«Nosotros vemos una disminución del ingreso de los trabajadores de la economía informal en la prestación de servicio en el sector comercio producto de la precarización del salario de los empleados públicos, jubilados y pensionados», afirma Aída Martínez, presidenta del sindicato nacional de trabajadores no dependientes de la economía informal y dirigente de la central ASI
Si usted quiere conocer cómo es el «emprendimiento» en Venezuela, puede acercarse a La Hoyada, en Caracas. Sentadas al lado de sus mercancías, las mujeres almuerzan lo que pueden, aguantan las ganas de ir al baño y esperan que alguien pase y quiera comprar caramelos, ropa infantil, carteras baratas. El lunes 27 de marzo se encontraron con trabajadoras y trabajadores públicos que protestaban por mejores salarios.
«En la economía informal 76% son mujeres, y además se ha venido precarizando. Tenemos una situación muy difícil: quienes son los compradores, quienes garantizan los ingresos de las mujeres trabajadoras en el sector de la economía informal son los jubilados, los pensionados y los empleados públicos», afirma Aída Martínez, presidenta del sindicato nacional de trabajadores no dependientes de la economía informal y dirigente de la central ASI.
Como lo apunta Martínez, «si el empleado público, el jubilado y el pensionado no tienen los ingresos suficientes para sus necesidades nuestro sector seguirá bien afectado».
No es un secreto para nadie que el salario en Venezuela se ha venido al suelo, y que el ingreso mínimo es de cinco dólares. Esto es una cadena que está reventando por el lado más débil. «Nosotros vemos una disminución del ingreso de los trabajadores de la economía informal en la prestación de servicio en el sector comercio producto de la precarización del salario de los empleados públicos, jubilados y pensionados. Son más de 8 millones de trabajadores que están en una situación de precarización y ha aumentado la pobreza multidimensional», argumenta.
La expectativa salarial de las organizaciones sindicales que se mantienen en protesta es que se pague un salario mínimo igual al costo de la canasta básica; es decir, más de 900 dólares al mes. Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical Nacional, sostiene que «con la gran corrupción que se ha destapado» se demostró que sí hay dinero. «La corrupción nos empobrece y nos empobrece un Estado que no funciona».
Aída Martínez acusa al gobierno de tener «una política de fabricar pobres» y le reclama que no haya aumento del salario mínimo. «Quienes nos compran a nosotras son esos 8 millones de trabajadores». Hoy hay más economía informal «porque ellos precarizaron a los empleados públicos; los precarizaron y los informalizaron. Crecimos en número porque en este momento los empleados públicos están en el rebusque».
Los trabajadores no dependientes están unidos a los trabajadores públicos por un salario suficiente y un empleo decente, resalta Martínez. Como lo advierte Adrián Bolívar, presidente de Fenasoesv, «el pueblo ya no aguanta».
