Expertos opinan que el tema es meramente circunstancial, mientras que otros refieren que no darían fin a la delincuencia
Venezuela es un «terreno virgen» en el tema de recompensas, según refiere el comisario general de la policía científica, Sergio González quien indicó además que el tema no está debidamente reglamentado en el país.
Sin embargo, desde hace varios días el canal del Estado hizo pública la foto de 10 delincuentes – cabecillas de organizaciones criminales -, por lineamientos del Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
«Denuncia, llama al 911» se anexa al final de la foto, con montos que está entre los 20.000 y los 500.000 dólares.
Entre las figuras se encuentran: Carlos «Koki» Revette; Carlos «Vampi» Calderón Martín y Garbis Ochoa Ruiz (el Garbis); por quienes se ofrece una recompensa de $500.000.
Por Romer «el Romer» Ordaz Clemente; Gioner Trejo (El Trejo) el ente rector en materia de seguridad ofrece $50.000, mientras que por Oswaldo René «El Rocky» Velásquez; José Luis «El Chino» Paredes Medina; Franyersos Alexánder Rivero (El Frayerson); Alexánder Eloy «El Goku» Rondón López y Juan Carlos «El Juampiro» Pérez Vargas, la administración de Maduro ofrece $20.000.
En exclusiva para Contrapunto.com el también fundador de la División Antisecuestro en el Cicpc, indicó que las recompensas estaban prohibidas en el país «porque se interpretaba como instigación al delito».
Explicó que el epicentro de las recompensas es Estados Unidos «pero allí sí existe una legislación que regula todo el proceso con el fin de cobrar una recompensa, al igual que en Colombia. Todo lo que conduzca a la captura del delincuente solicitado».
A juicio de González ni el Código Orgánico Procesal Penal, ni la Constitución, contemplan el pago de recompensas por la entrega de un delincuente.
«Además… ¿quién te garantiza el pago de esa recompensa y el resguardo de la identidad de la persona que ofrezca información? La credibilidad es nula», sostuvo.
Dijo González que a pesar de que existe la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales «esto no aplica para quienes en estos momentos den información sobre el paradero de un delincuente, ya que el único artículo que se cumple, es el 26 y que tiene que ver con violencia de género, donde el Ministerio Público emite una orden de desalojo para que el agresor se vaya de la vivienda, sin importar que sea el propietario».
Y puntualizó «para que la persona tenga protección, la legislación debe incluso cambiar su identidad y garantizarle seguridad, incluso a su vínculo familiar, pero eso no va a pasar jamás en Venezuela».
Circunstancial
A juicio del exdirector del Cicpc, comisario general Miguel Dao, «la recompensa es meramente circunstancial, puntual. El tema de estas zonas hay que tratarlas de otra manera, con trabajos de inteligencia y de permanencia, porque de lo contrario, estas bandas se reorganizarán. Si los policías se van de la zona, estas bandas se multiplicarán».
Dijo que no existe impedimento alguno para el ofrecimiento de una recompensa, muy contraria a la opinión de su par, el comisario González, pero acotó: «No podemos descuidar el resto de las organizaciones delictivas, ni los pequeños grupos que se van conformando en territorios pequeños y sin duda alguna, con miras a expandirse. Es un tema que debemos revisar.
La Cota 905: el contexto
Los sujetos integran la mega banda delictiva de la Cota 905, cuyos cabecillas son Koki, Garbis y Vampi, quienes desde el mes de enero, han sido los responsables de varias muertes de civiles, policías y militares.
Su centro de operaciones se instaló desde hace más de cinco años en las partes altas del barrio. Con al menos 250 hombres, esta megabanda se dedicó al secuestro y la extorsión.
En enero de este año, quiso tomar territorios de La Vega, con el fin de desplazar a los pequeños grupos hamponiles de esa zona, por ser más comercial. Pero los delincuentes lo impidieron y hasta abril se mantuvieron en conflicto.
Sin embargo – a mediados de mayo- la banda de la Cota 905 estableció alianzas con la bada de El Mayeyas (que opera en La Vega) y juntos, iniciaron una lucha armada contra funcionarios policiales, en especial, el comando de PoliCaracas y de la Policía Nacional Bolivariana, instalados en el mismo sector.
De acuerdo con fuentes policiales, ambas bandas amenazan con desplazar a personas que tengan vínculos con policías, obligándolos a abandonar sus residencias o, matándolos.
La alianza también contempla llegar a tomar espacios de Caricuao, para instalar corredores que permitan el microtráfico, sin obstáculos policiales.
«Luz Verde señores, tenemos luz verde»
No fue sino el pasado viernes 9 de julio, cuando el MIJP aprobó una incursión policial con al menos 3.110 funcionarios de los distintos organismos de seguridad del Estado, en una operación denominada Gran Cacique Guaicaipuro.
La orden fue dada luego de dos días de enfrentamientos entre delincuentes y policías, que se originaron en El Valle, con réplica en El Cementerio, La Cota y La Vega.