El Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió que se determinen responsabilidades por las actuaciones de los tribunales que durante más de una década procesaron a trabajadores, sindicalistas, estudiantes y otros ciudadanos bajo acusaciones de terrorismo, tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de eliminar las competencias en esa materia de cuatro juzgados de Caracas.
«Estos tribunales, durante casi una década, se convirtieron en el brazo ejecutor de una política sistemática de criminalización de las luchas del pueblo trabajador venezolano», afirmó Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del Comité Central del PCV.
Aunque consideró que la decisión judicial es un anuncio que debe saludarse, Andrade advirtió que no puede utilizarse para presentar como superadas las prácticas represivas de los últimos años sin investigar sus consecuencias y establecer responsabilidades.
El PCV denunció un esquema que comenzaba con detenciones arbitrarias de trabajadores y culminaba con acusaciones de delitos que resultaban desproporcionados frente a las acciones que habían motivado sus arrestos:
«¿Cuál era el modo operandi de este esquema represivo? Ocurrían las protestas, las legítimas protestas de los trabajadores; tras estas protestas ocurrían detenciones arbitrarias por parte de organismos de contrainteligencia militar o de organismos de inteligencia policial; y tras estas detenciones ocurrían desapariciones forzadas temporales, de corta duración en algunos casos, en otros no tan cortas. Y finalmente, cuando los trabajadores reaparecían ante la opinión pública, era el día que los presentaban en un tribunal antiterrorista bajo acusaciones desproporcionadas», relató.
Andrade sostuvo que este mecanismo afectó particularmente al movimiento sindical, a trabajadores de las empresas básicas y de la industria petrolera, así como a empleados del sector eléctrico. También mencionó casos de trabajadores de la prensa y menores de edad sometidos a procesos por terrorismo.
Entre los casos que citó figuran los de Eudis Girot, en el sector petrolero, y Daniel Romero y Leonardo Azócar, vinculados con la actividad sindical en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Asimismo, recordó las detenciones de trabajadores eléctricos después de los apagones de 2019 y los arrestos posteriores a las elecciones presidenciales, cuando se produjeron detenciones masivas de ciudadanos que reclamaban sus derechos.
«Estos casos no pueden pasar de manera impune. Hay que asumir responsabilidades sobre esta práctica con la que se buscó […] neutralizar las legítimas luchas del pueblo venezolano», declaró.
PCV insiste en anular la Ley contra el Odio
La dirigente también cuestionó el procedimiento relacionado con la reforma de la denominada Ley contra el Odio, al considerar irregular que la Asamblea Nacional deba solicitar autorización al TSJ para modificar una ley.
Andrade afirmó que el contenido de la reforma no se conoce públicamente y criticó que el proceso se desarrolle sin suficiente transparencia. A su juicio, la legislación ha sido utilizada para criminalizar el derecho a la protesta y a la disidencia política.
«La Ley contra el Odio convirtió en la práctica el derecho que tenemos todas las venezolanas y los venezolanos a protestar y a disentir en algo que podía estar sujeto a ser convertido en un crimen y ser penado por la ley», sostuvo.
El PCV reiteró su solicitud de nulidad de esa legislación y pidió que cesen los procesos judiciales sustentados en su aplicación, además de reclamar medidas de reparación para las personas afectadas.
Denuncia opacidad en el presupuesto de 2027
Andrade también cuestionó la presentación del proyecto de presupuesto nacional para 2027, al asegurar que el documento no ha sido divulgado de manera que permita conocer sus partidas, prioridades y mecanismos de distribución de los recursos públicos.
«Nadie conoce el presupuesto», afirmó la dirigente, quien señaló que la información difundida se limitó a imágenes de una carpeta entregada a la Asamblea Nacional.
Para el PCV, la falta de información sobre el uso de los recursos públicos favorece la corrupción y dificulta el control ciudadano y parlamentario de la gestión gubernamental.
«No podemos hablar de un proceso de restitución de garantías ni del Estado de derecho, mucho menos de la democracia, si los venezolanos, si ni siquiera el Parlamento venezolano conoce de qué va el uso de los recursos públicos», expresó.
La dirigente pidió revertir la opacidad en torno al presupuesto y reclamó que la ciudadanía y el Poder Legislativo puedan conocer el contenido del instrumento financiero del Estado.
Alerta sobre cambios en los derechos laborales
Otro de los puntos centrales de la declaración fue el rechazo a las iniciativas de reforma laboral que se discuten entre representantes del Gobierno, sectores empresariales y organizaciones sindicales.
La dirigente denunció que estas conversaciones podrían conducir a la institucionalización de condiciones laborales que ya se han impuesto de hecho durante los últimos años.
En particular, alertó sobre posibles medidas que afectarían los salarios, las prestaciones sociales, las vacaciones y las jubilaciones. También cuestionó la posibilidad de que se impulse una denominada «ley de consensos» para formalizar esos cambios en nombre del diálogo político y la transición democrática.
«Están tratando finalmente de darle legalidad a lo que ya está ocurriendo de facto desde hace varios años, que es el desmontaje de los derechos laborales en nuestro país», afirmó.
El PCV llamó a los trabajadores, las trabajadoras y otros sectores de la población a organizarse para enfrentar lo que calificó como una nueva ofensiva contra los derechos laborales y para reclamar la recuperación de las garantías que, según el partido, han sido vulneradas.
PCV atribuye protestas europeas a la crisis social y las guerras
En el ámbito internacional, Andrade se refirió a las movilizaciones registradas en distintos países europeos y sostuvo que sus causas deben analizarse más allá de los episodios de violencia que puedan producirse durante las protestas.
La dirigente vinculó las manifestaciones por la vivienda, la educación y los derechos sociales con el impacto de la crisis económica y los gastos asociados a los conflictos bélicos, particularmente la guerra en Ucrania.
Según su interpretación, los gobiernos y el capital trasladan los costos de esas crisis a los trabajadores, los estudiantes, los migrantes y los jóvenes.
«La negativa del capital y de los gobiernos a pagar el precio de sus guerras, a pagar el precio de sus crisis y tratar de descargarlas sobre los hombros de los trabajadores, de los estudiantes, de los migrantes, de los jóvenes» está en el origen de esas movilizaciones, sostuvo.
Andrade cuestionó que las protestas sean presentadas exclusivamente como expresiones de violencia o vandalismo y afirmó que responden también a demandas sociales y económicas.
Rechaza orden de arresto contra Raúl Castro
Por último, el PCV rechazó la orden de arresto contra el dirigente cubano Raúl Castro emitida por un tribunal estadounidense, según la información a la que hizo referencia Andrade.
La dirigente calificó la medida como una maniobra judicial destinada a justificar una política de presión contra Cuba y expresó la solidaridad del partido con el pueblo cubano.
Andrade relacionó esta actuación con las sanciones y las medidas de presión económica contra la isla, y sostuvo que forman parte de una ofensiva estadounidense para recuperar posiciones de dominio en América Latina y el Caribe.
«Llamamos también a la unidad de los pueblos del continente para enfrentar esta ofensiva neocolonial del imperialismo, este resurgimiento de la doctrina Monroe», concluyó.
