El diputado a la Asamblea Nacional, David Uzcátegui, dirigió una exigencia formal a la presidenta Delcy Rodríguez para que el plan de desmantelamiento de puntos de control no se limite a las zonas urbanas, sino que se extienda de manera inmediata a todas las carreteras, troncales, regiones agrícolas y arterias viales de Los Andes, Los Llanos, el Oriente y el Occidente del país.
Uzcátegui enfatizó que el clamor popular exige el fin definitivo de estos puntos de control, los cuales califica como focos de arbitrariedad y trabas al desarrollo productivo.pol
«Presidenta Delcy Rodríguez, no solamente hay que eliminar las alcabalas en las ciudades sino en todo el territorio nacional. En las carreteras, troncales, en los Llanos, en Los Andes, en el Oriente y en el Occidente; en todos lados es necesario eliminar las alcabalas que se han prestado en muchos casos para la matraca y la extorsión», afirmó el parlamentario.
El representante legislativo recordó la innumerable cantidad de intervenciones y solicitudes que ha presentado ante el Parlamento para el cese de estas estructuras. Hizo especial énfasis en las acciones emprendidas el pasado 4 de junio y en la posterior consignación formal, el 8 de junio de 2026, del documento denominado «Petitorio Cierres Alcabalas» ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
En dicho petitorio, Uzcátegui expuso los argumentos técnicos, jurídicos y económicos que sustentan la urgencia de erradicar los puntos de control fijos en todo el país:
– Vulneración del libre tránsito y debido proceso: Recordó que el artículo 50 de la Constitución garantiza la libre circulación, mientras que el artículo 49 establece la presunción de inocencia, principios violados por el sometimiento sistemático a requisas corporales y vehiculares sin orden judicial ni indicios de delito.
– Afectación severa a los productores y retrasos logísticos: Alertó que los transportistas de carga pesada y agropecuaria sufren retrasos de entre un 30% y un 50% en los tiempos de traslado, provocando mermas directas en alimentos perecederos por interrupción de la cadena de frío.
– Efecto inflacionario: Señaló que los costos extraordinarios generados por el retraso, el desgaste de combustible en colas forzadas y los cobros irregulares en la vía se trasladan al precio final de los alimentos, afectando directamente el bolsillo del consumidor.
– Inoperancia tecnológica: Sostuvo que la seguridad del siglo XXI no se garantiza con conos de plástico o barreras improvisadas, sino con corredores inteligentes, cámaras de reconocimiento de placas y patrullaje móvil.
«El libre tránsito no es un capricho, es el motor de toda una economía viva. Las alcabalas fijas se convirtieron en un modelo totalmente obsoleto. La seguridad de una nación no se mide por cuántos conos pones en la vía para trancar el tráfico, se mide con tecnología, con patrullaje inteligente y con la confianza entre el ciudadano y la autoridad», sostuvo Uzcátegui.
El diputado ratificó las solicitudes contenidas en su documento institucional, entre las que destaca la emisión de un acuerdo parlamentario para exhortar al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a proceder con el cierre de todo punto de control no autorizado. Asimismo, propuso la creación de una Comisión Mixta de Investigación para auditar el número real de retenes en las autopistas y recibir las denuncias de los gremios productivos.
Uzcátegui concluyó reiterando su compromiso con la liberación total de las carreteras para garantizar la libre circulación de bienes y la tranquilidad de los ciudadanos en todo el mapa nacional.
