En el marco de los avances del proceso de diálogo impulsado por la comunidad internacional, la representación de la Plataforma Unitaria Democrática fijó sus prioridades de cara a las próximas etapas de negociación.
Según declaraciones recogidas por el periodista Pedro Pablo Peñaloza en una entrevista exclusiva para Infobae, Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en este mecanismo, detalló los objetivos centrales que persigue el sector antichavista en la mesa de conversación.
“Aquí uno de los objetivos de nosotros es que se les devuelva el ejercicio del derecho a participar en procesos electorales a las personas que han sido criminalizadas, perseguidas, exiliadas y que se les ha violado ese derecho”, afirmó Figuera durante la entrevista concedida a Infobae.
La vocera opositora enfatizó la urgente necesidad de dejar sin efecto las medidas interpuestas contra los principales liderazgos de la oposición, así como revertir el control judicial dictado sobre las organizaciones políticas.
“Es un hecho público y notorio que fuimos despojados de nuestras siglas políticas”, recordó la dirigente perteneciente a la organización Primero Justicia en las declaraciones publicadas por Infobae.
Asimismo, agregó: “Sin partidos no hay democracia, estamos comprometidos con esa propuesta y sobre todo a acusar el tema de las inhabilitaciones personales de carácter político”.
Dentro de las prioridades del equipo negociador destaca la eliminación de los bloqueos administrativos que pesan sobre dirigentes clave, entre ellos la fundadora de Vente Venezuela, María Corina Machado. Pese a haber resultado victoriosa en los comicios primarios de la oposición celebrados en octubre de 2023 con más del 90 % de los sufragios, las medidas dictadas por el aparato gubernamental impidieron su inscripción para los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, lo que derivó en la postulación del diplomático Edmundo González Urrutia como abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática.
Asimismo, la representación opositora planteó formalmente la derogación de un paquete de leyes coercitivas aprobadas en el país, haciendo mención específica a la denominada Ley del Odio y a la normativa destinada a la fiscalización y control de las Organizaciones No Gubernamentales (conocida como Ley Anti-ONG).
