María Lucrecia Hernández señala que el debate de los migrantes es de orden global y se ha politizado con interés mercantil. La investigadora del centro Sures señaló que “es necesario que la ONU sincere sus cifras, para así poder trabajar en un plano de realidad evidente y confiable dejando de lado la especulación y la excesiva politización sobre esta polémica”
Existe un debate que gira alrededor de las cifras de migrantes venezolanos en el mundo. El tema ha sido uno de los argumentos con los cuales las organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado a la administración de Nicolás Maduro.
Por otro lado hay quienes observan exageraciones en el manejo de los números con fines de usarlos como arma política, más allá de lo que consideran una certera realidad.
María Lucrecia Hernández, Directora de la Revista Sures, se anota para pedir la palabra en este debate y sostiene que “el bloqueo, las sanciones económicas y la medidas coercitivas son el origen real de nuestro presente país”
¿Qué es?
Sures, fundada en 2016, se define como una asociación civil venezolana sin fines de lucro dedicada al estudio, promoción, educación y defensa de los derechos humanos.
Desde una visión crítica sostiene una investigación dirigida a hacerle seguimiento al fenómeno de los migrantes y refugiados venezolanos a nivel mundial.
Sostiene que son una organización independiente, no partidista. Su principio como centro de investigación se extiende a todos los derechos humanos en los que se incluyen ambientales, civiles, culturales, económicos, sociales y políticos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados internacionales ratificados por el gobierno venezolano.
Su prioridad según lo señala María Lucrecia Hernández apunta a aquellos grupos y colectivos de personas en situación de mayor exclusión, pobreza y discriminación.
La visión Sures
“En base al Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2021 se puede estimar que los venezolanos fuera del país llegan a 3,3 millones de personas. Destacando que la mayor cantidad de refugiados de América Latina se encuentra en nuestro país, sobre todo la colonia colombiana”, subrayó la investigadora Hernández.
Los flujos migratorios mixtos venezolanos a nivel hemisférico se estiman en “nuestra región por causas de orden socio económico”.
Los estudios de campo realizados sobre este tema por Sures recogen que el origen de esta situación se debe “a la aplicación impositiva de las medidas coercitivas, unilaterales e ilegales contra la economía venezolana, por parte del gobierno de los EEUU. Todo esto en contra del pueblo de Venezuela”.
Según las conclusiones de sus estudios, esta realidad tiene como punto de partida “diciembre del año 2014, cuando el Congreso de los EEUU aprobó la Ley 113.278 y se inicia formalmente el bloqueo económico y comercial contra nuestro país”.
“Con este nuevo marco legal se prohíbe la comercialización de productos venezolanos a nivel mundial desconociendo, de esta forma, la autoridad legítima y constitucional del Gobierno venezolano en el sistema internacional”, afirmó Hernández.
“La Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de los EEUU, es la institución encargada de vigilar y monitorear el cumplimiento de esta Ley. Todo esto ha sido impulsado desde el Gobierno de Barack Obama hasta Joe Biden”, puntualizó la investigadora.
Hernández considera importante destacar que en medio de esta realidad “surgieron siete órdenes ejecutivas dictadas por el presidente de los EEUU. Esto se inició en la gestión de Obama, mediante la cual se comienza a obstaculizar e impedir todas las operaciones comerciales del Gobierno venezolano con el mundo. Todo esto acompañado del arrebato ilegal de las empresas Monómeros, Cristalex y Citgo como filial de Pdvsa en los EEUU”.
Destacó que todas estas medidas de orden jurídico han tenido un impacto negativo en la calidad de vida del pueblo venezolano, desde el 2015 hasta el presente histórico. Esto se evidencia en áreas estratégicas como la salud, los servicios públicos y la educación, según los criterios expresados por Hernández.
Todo esto se puede sumar de forma negativa al «bloqueo de las cuentas en divisas que reposan fuera del país y del oro como un commodity estratégico como valor de reserva, que está depositado en los bancos del Reino Unido».
Hay diferencias
Hernández sostiene que sobre el marco de la Naciones Unidas se puede establecer la diferencia teórica y práctica entre los términos de “migrantes y refugiados”, todo esto desde la lógica del discurso diplomático a nivel internacional.
El migrante obedece a un “desplazamiento voluntario» por motivos económicos o familiares. “Esta condición de migrante voluntario internacional no requiere de una protección especial en el país de acogida”, resaltó Hernández.
En cambio el refugiado “obedece una migración forzada. Personas que huyen de las persecuciones o la falta de protección personal en su país de origen. El país de acogida no debería devolverlo, porque existe un riesgo a su integridad física. En estos casos, sí se requiere de una protección personal dependiente de la condición existente de refugiado”.
Por otra parte, llamó la atención sobre la migración interna, la cual consideró importante deslindarla de la condición de migrante internacional.
