en períodos no electorales. Sin embargo, los
medios de comunicación estatales transmitieron conjuntamente las apariciones públicas de los
candidatos del PSUV. Los partidos de la oposición se quejaron de que los medios audiovisuales,
tanto privados como estatales, retransmitieron todos los actos del presidente venezolano o de altos
cargos.
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Medios de comunicación social
La mitad de los venezolanos (unos 14 millones de personas) son usuarios de las redes sociales.
Internet ha aumentado su relevancia en los últimos años tras la pérdida de la confianza en los
medios de comunicación tradicionales, algunos de los cuales están sujetos al control del gobierno.
La falta de papel hizo que muchos periódicos pasaran a existir solo en su versión digital, lo que
aumentó la importancia de los medios en línea.
Organizaciones de la sociedad civil describen la llamada Ley contra el Odio, aprobada por la
Asamblea Nacional Constituyente en noviembre de 2017, como la principal amenaza a la libertad
de expresión en línea. La ley prevé duras penas de 10 a 20 años de prisión para quien públicamente
“fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia”. La ley no define estos
términos, dejando un amplio margen de interpretación y limitando la seguridad jurídica.
Los medios de comunicación en línea están sujetos a repetidos bloqueos selectivos de Internet que
hacen que sus tareas informativas sean complicadas y costosas. Según el seguimiento realizado
por la MOE UE, mientras que los sitios web de noticias alineados con el gobierno, como la Agencia
Venezolana de Noticias o Últimas Noticias, estuvieron constantemente accesibles en todos los
estados a través de cualquier proveedor de servicios de Internet, los sitios web de medios online
independientes como El Pitazo o Armando.info fueron de muy difícil o imposible acceso en 16 de
los 23 estados.
Organizaciones de la sociedad civil han documentado que la campaña electoral en las redes
sociales comenzó al menos dos meses antes de la fecha oficial. Candidatos de todos los partidos
políticos divulgaron fotos y vídeos de marchas en las redes sociales, violando la prohibición legal
de hacer campaña fuera del plazo establecido por el CNE10. Además, las cuentas en redes sociales
de varias instituciones y funcionarios públicos compartieron propaganda política del PSUV, a
menudo con el hashtag de campaña #VenezuelaTieneConQué.
Algunas instituciones y funcionarios públicos siguieron utilizando ya en campaña sus cuentas
oficiales en redes sociales para apoyar al partido gobernante. Por ejemplo, en la primera semana
de campaña, el Instituto Venezolano de Seguridad Social, el Ministerio de Educación y entidades
vinculadas a estos, tuitearon repetidamente en apoyo de los candidatos del PSUV.
Participación de las mujeres
Aunque no existen barreras legales para la participación de las mujeres en las elecciones, y a pesar
de una instrucción del CNE sobre la paridad en las candidaturas para estas elecciones, el acceso
efectivo de las mujeres al derecho de representación política y participación electoral sólo se
cumplió parcialmente. El único partido político que compitió en estas elecciones con una política
y una estructura proactiva para el empoderamiento y la capacitación de las mujeres fue Un Nuevo
Tiempo11
.
10 LOPRE, artículo 63.
11 Según Nuevo Tiempo, presentaron un 65% de candidatas.
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La instrucción del CNE sobre la paridad de las candidaturas para estas elecciones exigió entre un
40 por ciento y un 50 por ciento de candidaturas de cada sexo, y dio como resultado un porcentaje
global de 49,44 candidaturas femeninas al final de la fase de inscripción inicial. Sin embargo, los
partidos políticos pudieron sustituir candidatos hasta 10 días antes del día de las elecciones. La
instrucción logró garantizar la proporción requerida de candidatas para los consejos legislativos
municipales y estadales. En el caso de los gobernadores y alcaldes, los partidos políticos aplicaron
la paridad sólo de forma vertical (nominando a hombres como candidatos titulares y a mujeres
como candidatas suplentes), y no de forma horizontal (respetando la paridad sus candidaturas a lo
largo de todas las entidades estatales).
Participación de personas con discapacidad (PcD)
Aunque las personas con discapacidad tienen pleno acceso al derecho al voto y a ser elegidas, y a
pesar de un proyecto piloto del CNE para la inclusión de votantes con discapacidad, siguieron
existiendo limitaciones tanto para los candidatos como para los votantes con discapacidad. Los
prejuicios sociales contra las PcD como titulares de cargos públicos y unas condiciones de
movilidad reducidas contribuyeron a las dificultades de los candidatos con discapacidad para ser
nominados y hacer campaña.
Para promover la participación electoral de las personas con discapacidad, el CNE creó una
comisión especial12 junto con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).
