La abogada constitucionalista denuncia que Guaidó utilizó patrimonio público en condiciones ilegales e irregulares, a lo que se le suma «el no declarar quién le financia los 248 días que estuvo fuera del país, que no se pueden justificar administrativamente»
La abogada constitucionalista Olga Álvarez señaló este jueves 28 de marzo que con la reciente medida dictada por la Contraloría de la República contra Juan Guaidó pierde la condición de «diputado» de la Asamblea Nacional (AN).
Reiteró en una entrevista para Contrapunto que el órgano contralor «puede inhabilitar políticamente pues toda función pública ‘sea cual sea’ de elección popular o no -como las administrativas- acarrean responsabilidades de sus actos como vicios en la moral o ética administrativa que conlleven a la inhabilitación de quienes ejercen una función pública».
Guaidó al estar inhabilitado no puede ejercer ninguna función política ni administrativa por el periodo de 15 años, según las declaraciones de contralor general, Elvis Amoroso.
Sin embargo, Álvarez explicó que si el presidente de la Asamblea Nacional tiene una objeción a la sanción puede apelar, aunque acotó que las acciones cuestionadas por la Contraloría son hechos notorios, públicos y comunicacionales.
Las sanciones vienen a raíz de los viajes realizados al interior y exterior por parte de Guaidó que, según la Contraloría, superan los 500 millones de bolívares, cifra que no puede ser cubierta por un funcionario público, detalló Amoroso.
«No solo los elementos que argumentó el Contralor General (Elvis Amoroso) sino el haber usurpado funciones, además de mil 200 millones de dólares que no sabemos dónde están», dijo.
Álvarez acusó a Guaidó de haber utilizado patrimonio público en condiciones ilegales e irregulares, a lo que se le suma «el no declarar quién le financia los 248 días que estuvo fuera del país, que no se pueden justificar administrativamente».
Entre las acciones venideras se encuentra una investigación penal y Guaidó debe separarse del cargo.
Puntualizó que la única junta directiva de la Asamblea Nacional que sigue vigente es la de Ramos Allup, la cual debe restituirse, asumir la directiva y salir del desacato.
En caso de que Guaidó se niegue a abandonar su cargo como diputado, señaló que se solicitaría la ejecución forzosa ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Finalmente, agregó que actualmente «sigue avanzando una investigación por diferentes delitos que ha estado cometiendo de forma permanente, a los que se le suman estos nuevos cargos».