El debate en cifras
La principal institución encargada de hacerle seguimiento al tema de las cifras sobre el flujo migratorio mixto y masivo a nivel mundial es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Esta agencia surgió en 1950 con el objetivo de atender a los millones de personas que huyeron de Europa al término de la Segunda Guerra Mundial.
Las últimas estimaciones sobre el tema de migrantes y refugiados son las establecidas en conjunto con la Plataforma de la Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), que está conformada por casi 200 organizaciones (incluyendo Agencias ONU, sociedad civil, organizaciones religiosas y ONG), que coordinan sus esfuerzos bajo el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP por sus siglas en inglés) en 17 países de América Latina y el Caribe.
Hernández, sobre el caso venezolano de migrantes y refugiados, reflexionó y llamó la atención sobre algunas cifras: “La población venezolana que vivía fuera del país eran 640.000 personas antes del 2015, en medio de esta realidad surge la pregunta: ¿Cómo esta cifra se incrementó a 2,5 millones de personas en tan corto plazo?”.
Este mismo registro de cifras señaló que también publicaron que para “el año 2017 las cifras de flujos migratorios se incrementaron 1,6 millones. Para el 2019 se ubicó en 3,6 millones y para 2021 llegamos a 5,6 millones de personas venezolanas viviendo fuera del país”.
Tomando como referencia estos números la investigadora lanza un nuevo interrogante: “¿Dónde está el basamento científico para establecer el seguimiento y publicación de estas cifras?”.
Como respuesta indica que la investigación de Sures revela las siguientes cifras: “1,67% de las personas que cruzan la frontera son colombianas; 33% venezolanas. 2,69% de las personas que cruzaron a territorio colombiano indicaron querer regresar a su país de origen el mismo día; el 23% señaló querer regresar en los próximos meses a su país de origen y el 5% manifestó su deseo de quedarse en el país”.
Asimismo, explicó que “el 3% señaló querer pasar por Colombia hacia otro destino. 3,52% manifestó cruzar para realizar compras; 14% por motivos de trabajo; 17% para visitar a la familia; 5% por turismo, 2% por temas educativos y el 10% por otros motivos”.
En su argumentación cuestiona las cifras de las instituciones del sistema ONU y señaló que “los números publicados por la misma Naciones Unidas son discordantes con la realidad que se observa en el terreno de estudio venezolano”.
“La única cifra publicada por el Estado venezolano es la que se encuentra como parte denuncia ante la Corte Penal Internacional, como efecto colateral del bloqueo económico contra nuestros ciudadanos fuera del país. En ella se refleja que 1,2 millones de venezolanos están en condición de migrados hasta el año 2019 debido a las medidas coercitivas y unilaterales contra la economía nacional”, sentenció.
La investigadora del centro Sures, denunció que “es necesario, en medio de la realidad global, que la ONU sincere sus cifras, para así poder trabajar en un plano de realidad evidente y confiable dejando de lado la especulación y la excesiva politización sobre esta polémica”.
“Las distintas agencias manejan cifras diversas sobre este mismo tema. La División de Población de las Naciones Unidas, órgano especializado en estadística migratoria, publicó las cifras que hasta el año 2019 existen: 2.534.976 de venezolanos viviendo en carácter de migrante internacional. Esa cifra ha venido incrementándose exponencialmente. La Organización Internacional de Migraciones, que es otra agencia de las Naciones Unidas, señala que para el año 2019 existen 3.600.000 venezolanos fuera del país en condición de migrantes. Esta disparidad refleja la ausencia de criterio real en torno al mismo debate”, denunció Hernández.
La polémica persistente en los últimos años está en que “las agencias calificadas por el sistema de las Naciones Unidas ahora no diferencian la realidad práctica entre migrantes y refugiados, donde existen diferencias conceptuales y de origen claramente definidas por el sistema internacional”.
La investigadora Hernández denunció que “ahora estas mismas agencias en conjunto, ACNUR y OIM, hacen una estimación desde la Plataforma R4V, donde afirman que para el año 2020 hay 5,6 millones de venezolanos fuera del país. Además estiman que para el año 2021 esta cifra puede llegar a los 8,1 millones”.
“Este manejo unificado de cifras evidencia una gruesa disparidad en el estudio y publicación de estas cifras absurdas e incoherentes, cifras por demás irreales, sobre todo en el marco de la pandemia del COVID-19 que experimenta el mundo entero”, sentenció la investigadora
Las cifras publicadas por el centro Sures, producto de las últimas investigaciones realizadas, reflejan que “las estimaciones alcanzan los 2,7 millones personas que viven fuera de nuestro país”.
El tema del asilo
En términos jurídicos el asilo, según lo sostiene la revista Sures, “es un estatus legal que otorgan los Estados a toda persona extranjera por considerar que es perseguida por sus creencias, opiniones o filiación política. Por cometer actos que puedan ser considerados delitos políticos, o bien, por cometer delitos comunes con fines políticos”.
