El fiscal destacó que ahora en “el marco de agilización e impulso procesal de las causas que son investigadas como presuntas violaciones a los derechos humanos”, se creará de forma inmediata la Unidad Especializada de Investigaciones en Materia de Derechos Humanos

Este jueves, el fiscal general de la República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente de 2018, Tarek William Saab rechazó el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, en el que asegura, el sistema de Justicia venezolano carece de independencia y ha servido durante años para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos.

“Rechazamos el supuesto informe de una comisión ad hoc pagada por el Grupo de Lima que ataca al sistema de justicia venezolano y los fiscales, quienes afrontamos a diario el asedio y exponemos nuestra integridad”, dijo en una transmisión por Venezolana de Televisión desde el Ministerio Público.

En ese sentido, William Saab afirmó que las recientes acciones del Ministerio Público son con finalidad de fortalecer las capacidades institucionales en materia de protección e investigación en casos de derechos humanos y una nueva muestra del compromiso de la institución.

William Saab destacó que ahora en “el marco de agilización e impulso procesal de las causas que son investigadas como presuntas violaciones a los derechos humanos”, se creará de forma inmediata la Unidad Especializada de Investigaciones en Materia de Derechos Humanos.

“Esto revela que en nuestro país que estos delitos son castigados con la mayor severidad posible”,destacó.

Además de eso, Saab destacó que desde el año 2017 se realizaron 273.588 imputaciones. Se presentaron 21.661 acusaciones y se solicitaron 11.789 órdenes de aprehensión. En casos de femicidio se registraron 750 ingresos, se presentaron 621 acusaciones y se han solicitaron 348 órdenes de aprehensión.

“Quiero destacar algunas cifras que reflejan las actuaciones realizadas por la Dirección para la Defensa de la Mujer. Desde agosto de 2017 cuando inició nuestra gestión al frente del MP, se han otorgaron 407.320 medidas de protección”, dijo.

Por su parte, el informe de la Organización de Naciones Unidas será debatido en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denuncia prácticas como el uso de supuestas pruebas obtenidas mediante tortura o la emisión de órdenes de detención “retroactivas” para ocultar arrestos ilegales.

“Jueces y juezas a todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del Gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo”, señala el documento.

“En medio de la profunda crisis de derechos humanos, la independencia del Poder Judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro la función de impartir justicia y salvaguardar los derechos fundamentales”, resumió en rueda de prensa la presidenta de la misión, Marta Valiñas.