La Asamblea Nacional electa en 2015 emitió un pronunciamiento público este martes 29 de septiembre a través de su cuenta oficial en la red social X, en respuesta a la propuesta formulada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La representación parlamentaria abordó el origen de la norma y fijó su posición institucional frente al proceso de modificación anunciado.
En la comunicación difundida por el órgano legislativo, los voceros recordaron el desempeño del instrumento jurídico desde el momento de su promulgación. Señalaron que desde su aprobación en 2017, la llamada Ley contra el Odio fue empleada como «un instrumento de persecución y represión de la disidencia», al tiempo que manifestaron su «solidaridad con quienes fueron víctimas de su aplicación y con sus familias».
El pronunciamiento enmarca la revisión normativa dentro de los acercamientos políticos que se desarrollan en el país. Representantes de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 argumentaron que esta iniciativa se produce «en el marco del proceso de diálogo orientado a la reinstitucionalización democrática del país y a la celebración de elecciones justas, libres y transparentes», destacando que se mantienen en la labor de «desmontar los instrumentos que han restringido los derechos y las libertades de los venezolanos».
Alertas sobre el marco normativo y llamado a elecciones
Frente al avance de las negociaciones y los temas acordados en las mesas de trabajo, la representación opositora indicó que se mantienen cautos respecto al cumplimiento efectivo de las medidas. La delegación precisó que permanecen «atentos a que la reforma anunciada cumpla con los fines democratizadores, de acuerdo a lo conversado, y contribuya al reestablecimiento de los derechos y las garantías ciudadanas».
La dirigencia enfatizó que la modificación de esta ley en particular no agota las demandas sobre el aparato legal vigente. En el texto puntualizaron que «aún permanecen vigentes otras normas y mecanismos que han sido utilizados con fines represivos», reiterando el compromiso de la delegación para «seguir trabajando hasta lograr su desmantelamiento y restablecer plenamente las garantías democráticas».
El comunicado concluyó con un reconocimiento explícito a las organizaciones de la sociedad civil que han documentado la situación del país. La Asamblea Nacional de 2015 valoró «especialmente el trabajo sostenido de las organizaciones de derechos humanos que durante años denunciaron los abusos derivados de esta Ley, acompañaron a las víctimas y defendieron sus derechos», calificando este avance como fruto de su perseverancia para «recuperar las instituciones, garantizar los derechos de todos los venezolanos y devolver al pueblo el ejercicio pleno de su soberanía mediante elecciones justas, libres y transparentes».
