La diputada por el partido Unión y Cambio, Amelia Belisario, se pronunció respecto al debate generado en torno a la propuesta de reforma de la Ley contra el Odio, asegurando que la exigencia de la ciudadanía va más allá de un simple cambio en el articulado. Según explicó la parlamentaria, la expectativa general del país está orientada a la eliminación definitiva del instrumento legal.
En sus declaraciones, la legisladora argumentó que la normativa vigente posee un carácter marcadamente punitivo y discrecional. A su juicio, el impacto de este estamento ha sido perjudicial para las libertades fundamentales en el territorio nacional.
De acuerdo con lo expresado por Belisario, «el país entero está esperando la derogación de una norma que por demás discrecional ha sido totalmente punitiva, que lo único que ha servido es para institucionalizar la persecución para aquellos que piensan distinto o para quienes realizan críticas e inclusive desde el ejercicio del periodismo».
La parlamentaria sostuvo además que existe una contradicción en admitir fallas en la aplicación del texto legal sin contemplar su anulación total. Hizo un llamado a que las autoridades muestren la misma disposición demostrada previamente al reconocer excesos cometidos en el pasado.
«Nosotros estamos aspirando que esa voluntad política que se tuvo para reconocer que se cometieron abusos y que además no fue aplicada según la intención que tenían, pues tengan la misma voluntad política para derogar la ley», afirmó la parlamentaria, agregando que el marco legal no contribuye a la convivencia ni a la tolerancia en el contexto actual.
Censura y derechos ciudadanos
Belisario profundizó en los aspectos de la ley que considera problemáticos, señalando que los planteamientos enfocados solo en la despenalización resultan insuficientes ante el abanico de restricciones presentes en la norma. Entre los puntos de preocupación mencionó las sanciones de carácter administrativo y las limitaciones a la labor informativa.
Sobre este particular, la legisladora cuestionó qué sucederá con la censura y «la violación del derecho a la libertad de prensa, pero además el derecho a la libertad de los ciudadanos a estar informados», remarcando que son múltiples las garantías que resultan vulneradas bajo la vigencia de este marco regulatorio.
Finalmente, al ser consultada sobre las vías formales para canalizar esta solicitud, la diputada sostuvo que los mecanismos institucionales existentes cuentan con las atribuciones para avanzar en esa dirección. Detalló que, de existir la disposición requerida, la comisión especial o mesa de trabajo correspondiente posee «la posibilidad de exigir esa derogación o de tramitar la derogación de esos artículos que además lo que hacen es procurar simplemente la censura y promover más división entre los venezolanos».
