A propósito del reciente anuncio de la firma de un acuerdo entre el Gobierno (E) de Venezuela y la empresa latinoamericana Impsa para la recuperación de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, históricamente conocida como Tocoma, desde la Organización No Gubernamental (ONG) cuestionaron enérgicamente que esto se haga «a dedo, sin licitación pública y de espaldas a la gente»*.
Jesús Armas, ingeniero y portavoz de esta ONG, señaló que se evidencia -una vez más- «la absoluta desconexión con la realidad técnica de Venezuela». A su juicio, terminar Tocoma hoy no es la prioridad del Sector Eléctrico Nacional (SEN).
«Con apenas un tercio de esa inversión, se podría rehabilitar la Planta Centro, logrando un impacto mucho mayor, más eficiente y más rápido para la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional», explicó el especialista.
Desfalco monumental
En nota de prensa, Armas recordó el desfalcó que significó esta obra para el país, señalando que datos, ampliamente documentados, exponen un presupuesto inicial que rondaba los $3.000 millones, y que tras la intervención de Odebrecht —símbolo global de coimas en el caso Lava Jato— y la constante modificación de contratos, se elevó a más de $9.000 millones.
«Hoy, catorce años después de su supuesta inauguración, Tocoma produce 0 megavatios de los 2.160 proyectados. No está la obra, ni está la plata», fustigó el también dirigente político y ex-preso político.
Secuetro del Estado
Armas insistió en que el problema de fondo es el secuestro del Estado. «Si no se respetan las leyes venezolanas de contratación y licitación, caemos en un vacío institucional donde la República —los ciudadanos que pagan las obras y los verdaderos dueños de los activos— queda excluida del plan de reestructuración del país», sumó.
Las prioridades de infraestructura, el qué hacer y el cómo hacerlo, no pueden ser impuestas por un régimen que es la madre del problema.
Tras insistir en que la verdadera reconstrucción pasa por respetar los planes técnicos elaborados durante años con rigor y dedicación por los expertos venezolanos, Armas insistió en que «las prioridades de infraestructura, el qué hacer y el cómo hacerlo, no pueden ser impuestas por un régimen que es la madre del problema».
