Este jueves 14 de mayo, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó su informe anual correspondiente al ciclo anterior. El evento, realizado en el auditorio naranja de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad Central de Venezuela, contó con la intervención de Oscar Murillo, coordinador general de la organización, quien analizó la situación actual del país y los desafíos para la sociedad civil.
Durante su discurso, Murillo calificó el presente de Venezuela como un momento «delicado, trágico y épico». Al hacer un balance de los años precedentes, señaló que en 2015 la organización ya advertía sobre un proceso de deterioro que denominaron como una «década oculta», marcada por datos y evidencias que profundizaban el retroceso en la protección de la naturaleza humana y la gestión de políticas públicas.
El estado de los Derechos Humanos y la crisis institucional
El representante de Provea enfatizó que el país atraviesa las consecuencias de un sistema que ha ido «copando los contrapesos y la institucionalidad», lo que derivó en una etapa de restricción de libertades. Según Murillo, este escenario es producto de una «política de Estado de regresión y persecución sin marca, contra la disidencia o contra quien es percibido como disidente».
En cuanto a la situación social, el informe destaca una crisis económica crónica que ha vulnerado derechos fundamentales. Al respecto, Murillo afirmó: «La crisis económica crónica (…) ha socavado de manera dramática a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, vulnerando las garantías a la alimentación, a la salud, a la educación, el trabajo médico, la vivienda y, en general, el derecho a una vida adecuada».
Para el coordinador de Provea, la salida a la crisis actual no debe verse como un punto de llegada, sino de partida. Propuso la necesidad de un proceso de reinstitucionalización que devuelva la independencia a los poderes públicos, especialmente al Poder Judicial y al Poder Electoral, los cuales describió como subordinados al Ejecutivo.
Murillo advirtió sobre el riesgo de una estabilización económica que ignore la justicia: «Existe un riesgo real de que la estabilización se separe rápidamente (…) dejando de lado la justicia, la memoria, el estado de derechos, los derechos humanos y la democracia».
Asimismo, subrayó que ningún proceso de liberación económica es sostenible si se realiza sin libertades democráticas y sin transparencia ciudadana.
El encuentro en la «Casa que Vence las Sombras» contó con la presencia de representantes del cuerpo diplomático, académicos y víctimas de violaciones de derechos humanos. Murillo destacó que, a pesar de las limitaciones legales, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas registradas, la sociedad civil permanece como un «elemento de resistencia».
Hacia el cierre de su intervención, hizo un llamado a la unidad de los diversos sectores sociales, sindicales y políticos para construir un horizonte compartido. Finalizó insistiendo en que la recuperación del país pasa necesariamente por el marco constitucional: «La democracia es la condición de posibilidad para la recuperación de la dignidad humana y la vigencia de los derechos sociales y económicos (…) tenemos derecho a luchar por ese derecho de vivir en democracia y a vivir en libertad».
