El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se presentan este jueves ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para cumplir con la segunda audiencia de su proceso judicial. Ambos enfrentan cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armamento pesado en una causa que ha captado la atención de la comunidad internacional.
El traslado de los acusados desde la prisión de Brooklyn, donde permanecen recluidos, se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Según informó la cadena CNN, Maduro y Flores llegaron a la sede judicial alrededor de las 4:00 hora local (8:00 GMT) en un convoy de tres furgonetas cerradas y sin ventanas, un despliegue que contrasta con su primera comparecencia, en la que fueron trasladados al tribunal en helicóptero.
Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos principales: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, además de un cuarto delito por la posesión de dichas armas. Por su parte, Cilia Flores está acusada de cuatro cargos relacionados con la conspiración para importar sustancias ilícitas y la posesión de armamento.
Cargos y estrategia de la defensa
En su primera intervención ante el juez Alvin Hellerstein, el exmandatario rechazó las acusaciones y se definió bajo un estatus político particular tras su captura por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas el pasado 3 de enero.
«Soy un prisionero de guerra», declaró Maduro tras declararse «no culpable» ante los cargos presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Recientemente, los abogados defensores, Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, presentaron un documento solicitando la desestimación de los cargos. La defensa argumenta que el Gobierno estadounidense incurrió en un «error administrativo» al revocar las licencias que permitían el uso de fondos venezolanos para sufragar los costos legales de la pareja.
La fiscalía ha mantenido una postura firme respecto al manejo de la evidencia. Ha solicitado formalmente al juez que prohíba a los acusados compartir material probatorio con otros coacusados que se encuentran en calidad de prófugos, mencionando específicamente al actual ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.
A las afueras del complejo judicial, el ambiente reflejó la polarización del caso. Mientras decenas de periodistas hacían fila desde temprano para asegurar un lugar en la sala, un grupo de manifestantes se concentró en las inmediaciones para expresar su respaldo al depuesto mandatario.
La sesión de este jueves se perfila como un punto crítico para determinar la viabilidad del financiamiento de la defensa y la protección de los testimonios y pruebas que el Gobierno de los Estados Unidos pretende presentar durante el juicio.
