El OVP exhortó al Gobierno a mejorar las condiciones de vida de los reclusos, «garantizando acceso a servicios de salud, alimentación adecuada y condiciones sanitarias, lo cual garantiza la vida e integridad de la población reclusa»
Las exigencias de atención a la salud y una mejor alimentación por parte de los presos de Venezuela continúan este lunes, a pesar de haber cesado una huelga de hambre que comenzó el pasado 9 de junio en al menos 51 centros carcelarios del país, en protesta por mejores condiciones, principalmente, contra el retraso procesal, informó la ONG Una Ventana a la Libertad.
«Ya no hay huelga en ningún lado y se han activado los equipos para revisar la situación jurídica de los reclusos. En algunos casos se han dado libertades, pero también hay un poco de desconfianza por parte de muchos presos y sus familiares porque en otras oportunidades les han hecho ofrecimientos similares y no han cumplido», dijo una Ventana a la Libertad.
La organización alertó sobre el descontento en tres cárceles del estado Zulia, donde no se ha logrado la atención médica ni la mejora en la calidad de la comida y el agua, pese a que el Ministerio de Servicio Penitenciario comenzó a atender los reclamos, según informó el pasado viernes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
El Ministerio Penitenciario solo informó que se ha acercado a distintas cárceles del país para empezar con los procedimientos en tribunales, así como medidas de libertad, y que continúa la atención de denuncias de familiares de presos.
El pasado sábado, el OVP exhortó al Gobierno a mejorar las condiciones de vida de los reclusos, «garantizando acceso a servicios de salud, alimentación adecuada y condiciones sanitarias, lo cual garantiza la vida e integridad de la población reclusa».
Asimismo, pidió crear las políticas y mecanismos necesarios para dar cumplimiento a «las garantías y protecciones judiciales», que, a su juicio, es un problema multifactorial» y uno de los más preocupantes en los actuales momentos».
Desde el inicio de la protesta, el Ejecutivo no ha facilitado un balance sobre la situación dentro de las cárceles y ni siquiera ha empleado la palabra «huelga».
