El Gobierno de Venezuela, bajo la presidencia de Nicolás Maduro Moros, ha decretado oficialmente el Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional a partir del 3 de enero de 2026. La medida, oficializada mediante el Decreto N° 5.200 en la Gaceta Oficial N° 6.954 Extraordinario, responde a lo que el Ejecutivo califica como una «agresión armada» por parte de efectivos militares de los Estados Unidos contra el territorio y la población venezolana.
Razones de la Medida
El decreto sostiene que este ataque constituye una violación grave a la soberanía e integridad territorial de la nación y al Derecho Internacional. El Gobierno invocó el derecho a la legítima defensa establecido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para justificar las medidas extraordinarias de seguridad.
Como parte de la declaratoria, que tendrá una vigencia inicial de 90 días, se han ordenado las siguientes acciones:
- Movilización Militar: Se ordena el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el país bajo autoridad presidencial directa.
- Militarización de Servicios: La infraestructura de servicios públicos, así como la industria petrolera y básica, pasan a estar bajo régimen militar.
- Control de Fronteras y Tránsito: El Ejecutivo queda facultado para cerrar fronteras, restringir el libre tránsito de personas y vehículos, y realizar requisiciones de bienes necesarios para la defensa.
- Suspensión de Garantías: Se suspende el derecho a reuniones y manifestaciones públicas.
- Búsqueda y Captura: Se instruye a los cuerpos policiales a capturar a cualquier persona involucrada en la promoción o apoyo del presunto ataque armado.
A pesar de la suspensión de ciertos derechos, el decreto afirma que se mantendrán garantías fundamentales como el derecho a la vida, el debido proceso y la prohibición de la desaparición forzada. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido instruido para notificar estas medidas al Consejo de Seguridad de la ONU y denunciar la agresión ante la comunidad internacional.
El decreto ha sido remitido a la Asamblea Nacional para su aprobación y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para validar su constitucionalidad.
