“A los primeros que tienes que vacunar es a los trabajadores que ya están prestando servicios, no los que se van a incorporar, porque son de áreas prioritarias; esos funcionarios medios, jefes de oficina. No los directores que tienen escolta y choferes, sino los directores que han hecho carrera y que van a trabajar todos los días. ¿Esa gente ha sido vacunada?», se pregunta
El sector público venezolano no está precisamente de fiesta. Trabajadoras y trabajadores que ganan menos 5 dólares al mes, en el mejor de los casos, y que están en riesgo de enfermarse con la COVID-19 son razones suficientes para que este 1 de mayo sea un día de protesta. Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), recuerda que este es un 1 de mayo atípico y con temor por el avance de la pandemia. Hay una contradicción por la “necesidad de salir a reclamar lo que nos merecemos” porque la situación es dramática, pero a la vez hay que “cuidar a la familia, cuidarnos nosotros, porque sabes que no tienes esa seguridad social para que te atiendan”.
Suárez calcula que en el sector público hay unos 3 millones de trabajadores y recuerda que la nómina aumentó por programas como chamba juvenil, y hay un millón de trabajadores jubilados. Muchos se han ido: “Los que tienen mayor formación, porque pueden competir”, y por eso están afectados sectores como salud, educación, ingeniería.
El empleado público que más gana recibe unos 5 dólares, con un bono “de máxima eficiencia” de 5 dólares que “no alcanza para absolutamente nada”. “Y en la medida en que el dólar suba, está ganando menos”. El que menos gana recibe unos 4 dólares, más el bono de 15 millones de bolívares. “Y si tienes dos hijos te dan una bonificación de 900 mil bolívares al mes”.
En este momento los trabajadores del sector público se han dedicado a los emprendimientos, ventas, dar clases, “comprando acá para revender allá. Esa es la verdad del servidor público venezolano”. Se suma el aporte que puedan garantizar los hijos, la migración forzada, los jóvenes que se van del país en un hecho que no duda en calificar “como pérdida para la nación”.
A lo mejor para las autoridades son un cero a la izquierda, pero “para nosotros los servidores públicos son motivo de orgullo, son los que están allí, los vemos todos los días”. Un decreto envió a los trabajadores a sus casas y solo mantuvo en sus puestos a quienes están al frente de áreas esenciales. “Los servicios que se prestan, que no se pueden dejar de prestar, los garantizan trabajadores”, reivindica. “Son trabajadores que siguen saliendo de sus casas”. De los 3 millones de servidores un 20% está en su sitio de labor, según cifras no oficiales. “Están dando la cara por el país, están cumpliendo con el servicio, y la pregunta es: ¿Ya fueron vacunados?”.
Del sector público “muy pocos han sido vacunados; solo los de altísimo nivel”, señala. Si los de la primera línea de batalla no están vacunados, se pregunta, “¿qué quedará para el vigilante que está cuidando las instalaciones de un ministerio? ¿O el personal que va todos los días a preparar la nómina? Ese personal silente, que está yendo todos los días a trabajar a esas áreas, es lo que nosotros hemos venido exigiendo, la primera línea de batalla de nuestro sector, que debe ser vacunado”.
Son entre 300 mil y 600 mil personas de áreas como recursos humanos, vigilancia, mantenimiento. “Es necesario que están vacunados para no exponerlos a ellos, ni a sus familiares, y ni siquiera al grupo de personas con quien ellos comparten”.
Vuelve varias veces sobre este punto: “A los primeros que tienes que vacunar es a los trabajadores que ya están prestando servicios, no los que se van a incorporar, porque son de áreas prioritarias; esos funcionarios medios, jefes de oficina. No los directores que tienen escolta y choferes, sino los directores que han hecho carrera y que van a trabajar todos los días. ¿Esa gente ha sido vacunada? ¿Ha recibido la remuneración que debe recibir?”.
Cuando un empleados público se enferma con COVID-19 “es un lotería”, sentencia Suáreaz. La mayoría no son atendidos por sus sistemas de salud, como los autoadministrados. Incluso dirigentes de base de la central socialista “han venido reclamando que fueron abandonados cuando se contagiaron”.
El famoso HCM (póliza de hospitalización, cirugía y maternidad) “se ha venido deteriorando progresivamente, desde 2012 empezó a fallar” y hubo “algunos inventos” como la creación de los fondos administrados. Estos “padecen los vicios de los otros, que es que son manejados por una o dos personas, no tienen contraloría”. Hoy “tenemos HCM que ronda el millón de bolívares: estamos hablando de un pan campesino”. Y hay “organismos peores, como el Ministerio de Hábitat y Vivienda, que tienen 200 mil bolívares de cobertura; eso no alcanza ni para un examen básico”.
La propuesta de Fedeunep es reunirse “con la cámara aseguradora, la asociación de clínicas y el que contrata, el ejecutivo nacional”, pero este encuentro no ha ocurrido. La cámara aseguradora está dispuesta para ese encuentro. “En la comisión de diálogo lo dijimos: la necesidad de conversar sobre este tema”. Suárez plantea que se tomen las áreas de servicios médicos de los organismos públicos para, con la cámara de aseguradores, ofrecer “el servicio de medicina preventiva especializada para servidores públicos”.
Sobre las contrataciones colectivas, puntualizó que hay varias pendientes, como las del sector salud y el sector educación. No obstante, Suárez instó a discutir el contrato marco de empleados y obreros de la administración pública, que ampara a poco menos de 2 millones de personas.
Sin embargo, hay un “mientras tanto” que debe ser llenado, y por eso Fedeunep llama al pago del bono sugerido por la Cepal, de unos 210 dólares. ´También “se puede comenzar la escala con un salario de 60 dólares” que “se va a incrementar también”. Si el petro es la unidad de medida, “bienvenido, yo no tengo ningún tipo de dogma, pero eso sí: que se corra la escala”. Remarca que nada se hace “con firmar una maravilla, para que el Estado no cumpla”.