Explicó que el asilo puede ser otorgado a toda persona que:
1. Ingrese al territorio del Estado en donde pretende asilarse.
2. Solicite asilo ante misiones diplomáticas, navíos de guerra o aeronaves militares.
Señaló que si bien en la legislación existen diferencias entre refugio y asilo, esto no siempre ocurre en las distintas naciones.
“De hecho, en las agencias de Naciones Unidas se categorizan a las personas extranjeras entre residentes, solicitantes de asilo (asilum seekeres) y refugiados (refuggees), de donde se entiende que la solicitud de asilo sería el paso previo al estatus de refugiado”, puntualizó Hernández.
La investigadora cita las últimas publicaciones realizadas por ACNUR y la Plataforma (R4V) que señalan la existencia de “840.000 solicitudes de asilo de venezolanos fuera del país. Todas está gestiones se realizan con la finalidad de obtener un estatus legal en el país de destino”.
Alertó que para el año 2020 estas mismas instituciones publicaron que “existieron 158.000 solicitudes de asilo aprobadas a nivel mundial, en los países de destino de personas venezolanas”.
En medio de este realidad llama la atención sobre que “75.000 personas permanecen en calidad de refugiados en España. Con este dato es bueno recordar que hace unos algunos años el Gobierno español publicó una resolución donde reconocían al refugiado como aquella persona que tuviera en peligro su integridad con una situación humanitaria. Con esta nueva medida se pone en duda la naturaleza real, en base a la condición de refugio, debido a que para ser un refugiado, debes estar en una condición de perseguido por causas económicas, políticas o culturales, pero no por situaciones humanitarias. Este marco legal fue cambiado recientemente, ahora el venezolano que solicite el estatus de refugiado debe demostrar que está en riesgo su calidad humanitaria”.
Consideró importante destacar que en función a las estadísticas oficiales a nivel latinoamericano «Venezuela ocupa el quinto lugar de cantidad de refugiados. El primer lugar lo ocupa Ecuador con el 27%, Perú con el 25%, Trinidad y Tobago con el 13%, Brasil con el 11% y Venezuela con el 9%”.
Hernández indica que “en nuestro continente estamos en presencia de otros países que tiene una situación más compleja”.
La investigadora aclaró que “en Venezuela no existe una crisis humanitaria de refugiados. Estamos en presencia de una politización sobre este tema, debido a los intereses económicos que giran sobre las naciones donantes para atender esta realidad a nivel mundial”.
La geopolítica
Es importante hacer notar que el tema de los migrantes y refugiados es un problema latente a nivel global.
El Gobierno de los EEUU en la administración de Donald Trump realizó un cúmulo de gestiones para evitar el ingreso de los migrantes latinoamericanos a su territorio que incluyó la construcción de un polémico muro, que formó parte de la oferta electoral, antes de llegar a la Casa Blanca en Washington.
Ahora con la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca, el conflicto persiste y se agudiza, tanto así que este debate juega un papel protagónico en los foros de la geopolítica internacional.
En este mismo sentido podemos recordar los casos de Turquía, que es el país receptor de los migrantes afganos y sirios que están huyendo de la guerra.
Por otra parte está el caso de Italia en la isla de Leperuza que de forma constante recibe por la vía marítima a los migrantes y refugiados proveniente del norte de África, que vienen escapando del hambre, la pobreza y la violencia desatada producto de las acciones armadas ejercidas por los grupos terroristas que operan en este continente.
Mercantilización de los migrantes y refugiados
Para Hernández, la denominada “crisis humanitaria o diáspora venezolana”, se originó producto del fenómeno de los “raspa cupos”, es decir, aquellos venezolanos que entre los años 2013-2015 realizaban viajes con una frecuencia atípica al exterior, con la intención de hacer uso del cupón de dólares asignado por el Estado y que podían recibir los ciudadanos venezolanos a través de la fórmula bancaria establecida para la época.
Los viajeros podían por la vía de las tarjetas de crédito hacer uso de un gasto de hasta 2.000 dólares a costo preferencial.
Producto de esta realidad una gran cantidad de venezolanos salieron del país buscando nuevos destinos. Es a partir de este momento cuando las organizaciones donantes para la asistencia de los migrantes ingresan al debate de la asistencia de los migrantes a nivel mundial.
En medio de esta realidad surge la pregunta: ¿Cuánto cuesta un migrante o un refugiado venezolano? A este interrogante Hernández respondió nuevamente con cifras y explicó que “Ecuador solicitaba 549 dólares por cada persona, Brasil 370 dólares, Perú 270. Todo esto depende de las políticas que argumenta el país receptor de los migrantes y refugiados”.
La última asamblea de Conferencia de Donantes se realizó en Canadá, “cada país participante solicita cuánto dinero requiere en función de cuántos migrantes tienen registrados. Estas cifras se someten a los criterios internacionales, con la finalidad de poder establecer los aportes financieros de cada país donante”.
