La dirigente consideró que no solo se está frente a casos de violación de derechos humanos, «que los hay y muy graves», sino que se está ante «una escala superior, la comisión de crímenes de lesa humanidad»
La diputada electa en 2015, defensora de los derechos humanos, y coordinadora del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, aseguró este lunes que la Fiscalía de Venezuela está «pretendiendo eludir la competencia» de la Corte Penal Internacional (CPI), al ordenar ampliar las investigaciones de los homicidios del concejal Fernando Albán, el manifestante Juan Pablo Pernalete y el militar Rafael Acosta Arévalo
En una rueda de prensa del sector opositor que encabeza Juan Guaidó, Solórzano dijo, en respuesta a una declaración del fiscal general, Tarek William Saab, del pasado sábado, que la Justicia venezolana, a la que considera cercana al presidente Nicolás Maduro, solo buscar eludir a la CPI.
«¿Por qué hemos visto que el señor que representa al régimen, el abogado del régimen, Tarek William Saab, emitir las declaraciones (sobre Albán, Pernalete y Acosta Arévalo)? Por una sola razón, no es porque se arrepintieron, no es porque quieren que se haga justicia, están pretendiendo eludir la competencia de la CPI», dijo.
Este sábado, Saab sumó los delitos de «homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga» al de «quebrantamiento de normas de custodia» a los dos funcionarios implicados en la muerte del concejal Albán, quien falleció en prisión en 2018, al caer de un décimo piso.
El fiscal explicó que su despacho solicitó a un tribunal la nulidad de la primera acusación -delito de quebrantamiento de normas de custodia- por «observar violaciones de garantías constitucionales» y que dicha anulación fue acordada, aunque se reactivó en una posterior solicitud del Ministerio Público.
«La causa se retrotrajo hasta la fase de investigación» y, posteriormente, la Fiscalía «solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios implicados en estos hechos (…) por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido», dijo.
El caso del concejal Albán ha sido polémico en Venezuela, porque el Gobierno afirmó que el opositor «se suicidó», una versión que también fue ofrecida en primera instancia por la Fiscalía.
Acerca del caso de Pernalete, quien murió en las protestas de abril de 2017, Saab confirmó que falleció producto de un impacto de bomba lacrimógena y que por ello hay 12 funcionarios imputados.
El fiscal había puesto en duda la causa de la muerte de Pernalete, que fue investigada por su antecesora, Luisa Ortega Díaz.
Sobre el capitán Acosta Arévalo, recordó que «hubo una decisión» del Supremo en octubre de 2020 «que ordenó una nueva investigación sobre circunstancias de su muerte».
Al respecto, reiteró que en octubre pasado hubo una nueva audiencia en que se imputó a dos funcionarios por «homicidio intencional calificado y tortura».
La muerte de Acosta Arévalo despertó la indignación en Venezuela porque, según su defensa y portavoces de la oposición, el militar fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando fue presentado ante un tribunal, no podía mantenerse en pie o hablar.
Acerca de estos casos, Solórzano consideró que no solo se está frente a casos de violación de derechos humanos, «que los hay y muy graves», sino que se está ante «una escala superior, la comisión de crímenes de lesa humanidad».
Según detalló, para hacer esa consideración es necesario que estos tengan «carácter sistemático», tengan como origen una «orden desde la jerarquía del Estado» y se cometan «contra una población específica, en este caso contra quienes levantan la voz», además de «estar establecidos como crímenes en el Estatuto de Roma».
La exparlamentaria calificó esa diferencia como «sutil» pero «fundamental de cara a la competencia de la CPI».
Para la acción de este tribunal internacional, se considera su «complementariedad», lo que «significa que solo actúa cuando en el país de origen no hay posibilidad de hacer justicia y además cuando se demuestra de manera efectiva que esa imposibilidad se debe a que no hay ley que sancione ello o que los organismos de administración de justicia están absolutamente secuestrados».
«Ese es el caso de Venezuela», apostilló antes de agregar que en el país caribeño «no hay posibilidad real de hacer justicia».
Con este contexto, Solórzano detallo que en la CPI van a tomar una decisión acerca de «si continúa o no la investigación (…) para abrir a juicio y poder sancionar a los responsables de los horrendos crímenes de lesa humanidad» o si, «por el contrario, considera que hay justicia en Venezuela».
Por eso, concluyó, Saab «está tratando de evadir la competencia de la CPI haciéndole creer, falsamente, que en Venezuela se está enjuiciando a los responsables de las violaciones de derechos humanos».
