Las solicitud introducida en 2023 sigue sin ser admitida ni rechazada, explicó la activista Marisol Guédez
La solicitud de un pronunciamiento acerca de convertir los bonos en salario y de aumentar el salario mínimo, introducida hace casi un año en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no tiene un sí o un no por parte de la máxima instancia judicial. Integrantes del Frente Popular en Defensa del Salario, organización que interpuso el recurso de amparo, acudieron este jueves 18 de octubre al TSJ para buscar respuesta, sin lograr obtenerla.
Marisol Guédez, integrante del Frente Popular en Defensa del Salario, detalló que el amparo se llevó en julio de 2023 ante la Sala Constitucional del TSJ, y aunque «hemos ido cada dos o tres meses y hemos entregado cartas, el expediente continúa en una situación de no respuesta. Es decir, ni admitido ni rechazado; está en un limbo».
Guédez explicó a contrapunto.com que en la visita del jueves también mostraron su preocupación por la situación del país en materia económica y laboral, así como las condiciones en las que se encuentran jubilados y pensionados. «Introdujimos un auto que se adosa al expediente. Nos atendió la analista de la Sala Constitucional; nunca nos ha atendido un magistrado. Hacemos la gestión burocrática, pero no hay respuesta. Admitir el recurso de amparo significa reconocer los bonos y aumentar el salario, y no admitirlo es reconocer oficialmente que violas el marco jurídico venezolano. Aunque hay una situación complicada, vamos a mantener la lucha y a exigir respuesta», señaló.
Consultada sobre el 1 de Mayo, la activista reiteró que, según la Constitución, «vivimos en un Estado que se dice de derecho social y de justicia, por lo que el 1 de Mayo debería haber un aumento del salario mínimo y un ajuste de las tablas salariales. Hay propuestas sobre los pisos de arranque, un acuerdo mínimo de sectores y actores de centrales sindicales, de por lo menos 200 dólares, y que eso tenga incidencia en las tablas salariales y sirva como punto de partida».
El Frente, destacó, es una confluencia de organizaciones que quiere un país en el que haya crecimiento con justicia, equidad y dignidad. «Es vergonzoso que se hable del crecimiento de un grupo muy pequeño; parece que volvemos a una sociedad de privilegiados. Es una demanda ética, no podemos ver un país en esta situación y no denunciarlo».
Hasta que eso no cambie, anunció, la organización se mantendrá en pie de lucha. «El TSJ es el encargado de velar por la justicia de todos; por eso acudimos al TSJ. Aunque constitucionalmente quien toma las decisiones es el Poder Ejecutivo, quien firma los decretos es el presidente Nicolás Maduro».
