“Una ley nacida nula no se corrige con una reforma parcial: se anula o se deroga”, afirmó José Francisco Contreras, secretario nacional del partido Derecha Democrática Popular (DDP), al fijar posición ante la solicitud de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
Recordó que el 3 de marzo de 2026 consignó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una acción popular de nulidad por inconstitucionalidad contra esa ley.
“Han transcurrido casi siete meses de silencio cómplice de la Sala frente a una ley que solo ha servido para encarcelar a la disidencia, a pesar de que el escrito pidió sentencia sin relación ni informes por tratarse de un asunto de mero derecho”.
Contreras agregó que la demanda interpuesta contra el referido marco legal sostiene su inconstitucionalidad, tomando en consideración que la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 no fue convocada por el pueblo como exige el artículo 347 de la Constitución, y usurpó la función legislativa que los artículos 186, 187 y 202 reservan a la Asamblea Nacional; asimismo, lesiona los derechos fundamentales a la libertad de expresión (art. 57), la participación política (art. 62), el sufragio (art. 63) y la manifestación pacífica (art. 68). Su artículo 11 permite incluso revocar la inscripción de partidos políticos.
“Solo se reforma lo que es válido. Reformar la Ley contra el Odio sería convalidar la usurpación de la Constituyente y dejar en pie su estructura represiva con otro maquillaje”, agregó.
En este sentido, exigió a la Sala Constitucional decidir la acción de nulidad pendiente desde el 3 de marzo de 2026, al tiempo que instó a la Asamblea Nacional a derogar la Ley contra el Odio, mediante el procedimiento constitucional de formación de las leyes y con consulta pública, así como a revisar de inmediato todas las causas abiertas con base en esta ley y a que se libere a quienes estén privados de libertad por ella, en aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable.
“Venezuela no necesita una ley contra el odio más amable. Necesita que se restituyan la Constitución y la libertad de expresión”, concluyó.
