Los trabajadores pidieron al TSJ declarar la nulidad del instructivo y que, además, se ordene a la Onapre la implementación del aumento salarial decretado por el Ejecutivo nacional con base en los sistemas salariales de la administración pública

Un grupo de trabajadores universitarios introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la nulidad del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), instructivo que les redujo el sueldo entre 40% y 70% como lo han denunciado los gremios.

El documento fue interpuesto por Telémaco Figueroa, Oscar Ibarra, Jesús Toro, Dilia Acosta, Aura Mujica, Nilde Jordán, Mildred Sanabria, Dignmatt Medina, Marisol Preppo, Manuel Rodríguez, Dominga Pérez, Jennifer Tovar, José Gregorio Preppo, Lenny Fernández, Pedro Graterol y Migdalia Requena, asistidos por el abogado Wiliem Asskoul Saab. Actuaron, como lo contempla el documento, en ejercicio “de los derechos colectivos y difusos de todos los trabajadores , obreros, empleados, funcionarios y profesionales que laboran en la Administración Pública Nacional, estadal y municipal, centralizada y descentralizada”.

Como lo indicó Figueroa, la Sala Constitucional del TSJ designó como ponente -para analizar la solicitud- a la presidenta del tribunal, Gladys Gutiérrez.

El amparo es contra el instructivo “proceso de ajuste del sistema de remuneración de la administración pública, convenciones colectivas, tablas especiales y empresas estratégicas”.

Esta norma ha generado protestas semanales en todas las casas de estudio, e incluso, el pronunciamiento y rechazo de las autoridades rectorales.

Como lo recuerda el escrito que llevaron al TSJ, el instructivo ajustó el sistema de remuneración de la administración pública, “aplanando y uniformando, por medio de un simple acto administrativo, o norma de carácter sublegal, todo el andamiaje constitucional y de reserva legal”. El instructivo violenta al menos nueve garantías previstas en la Carta Magna.

Los trabajadores pidieron al TSJ declarar la nulidad del instructivo y que, además, se ordene a la Onapre la implementación del aumento salarial decretado por el Ejecutivo nacional con base en los sistemas salariales de la administración pública.

“Los trabajadores insistimos en la vía constitucional para restituir la legalidad y nuestros derechos”, opinó Telémaco Figueroa. “Queda en manos de magistradas y magistrados hacer que se imponga la Constitución; y al gobierno, aprovechar esta vía para salir de su propia trampa antilaboral, montada desde los laboratorios burgueses y neoliberales”.