Rafael Uzcátegui de Provea expresó que las ONG mantienen comunicación con la oficina de Bachelet, por lo que pudieron conocer sobre lo que ocurrió con los dos técnicos que había dejado en Venezuela
«Me iré de Caracas esta noche, pero se quedará una presencia de mi oficina en el país por primera vez«, dijo Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la noche del 21 de junio, antes de abordar el avión, luego de finalizar su visita de tres días a Venezuela.
A principios de agosto, el portal de noticias Infobae publicó que los técnicos Carlos de la Torre y Sara Nuero Escobar, quienes Bachelet dejó en Venezuela, se habían retirado del país.
Con respecto a este tema, la información «corroborada» que maneja el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, es que ambos técnicos sí habían salido del país para «evaluar la situación como consecuencia del informe» sobre la situación en Venezuela publicado por Bachelet en julio.
Según el sociólogo, no solo Provea sino un amplio grupo de ONG mantiene comunicación permanente con la oficina del Alto Comisionado de la ONU por lo que pudieron conocer que, tras este viaje, ambos comisionados fueron notificados de que no podían regresar al país a través de un comunicado emitido desde el gobierno del mandatario Nicolás Maduro.
Uzcátegui explicó, que fue a partir de esa negativa fue que empezaron las negociaciones para intentar que se les permitiera el retorno de los técnicos del Alto Comisionado al país. Esto se concretó la semana pasada, según el sociólogo, luego de que el gobierno de Maduro permitiera que ambos comisionados regresaran al país.
«El gobierno les mandó una comunicación que no podían regresar a Venezuela y a partir de ese momento empezaron las negociaciones para que su presencia se restableciera. La semana pasada el Gobierno aceptó que volvieran a ingresar los dos oficiales».
Lo que solicitan desde Provea, es que esta iniciativa de permitirles el reingreso a los oficiales de la alta comisionada no sea como consecuencia del inicio del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU sino que se deba a que realmente existe voluntad política de dejar trabajar a los comisionados dentro de Venezuela.
Antes de partir de Venezuela, Bachelet dijo que Maduro había aceptado que su equipo ingresara y tuviera «acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad».
El pasado 8 de septiembre, Gonzalo Himiob de Foro Penal dijo a EFE que los enviados de Bachelet se habían reunido con un grupo de presos políticos en la cárcel militar de Ramo Verde. «Estuvieron allá la mañana del viernes, entiendo que se pudieron entrevistar con al menos diez presos», entre los que al parecer estuvieron Vasco da Costa, Jesús Medina, José Alberto Marulanda, William Aguado y Eva Lugo.
Este lunes, Bachelet presentó una actualización oral del informe publicado en julio ante el Consejo de De Derechos Humanos en el que volvió a enfatizar sobre la situación económica, el sistema de salud, la migración y las ejecuciones extraoficiales por parte de organismos de seguridad del Estados en el país, entre ellos las FAES.