«Desde el poder se ubica a las organizaciones cívicas, de desarrollo, promotoras del bien común como un actor que hay que vigilar, que hay que restringir porque puede tener una capacidad de incidencia que no va en las líneas de sus intereses», subraya la presidenta de Sinergia
¿Son las organizaciones no gubernamentales «desestabilizadoras», como lo han dicho abiertamente voceros de la administración de Nicolás Maduro? La presidenta de Sinergia, Deborah Van Berkel, afirmó que no es la primera vez que escucha esos reproches y sentencia que no se plantean ser competencia del poder.
Durante el programa Con tres puntos, transmitido por el Instagram de contrapunto.com, Van Berkel precisó que prefieren llamarse organizaciones cívicas o de promoción del desarrollo y no ONG: «Organizaciones no gubernamentales suena a una negación y no al sentido propositivo de nuestro papel en la sociedad, que es ser un actor autónomo que busca el bien común, que trabaja por la gente, que trabaja por una agenda del país».
En este contexto «de controversia, de conflicto, donde hay actores que han perdido capacidad de interlocución y de trabajo por la gente, desde el poder se ubica a las organizaciones cívicas, de desarrollo, promotoras del bien común como un actor que hay que vigilar, que hay que restringir porque puede tener una capacidad de incidencia que no va en las líneas de sus intereses», sentencia.
-El oficialismo dice que no son autónomas, que atienden a intereses internacionales.
-Tengo 40 años en el trabajo comunitario y esa historia ha pasado por todos los gobiernos. Todos los actores en el poder ven a los actores autónomos de la sociedad como un factor al que a veces no entienden, no comprenden; otras veces han tenido unas dinámicas de instrumentalizarlas en algún momento en su beneficio y creen que todas actúan de la misma forma. Y porque también tienen resistencia a tener un actor que pueda ser competencia en su acción social.
-¿Cree que el oficialismo los ve como competencia?
-Nosotros no nos planteamos ser competencia del poder porque no aspiramos al poder político. Nosotros aspiramos al trabajo del poder de transformar la vida positivamente de la gente. Allí puede ver actores que vean esa competencia cuando le generas a la comunidad capacidades para tener la posibilidad de desarrollarse por sí misma. Para que la gente encuentre la forma de sustentarse por vía propia. Cuando trabajas dando ese aporte a una sociedad, un acto que quiere dominar a una sociedad puede ver allí una competencia. Pero no es el propósito nuestro.
Van Berkel precisa que la autonomía «pasa por la sostenibilidad económica de las organizaciones y de su misión». Reitera que las organizaciones con las cuales trabaja «hemos desarrollado unos códigos de ética y de funcionamiento, porque los primeros interesados en que nuestro sector, nuestras organizaciones tengan una acción transparente y de clara rendición de cuentas a la sociedad somos nosotros». Esa dinámica «es propia de las organizaciones con las que nosotros trabajamos».
Pero «hay una visión de querer romper esa autonomía por la vía del financiamiento», alerta. El financiamiento internacional de las organizaciones no es un hecho nuevo, «siempre ha habido cooperación». Incluso, sostiene que las organizaciones de la sociedad civil «somos de las que menos han recibido apoyo de la comunidad internacional» porque se veía a Venezuela como un país rico. Eso cambió con la emergencia humanitaria.
Aseveró que buscan mantener «el perfil público de transparencia» para que las comunidades tengan confianza en lo que hacen.
–¿Ha habido opacidad?
-Para nada. La cooperación que viene de afuera está supeditada a controles internacionales muy fuertes. Cuando tenemos un apoyo del fondo de la UE para el desarrollo o para la acción humanitaria esos fondos son ajustados a unos patrones de transparencia y seguimiento que son muy fuertes. Muchas organizaciones pequeñas de la sociedad civil no pueden llegar a esos fondos porque algunas no tienen ni siquiera la capacidad administrativa para presentar las propuestas. Y esa es una tarea nuestra: fortalecerlas para que puedan llegar a unos procesos que son de concurso abierto. Tienen que llevar el proyecto, tiene que ser evaluado, tiene que ser revisado y te comprometes a una rendición de cuentas exhaustiva porque son recursos públicos de ciudadanos de otros países que trabajan con base en la solidaridad.
-¿Son auditables?
-Para entrar en Sinergia debes tener tres años de actuación, formalizada tu inscripción legal. Debes tener rendición de cuentas y auditorías externas.
-¿Las organizaciones pasarían cualquier examen en nuestro país?
-Te puedo decir de las que yo conozco, que están abiertas y siempre han sido abiertas. Y hay muchas que no reciben cooperación internacional, y eso también hay que decirlo. Muchas organizaciones de la sociedad civil trabajan con formatos de voluntariado. O con formatos en los que se hace es un aporte voluntario de miembros o personas que quieran apoyar una causa específica, y eso se refiere a compra de algunos insumos o de materiales para ayudar a una comunidad, pero no está supeditado a un convenio de cooperación ni al apoyo de ninguna institución. También hay una fuente de financiamiento, que aquí se ha debilitado mucho, y es el mundo de la responsabilidad social empresarial: las empresas que han apostado por la nutrición de los niños, por comedores comunitarios; que han apoyado cursos para que las mujeres desarrollen emprendimientos. Hay un tejido social entre las organizaciones cívicas, los actores del sector privado, las academias que apoyan con estudio, con investigación con capacitación. Y todo ese tejido ha estado siempre en Venezuela funcionando por el bien común.
-¿Tienen temor de ser encarcelados? ¿Perseguidos?
-Temor, no. Estamos enfrentando esa realidad. Tenemos compañeros presos en este momento. Azul Positivo, por ejemplo. Hay personas en investigación, que han sido sometidas a procesos de allanamiento de sus sedes; compañeros o colegas que han sido objeto de criminalización a priori por vía de los medios de comunicación del país, señalándolos de una forma que no permite una debida defensa de la persona. Hay un patrón, que las organizaciones de derechos humanos lo han registrado, que busca limitar lo que en el mundo internacional de las organizaciones de desarrollo llamamos «el espacio habilitante».