La comisión elaboró un registro de votantes con discapacidad (447.593 personas), elaboró carteles
para los centros electorales con directrices sobre cómo acompañar a las diferentes categorías de
votantes con discapacidad y difundió información específica para los votantes en línea. Además,
los votantes registrados como PcD fueron asignados a la primera mesa electoral de cada centro,
situado en la planta baja. Sin embargo, muchas personas con discapacidad no se registraron como
tales y, por tanto, no se les asignó a esta primera mesa. Otras deficiencias observadas por la MOE
UE fueron la difícil accesibilidad de los edificios públicos y la falta de intérpretes de lengua de
signos en los centros de votación. El voto asistido fue criticado por los representantes de las PcD
por no garantizar el secreto del voto y sigue siendo un compromiso insatifactorio de acuerdo con
estándares internacionales.
Participación de las minorías étnicas
Los 52 pueblos indígenas de Venezuela gozan del derecho a la plena representación política según
la Constitución. Sin embargo, este derecho se ve afectado negativamente por factores
socioeconómicos como la lejanía, la escasa educación, el transporte y las infraestructuras, y el
hecho de que partes de sus zonas ancestrales se vean afectadas por conflictos causados por la
minería ilegal, la destrucción del medio ambiente y grupos armados. El derecho al voto de los
indígenas está contemplado en el marco legal y en las instituciones gubernamentales, pero las falta
de adaptación de las normas legales a las condiciones del contexto comprometen el pleno ejercicio
de la participación electoral. Mientras que los indígenas representan el 53,7 por ciento de la
población en Amazonas, en los siete estados con población indígena restantes13 el porcentaje oscila
entre el 2 y el 25,4 por ciento (censo de 2011). En ausencia de mecanismos especiales, los votantes
indígenas tienen poco peso numérico para alcanzar una representación significativa.
12 Comisión Especial para la Atención Integral de las Personas con Discapacidad
13 Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia
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Los indígenas pudieron participar en las elecciones generales regionales y municipales del 21 de
noviembre. Además, la población indígena que vive permanentemente en sus zonas ancestrales14
pudo participar en la elección de representantes indígenas a los consejos legislativos municipales
y estadales. Estas elecciones indígenas se realizan en dos pasos: en primer lugar, las asambleas
comunitarias indígenas eligieron a 4.334 voceros en julio y agosto de 2021, según las respectivas
costumbres de los pueblos indígenas, siendo una de las opciones el voto abierto. En un segundo
paso, el 26 de noviembre, los 4.334 delegados elegirán a los representantes a los consejos
legislativos estadales y municipales en una elección organizada por el CNE. El CNE15 considera
estas elecciones indígenas como un paso intermedio, a la espera de establecer un registro de
votantes indígenas, retrasado por la pandemia del COVID-19. Representantes de organizaciones y
comunidades indígenas criticaron las elecciones de segundo grado por carecer de legitimidad y
por comprometer el derecho constitucional al voto directo y secreto.
Sociedad civil y observación electoral
Un reglamento del CNE establece el marco general para la observación (veeduría) electoral. Este
reglamento limita las actividades de los observadores: estos deben seguir un plan de despliegue
aprobado por el CNE y firmar las auditorías del CNE. Además, no pueden publicar ningún informe
sin la aprobación previa del CNE. En la práctica, los observadores nacionales no manifestaron
ninguna limitación en cuanto a la libertad de movimiento o de expresión.
El CNE concedió inicialmente 600 acreditaciones a cada organización nacional de observadores,
pero algunas negociaron acreditaciones adicionales. Las seis organizaciones nacionales de
observación acreditadas por el CNE para estas elecciones fueron Observatorio Electoral
Venezolano, Red de Observación Electoral de la Asociación Civil Asamblea de Educación,
Proyecto Social, Asociación Venezolana de Juristas, Fundación por un Pueblo Digno y Centro
Internacional de Estudios Superiores. Otras organizaciones de la sociedad civil, como Voto Joven,
el Movimiento Ciudadano Dale Letra y el Observatorio Global de Comunicación y Democracia,
desarrollaron campañas de educación electoral y organizaron eventos en línea para reforzar la
participación ciudadana.
Dos días después de la firma del Acuerdo Administrativo entre el CNE y la UE, el CNE adoptó
una resolución para armonizar este acuerdo con el marco legal existente. La resolución autorizó la
presencia de observadores internacionales “excepcionalmente” para estas elecciones, otorgándoles
la capacidad de observar según su metodología establecida. Organizaciones de la sociedad civil
criticaron esta situación, ya que implica un doble régimen para la observación electoral nacional e
internacional. El CNE declaró haber emitido acreditaciones a 300 observadores internacionales,
entre ellos a observadores del Consejo de Expertos Electorales de América Latina (CEELA) y seis
observadores del Centro Carter. La ONU destacó un panel de expertos electorales compuesto por
tres personas. Angola, Benín, Indonesia, Rusia, Túnez y Turquía desplegaron misiones de
acompañamiento.
Según el cronograma electoral, los partidos y candidatos pudieron inscribir a sus testigos para las
juntas regionales y municipales y las mesas electorales entre el 9 de octubre y el 8 de noviembre.
