Academia de Ciencias Políticas advierte inconstitucionalidad en la reforma sobre el Comité de Postulaciones Judiciales

La Academia exhortó al cumplimiento estricto del texto constitucional, exigiendo la eliminación total de los parlamentarios en el comité evaluador

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La Academia de Ciencias Políticas y Sociales fijó postura formal respecto al proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el pasado 27 de agosto de 2026 en el marco de la denominada Mesa de Diálogo. La institución alertó que la propuesta mantiene la inclusión de parlamentarios dentro del Comité de Postulaciones Judiciales, lo cual vulnera lo establecido en el artículo 270 de la Constitución.

El organismo académico precisó que la Carta Magna concibe al Comité de Postulaciones como un ente asesor integrado de forma exclusiva por representantes de diversos sectores de la sociedad civil, con el fin de despolitizar la evaluación de los aspirantes a magistrados y separarla del órgano de elección. El pronunciamiento señala que igualar o catalogar a los diputados como miembros de la sociedad civil incurre en una impropiedad de lenguaje, puesto que los parlamentarios son funcionarios de un poder público.

Asimismo, el documento advierte sobre la inconsistencia de mantener una Comisión Preliminar conformada por 11 diputados encargada de designar a los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán el comité definitivo. A juicio de la corporación, este mecanismo invalida el propósito constitucional de evitar el control político en la preselección de magistrados.

La institución subrayó además la presencia de un error material en la exposición de motivos de la reforma, donde se hace referencia a la modificación de la Comisión Preliminar en lugar del Comité de Postulaciones Judiciales.

Ante esta situación, la Academia exhortó al cumplimiento estricto del texto constitucional, exigiendo la eliminación total de los parlamentarios en el comité evaluador. En su lugar, solicitó que la selección previa sea realizada por un equipo calificado integrado por decanos de facultades de derecho, investigadores jurídicos, colegios de abogados, organizaciones de derechos humanos y demás sectores vinculados al área legal. El comunicado lleva la firma de Rafael Badell Madrid como presidente y Salvador Yannuzzi Rodríguez como secretario.

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