El dirigente del PCV hace su análisis de las contradicciones que se están presentando en el parlamento elegido en 2020
Tras constatar el reactivo aletargamiento gubernamental frente al aumento de los contagios del Covid-19 y al desabastecimiento de vacunas, cabe preguntarse: ¿mientras tanto, qué hacen los diputados de la “nueva” y “patriótica” Asamblea Nacional?
La respuesta es puntual y enfática: Estar divorciados de las sentidas necesidades del pueblo e incumpliendo una de las más elementales tareas constitucionales que tienen (“Ejercer funciones de control sobre el Gobierno”).
Recientemente, cerca de cumplirse 90 días desde el pasado 5 de enero, la Comisión Consultiva de la AN presentó un “balance del trabajo realizado por el Parlamento desde su instalación”, y se debe reafirmar que en ese lapso de un supuestamente “exhaustivo”, “arduo” y “productivo” trabajo, los diputados de la Asamblea Nacional ni siquiera se han dado por enterados de la crisis de salud que estamos padeciendo.
En esa apologética autoevaluación, Iris Varela, primera vicepresidente de la AN, señaló que han estado “discutiendo propuestas de leyes remitidas por el Ejecutivo Nacional, así como otros temas que dejan en evidencia la capacidad y el compromiso de un Poder que estaba en mora”.
De lo dicho por esta señora, se desprenden tres verdades: el Poder Legislativo estaba –y continúa– en mora; y que, con lo “discutido” hasta ahora en el parlamento, se evidencia tanto la (in)capacidad de los diputados como su compromiso para que la AN siga siendo –como lo fue en las gestiones de Diosdado, Soto Rojas, Cilia o Maduro– un eunuco subordinado a los intereses del proyecto socialreformista del respectivo inquilino de Miraflores.
DEMAGOGIA VS. VERDAD
Por su parte, el propio presidente de AN, Jorge Rodríguez, ha exhortado vehementemente a sus colegas: “No tenemos tiempo que perder, queridos diputados”, como lo dijo en la designación de los integrantes de las Comisiones Permanentes.
Pero, sin embargo, posteriormente ese mismo personaje hizo una propuesta que no se compagina con su exhorto anterior, y el parlamento “aprobó por unanimidad sumarse […] a la estrategia 7+7”, con lo cual los diputados sólo sesionarían las semanas “flexibles”, mientras que “la semana radical se mantendrán […] en las regiones, ejecutando consultas a las leyes […] con el Parlamentarismo de Calle”.
Por decir lo menos, resulta contradictorio primero insistir en que hay urgencia de legislar y luego limitar las semanas de sesión; o asumir que “para cooperar en la lucha contra el COVID-19” es preferible que, en vez de sesionar en Caracas, los 277 diputados impulsen “parlamentarismo de calle” en todas las entidades federales durante las semanas de “cuarentena radical”.
Y ahora, con la implementación el “método 7+14”, únicamente se reunirían cada tercera semana.
Además, si no se conociera el prontuario de quienes ocupan la Junta Directiva y las curules de la AN, bastaría con tomar nota de sus actuaciones en poco menos de tres meses. Incluso, los primeros inauguraron las sesiones ordinarias conuna descarada violación del “Reglamento Interior y de Debates” (RIDAN), y los segundos otorgaron su silencio cómplice.
El RIDAN prevé taxativamente que: “La Asamblea Nacional podrá crear comisiones especiales con carácter temporal”; y, en el párrafo siguiente, complementa: “Corresponde al Presidente […], en consulta con el resto de la Junta Directiva, designar a sus integrantes y […] a quienes ejercerán la presidencia y vicepresidencia de las mismas”[i].
Es decir, son dos pasos: primero, la plenaria –no el presidente o la Junta Directiva– debe aprobar la creación de una comisión especial; y sólo después es que el presidente puede designar sus integrantes y directiva.
Quienes presenciaron dicha sesión podrán recordar que, con total caradurismo, el presidente meramente informó al parlamento, sin someter a debate ni a votación la creación de tres comisiones especiales; y lo peor es que ningún diputado dijo “ni pío”.
Cualquiera pudiera estar de acuerdo o no con la necesidad o importancia de ellas y, ante lo señalado, algunos podrán sacar a relucir epítetos como “formalismo” o “legalismo”; pero, cuando un colectivo asume normas de funcionamiento –llámense Constitución, reglamentos o Estatutos–, la discrecionalidad en su aplicación lleva a la arbitrariedad, y de ahí hay tan solo un paso para el autoritarismo.
UNA DOSIS DE REALIDAD
Como ha sido, en general, bastante característico en la AN durante sus poco más de 20 años de existencia, resalta la ausencia de discernimiento, disentimiento y discrepancias en el seno de las plenarias. Y, desde enero, pareciera que esta historia no ha cambiado.
Por ejemplo, la reforma del “Reglamento Interior y de Debates” se aprobó “por unanimidad […] en primera discusión”, en la segunda discusión “la totalidad de los diputados votó a favor”, y finalmente se registró su sanción “aprobado por unanimidad”.
Asimismo, el parlamento “aprobó por unanimidad” un acuerdo para la constitución del Comité de Postulaciones Electorales, y “designó por unanimidad” a los 11 parlamentarios que integraron la Comisión Preliminar.
También, la plenaria “aprobó por unanimidad la solicitud realizada por el Ejecutivo Nacional” con el nombramiento del Procurador General de la República[ii]; y mediante “el apoyo unánime de los diputados” aprobó la derogatoria de la “Ley de la Regularización de los Periodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales”, como lo solicitaron desde la “Mesa de Diálogo”.
Igualmente, la AN “aprobó por unanimidad” su Plan Legislativo Nacional para el 2021 con, según se dijo, “35 leyes de interés prioritario para el país”[iii]; y, del mismo modo, “aprobó por unanimidad” un acuerdo para la revisión de los Convenios suscritos por Venezuela y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Entonces, aunque algunos vociferen otra cosa, por lo visto las actuaciones de la “nueva” Asamblea Nacional evidencian que la Junta Directiva y los diputados continuarán: en mora con el pueblo y divorciados de sus necesidades; sin ejercer el constitucional deber de control sobre el Gobierno; reivindicando genuflexamente el reformista proyecto estratégico y programático de la mal llamada “revolución bolivariana” y de su principal exponente, es decir, la estafa del “socialismo del siglo XXI”.
Por eso, cada vez con más
fuerza y convicción, se posiciona sobre el tapete la necesidad de una profunda
y descarnada autocrítica de las diversas fuerzas de izquierda –incluyéndonos a
los comunistas–, para asumir sin temores ni complejos los correctivos
requeridos, y emprender la reconstrucción revolucionaria de una genuina
alternativa obrero-popular.
