En el marco del debate parlamentario sobre el nuevo instrumento legal propuesto por el Ejecutivo Nacional, sectores legislativos llamaron a un «voto de confianza» para consolidar la paz y el reencuentro entre los venezolanos, fundamentando la iniciativa en la necesidad de superar la intolerancia y el conflicto político.
La propuesta, que surge por iniciativa de la presidenta de la República, busca establecer un marco de respeto y tolerancia en medio de la diversidad ideológica del país. «Una vez más nos convocamos para sanar las heridas, que vayamos gustosamente al reencuentro», se destacó durante la presentación, enfatizando que la medida no debe interpretarse como un acto de sumisión.
El discurso oficial en torno a la ley subrayó que la unidad nacional es un objetivo prioritario que trasciende las posturas partidistas. «Querer unir al país no puede verse jamás como una debilidad», se afirmó, al tiempo que se exhortó a los parlamentarios a comprometerse para evitar la repetición de hechos violentos o llamados a intervenciones externas.
«Comprometámonos seriamente a pedir que nunca más en nuestro país quieran imponerse el extremismo, que nunca más exista en nuestro país, en nuestras calles, hechos de guarimba, de violencia (…) y que jamás vuelva a ocurrir una madrugada espantosa como la del 3 de enero».
La finalidad declarada del instrumento jurídico es consolidar la estabilidad nacional frente a agresiones externas, bajo la premisa de que es el momento de permitir que reine la tolerancia entre todo el pueblo venezolano.
Para contextualizar la medida, se evocaron hitos de la historia venezolana donde el perdón y la tregua política fueron herramientas de Estado. Se recordó el Tratado de Armisticio firmado por Simón Bolívar en 1820, que funcionó como una «amnistía de facto», y el decreto concedido por Hugo Chávez en 2007 a quienes intentaron subvertir el orden constitucional.
«Este es un instrumento jurídico que no es la primera vez que se impone o que se concede en Venezuela», se explicó para validar la viabilidad de la actual propuesta.
La defensa de la ley concluyó con una reflexión sobre el costo humano del conflicto prolongado, instando a los actores políticos a realizar un ejercicio de conciencia para evitar el fracaso de los esfuerzos de paz.
«Si no logramos el encuentro y la concordia entre todos y todas los que vivimos en este país, araríamos en el mar», se advirtió, sentenciando que la ciudadanía, tras atravesar periodos de penuria y dolor, «ciertamente no lo merece». El llamado final fue a actuar con responsabilidad ante el «momento histórico» en favor de la estabilidad nacional.
