El Comité de Madres en Defensa de la Verdad emitió un comunicado oficial este martes para alertar sobre una serie de irregularidades en los tribunales con competencia en terrorismo. Según la denuncia, funcionarios judiciales estarían exigiendo insumos de oficina y pagos en divisas a cambio de procesar las boletas de libertad derivadas de la Ley de Amnistía.
La organización civil dirigió su reclamo a la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional y al Programa de Convivencia y Paz, señalando específicamente a los Tribunales Primero, Segundo y Tercero en funciones de Juicio.
El comunicado comienza reconociendo que el proceso administrativo se ha desarrollado con rapidez desde el pasado 24 de febrero. No obstante, el comité lamenta que este avance se haya visto «empañado por una práctica arbitraria».
De acuerdo con el texto, los mencionados tribunales «están exigiendo a nuestras familiares resmas de papel, cajas de bolígrafos y pagos en dólares en efectivo como condición para notificarles y entregarles copia de la decisión que les otorga la libertad plena».
Las madres de los detenidos calificaron estas exigencias como un «atropello» que se suma al desgaste económico y emocional sufrido durante los meses de reclusión de sus familiares. «No puede ser que ahora, cuando finalmente podemos obtener un poco de justicia, nos sometan a este nuevo abuso. La mayoría de nosotras hemos pasado días recolectando dinero solo para costear el traslado a Caracas», subrayó el comité.
El grupo recordó que el acceso a la justicia es un derecho que no debe estar sujeto a transacciones comerciales. Destacaron que la copia de la decisión de amnistía es un documento «indispensable para eliminar antecedentes y registros policiales relacionados con los hechos amnistiados», y que el sistema judicial tiene la obligación de entregarlo sin costo alguno.
«La justicia es un derecho constitucional, no una mercancía. Los tribunales tienen la obligación de entregar la copia de la decisión de amnistía sin costo alguno», sentencia el comunicado del comité.
Ante la gravedad de los hechos, el Comité de Madres instó a las autoridades legislativas y a los entes encargados de la paz nacional a realizar inspecciones inmediatas en las sedes judiciales para constatar la denuncia. Exigieron que se obligue a las autoridades de los tribunales Primero, Segundo y Tercero a cumplir con la ley «sin exigir un pago arbitrario a quienes estamos acudiendo a ejercer un derecho».
Esta denuncia ocurre en una semana crucial para el sistema de justicia, coincidiendo con las recientes críticas de dirigentes excarcelados sobre la transparencia de los procesos institucionales en el país.