El CNE anunció la apertura de la plataforma de inscripción en línea el 13 de octubre y amplió la
14 El 37% de toda la población indígena según el censo de 2011
15 Un representante indígena en el consejo legislativo estatal en los ocho estados mencionados y un representante en 69 consejos municipales.
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fase de inscripción del 8 al 19 de noviembre. Según el CNE, para el 11 de noviembre, los partidos
con más testigos registrados eran el PSUV, que los registró en el 99 por ciento de las mesas
electorales; la MUD, en el 66 por ciento; Alianza Democrática, en el 33 por ciento, Primero
Venezuela, en el 17 por ciento; COPEI, en el 16 por ciento, y PCV, en el 13 por ciento.
Votación y recuento
El día de las elecciones, observadores de la UE visitaron 665 centros de votación en los 23 estados
y el distrito capital16. En general, la jornada electoral estuvo marcada por importantes retrasos en
la apertura y el cierre de las mesas, así como por denuncias de coacción a los votantes. El PSUV
estableció puntos rojos para controlar a los votantes en las 24 entidades estatales, a pesar de la
prohibición explícita del CNE. También se observó el abuso del voto asistido en todos los estados
del país, menos en Amazonas. En 16 estados, la MOE UE observó el transporte organizado de
votantes a los centros de votación. En el municipio de San Francisco (Zulia), un votante murió y
otros dos resultaron heridos en un tiroteo frente a un centro de votación.
Los procedimientos de apertura se cumplieron en su mayoría o siempre en 45 de las 61 mesas
electorales observadas (74 por ciento). Sin embargo, sólo en el 10 por ciento se abrió a tiempo o
con hasta 10 minutos de retraso, mientras que en el 30 por ciento se hizo en un lapso de 30 minutos
y en el 26 por ciento después de más de una hora. Los retrasos se debieron principalmente a la
falta de miembros de mesa, a una mala organización y a una capacitación insuficiente. La mitad
de los miembros de las mesas observadas eran sustitutos. En 12 casos, estas sustituciones no se
hicieron de acuerdo con los procedimientos establecidos. Los testigos de la MUD estuvieron
presentes en la apertura de 50 mesas electorales (82 por ciento), los de la coalición Gran Polo
Patriótico en 44 (72 por ciento) y los de Alianza Democrática en 33 (54 por ciento).
En 150 de las 518 mesas electorales (29 por ciento) observadas durante la votación, se reportaron
problemas en torno al centro de votación, principalmente puntos rojos (22 por ciento). Más de la
mitad de los miembros de las mesas observadas correspondió a miembros originalmente elegidos
por sorteo por el CNE (54 por ciento), mientras que en el 46 por ciento restante fueron suplentes.
Los testigos de la coalición Alianza Democrática estuvieron presentes en el 81 por ciento de las
mesas observadas; la MUD, en el 77 por ciento, y el Gran Polo Patriótico, en el 43 por ciento. La
presencia relativamente baja de testigos de la coalición gobernante durante la votación puede
explicarse por el hecho de que muchos de ellos sustituyeron al personal electoral ausente y, por
tanto, actuaron como miembros de mesa. Hubo observadores nacionales en el 11 por ciento de las
mesas observadas.
El cierre de las mesas electorales y la transmisión de los resultados se observó en 51 mesas de las
24 entidades estatales. Sólo en tres mesas (6 por ciento) los votantes hicieron cola para votar a las
18:00 horas, la hora legalmente establecida para el cierre. Sin embargo, 48 de las mesas observadas
(94 por ciento) no cerraron a tiempo. El 31 por ciento cerró con al menos 30 minutos de retraso y
el 43 por ciento cerró más de una hora después de la hora establecida.
16
Datos procesados hasta la medianoche del 21 de noviembre. El número total de mesas electorales pertenecientes a los centros de votación
visitados fue de 1.318. Los observadores asistieron a la apertura en 61 mesas, a la votación en 518, al cierre y a la transmisión de los resultados en
51, y a la verificación ciudadana de los comprobantes en 35 mesas.
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A las 6:20 pm, el presidente Maduro publicó en su cuenta de Twitter un llamado a sus seguidores
a movilizarse para votar. Este llamado fue en contra de la prohibición de que los funcionarios
electos hagan campaña. Además, aunque un archivo de audio asociado al tuit fue aparentemente
grabado alrededor de las 4:00 pm, el tuit fue publicado después de la hora de cierre legal.
En 42 de las mesas observadas (82 por ciento), la máquina de votación transmitió los resultados
sin problemas. En las mesas en las que la máquina no pudo transmitir los resultados, los miembros
de mesa actuaron según los procedimientos establecidos en el 78 por ciento de los casos, mientras
que en el 22 por ciento de las mesas observadas no se siguieron los procedimientos.
El recuento de los comprobantes de papel se consideró bueno o muy bueno en el 77 por ciento de
los centros de votación observados. Sin embargo, en el 26 por ciento de los centros de votación, el
recuento se llevó a cabo en un número de centros de votación inferior al determinado por la CNE,
y en siete mesas no se realizó ningún recuento17
.
