Los observadores de corto y largo plazo no fueron «mirones de palo». El informe presentado el martes 23 de noviembre por la jefa de la misión, Isabel Santos, debería marcar la pauta para eventos electorales futuros
La crisis venezolana no es un viaje de ida y vuelta, pero cuando los observadores de largo plazo de la Unión Europea (UE) salieron de Caracas, lo hicieron en camionetas equipadas con bidones de gasolina para, al menos, garantizar la ida. No era el único elemento extra de sus trayectos. También se marcharon con un credo claro de su misión: ver, escuchar y callar. Con ese mismo credo regresaron, y el pasado martes 23 de noviembre la jefa del equipo, Isabel Santos, presentó su informe preliminar. Efectivamente observaron, oyeron y guardaron silencio durante sus recorridos, y dejaron que el texto retratara la realidad del país. Las consecuencias están por verse en los próximos meses.
Ya el día 28 de octubre, Santos demostró que no sería una «mirona de palo». No solo departió con los observadores antes de que abordaran las camionetas, sino que dio detalles sobre lo que sí harían y lo que no.
Después, los observadores de largo plazo tomaron su camino hacia una tarea que, sin duda, marca un antes y un después en la Venezuela reciente. La UE tenía más de 15 años sin participar en comicios en el país. Las normas nacionales, que convirtieron la observación en acompañamiento, fueron dejadas de lado para que el CNE pudiera firmar el convenio con la UE. Un paso nada desdeñable, producto de una negociación.
Thomas Leszke, observador destacado en Lara, lo confirmó antes de partir hacia Barquisimeto ese 28 de octubre antes del mediodía. Durante cuatro días recibieron un entrenamiento sobre la metodología, la situación del país, las tareas a desarrollar. «También la logística, porque aquí moverse es diferente a otros países».
Si algo les parecía interesante, lo anotaban, porque entendían que su trabajo era un aporte para venideros procesos electorales, como lo resaltó Leszke. «Es importante anotar que nosotros no garantizamos nada. Estamos acá para, ojalá, dar un poco más de transparencia el proceso electoral. La información que nosotros juntamos, analizamos y después publicamos, ojalá sea útil para la población venezolana, para entenderse más», afirmó.
A pesar de las acusaciones por parte de algunos dirigentes del oficialismo, Leszke reiteró que estaban para escuchar «a todos los partidos; no puede ser que solamente hablemos con un partido, y ya. Hablamos con todos los partidos para saber la opinión desde cada perspectiva que está representada en el país». Eso incluyó ver los eventos de campaña «con nuestros propios ojos» y encuentros con candidatos, CNE y otros actores.
Si algo queda claro del informe preliminar es que, por mucha discreción que haya imperado en los observadores, por más apego a la no injerencia, hay situaciones que hablan por sí solas. Ya observadores como Leszke habían confirmado a los medios de comunicación que, de haber un incidente, poco podrían hacer. «No nos corresponde intervenir, ni siquiera publicarlo en ese momento. Hasta el día electoral nosotros nos quedamos calladitos y solamente observamos».
-¿Es sobre todo un apoyo para próximos eventos?
-Así es. Sí. Mi esperanza es que nuestra presencia contribuya un poco a la confianza que tenga la población venezolana en el proceso electoral. También espero que nuestro informe final pueda proveer más transparencia en retrospectiva para entender si las elecciones pasadas fueron libres según las condiciones democráticas; pero también con recomendaciones que se podrían implementar para las siguientes elecciones.
Isabel Santos no respondió a los funcionarios venezolanos que aludieron a ella. En todo momento, reiteró que hablaría el 23 de noviembre. Es decir, el informe hablaría por todo el equipo que dirigió. Pero sí insistió en que no hubo, no habría, injerencia.
El escrito presentado por Santos ratifica problemas ya denunciados, desvela obstáculos nuevos y adelanta algunas de las cosas que no deberían repetirse en las próximas elecciones. Estas son cinco de las señaladas por la UE:
-Revisar el esquema de inhabilitaciones. «El marco jurídico electoral venezolano cumple con la mayoría de estándares electorales internacionales básicos. Sin embargo, algunas leyes, en particular la ley de 2002 que permite al Contralor General suspender el derecho fundamental de los candidatos a participar en las elecciones mediante un procedimiento administrativo, la falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones y a la equidad, y transparencia de las elecciones. En estas elecciones, la suspensión del derecho de los candidatos afectó principalmente al Partido Comunista de Venezuela (PCV) y a los partidos disidentes de la coalición gobernante. Además, las leyes sobre medios de comunicación, incluida la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), y las disposiciones legales discrecionales sobre el discurso de odio limitaron la libertad de expresión y el derecho a la información», reza el informe.
– Se necesita más información electoral por parte del CNE. «Las actividades de educación cívica y electoral fueron insuficientes y podrían haberse centrado más en el secreto del voto y en cómo cruzar el voto».
-Campaña en igualdad de condiciones. «El acceso privilegiado al combustible, así como el amplio uso de recursos del Estado, la entrega de bienes, como paquetes de alimentos, bombonas de gas o bombas de agua, afectaron a la igualdad de condiciones. La campaña del partido gobernante fue predominante en todo el país, y contó con una base movilizada y en algunos casos con la participación de funcionarios públicos».
-Todos los candidatos y partidos deben tener igual acceso a los medios de comunicación. «El monitoreo de medios de la MOE UE muestra que la cobertura del partido gobernante fue dominante y desproporcionadamente favorable en la televisión estatal, y muy significativa en las emisoras monitoreadas de radio y televisión privadas».
-Voto sin coacción. «La jornada electoral se vio ensombrecida por importantes retrasos en la apertura y el cierre de las mesas electorales, y por acusaciones de coacción a los votantes. Los observadores de la UE fueron testigos de la instalación de dispositivos de control a los votantes por parte del PSUV (puntos rojos) en los 23 estados y en el Distrito Capital, a pesar de la prohibición explícita del CNE. En todo el país, salvo en el estado de Amazonas, se observó un abuso del voto asistido».
