El gobierno del presidente Alberto Fernández se retiró del Grupo de Lima y también de la demanda presentada en 2018. Esta decisión «contradice la histórica tradición argentina en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo»
Argentina se retiró de la demanda que varios países presentaron en 2018 ante la Corte Penal Internacional (CPI), para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
«El 24 de marzo comunicamos oficialmente nuestra retirada del Grupo de Lima, y como consecuencia de eso el 25 de marzo nos bajamos de una denuncia que habíamos hecho como Grupo de Lima, porque ya no pertenecemos a él», explicaron a Efe fuentes de la Cancillería.
El «canciller» de Juan Guaidó, Julio Borges, expresó su preocupación por la decisión de Argentina, ya que «contradice la histórica tradición argentina en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo».
Argentina, añadió Borges, «es un país que conoce de primera mano lo que significa un régimen que desconoce la aplicación de los derechos humanos, así como la necesaria búsqueda de la justicia internacional para juzgar a los responsables de estas prácticas. En su momento, los ciudadanos venezolanos, y más aún las víctimas de un Estado represor, sentimos esperanza por la iniciativa de varios países en buscar justicia ante las instituciones internacionales; hoy quedamos sorprendidos de que decisiones políticas tengan más peso que la búsqueda de la verdad».
