La reconstrucción del tejido institucional venezolano requiere de la voluntad de los distintos actores sociales que puedan establecer espacios de diálogo. Asimismo, es indispensable el reconocimiento “de la existencia del otro” que permita el respeto de las distintas concepciones políticas y sociales en el país.
Para esto se hace necesario abandonar la “lógica de la guerra” que ha prevalecido en el discurso y en la actuación de la dirigencia venezolana. Para algunos esta situación llevó a generar “un empate catastrófico” que terminó generando la intervención de un “gendarme externo”.
¿Cuál es el espacio de encuentro para resolver la crisis política e institucional venezolana?: “La Constitución”.
Estas son parte de las ideas que se esgrimieron en la Mesa de Convergencia organizada por el Foro Cívico este 11 de junio, en la que se abordó el tema “Confianza Institucional y Seguridad Jurídica”.
La jornada se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Católica Andrés Bello ubicadas en La Castellana, donde se dieron cita representantes de la vida política, empresarial, académica, activistas sociales, comuneros, abogados, exministros y diputados a la Asamblea Nacional.
La iniciativa forma parte del programa “Tejiendo senderos para el diálogo en Venezuela”, que impulsa el Grupo de Trabajo de Diplomacia Ciudadana del Foro Cívico, que ha sido apoyado por Embajada de Suiza. Además cuenta con el respaldo del rectorado de la UCV, el decanato de FACES-UCV, la dirección de Políticas Públicas del IESA, CONAPRI, Fedecámaras, así como de organizaciones de la Red Sinergia y el Foro Interreligioso Social de Venezuela.
La lógica de la guerra
Entre las muchas de las reflexiones que surgieron destacó la necesidad de salir de la “lógica de la guerra” como manera de relacionarse la sociedad venezolana.
Se señaló que esto ha llevado a generar un ambiente y acciones concretas que dificultan e impiden la creación espacios espacios de diálogo. Estos son obstáculos para que sea la política “con P mayúscula” la que opere.
A partir de la lógica de la confrontación se han creado leyes que criminalizan el disenso y coartan el libre juego del debate de las ideas, esencia fundamental de la democracia.
Entre las premisas esbozadas para poder avanzar hacia una reinstitucionalización del país destacó, en palabras de varios de los participantes: el desmontaje del aparato represivo del Estado.
Este elemento se hizo medular en la discusión dentro de esta Mesa de Convergencia. Desde distintas perspectivas políticas se cuestionaba esta estructura. Su persistencia en el tiempo coloca a la sociedad venezolana sobre la posibilidadd de que, si se produjera un cambio político radical en el país, y ese aparato persiste, las prfacticas arbitrarias se seguirían produciendo.
Por otra parte se planteó la necesidad de derogar leyes que han servido de marco para la actuación de ese aparato represor. Las leyes señaladas con mayor frecuencia fueron la Ley del Odio, Ley Simón Bolívar, Ley de las ONG, Ley Antibloqueo, Ley Resorte y Ley de Precios Justos.
Espacio plural
Otro de los planteamientos que destacó fue la importancia de construir espacios de diálogo inclusivo, “en donde no falte nadie”.
Haciendo justicia se reconoció que los espacios de “convivencia y paz” adelantados por el Ejecutivo que dirige Delcy Rodríguez, son avances importantes y pasos en la dirección correcta, sin embargo alertan que falta actores y la tarea es conseguir la ampliación de esas iniciativas.
“Un gran acuerdo nacional”, fue una frase reiterada y para ello se requiere la voluntadd política de los actores.
Entre los planteamientos coincidentes estuvo la definición del 3 de enero como un parteguas de la situación política venezolana, sin embargo se advierte que los problemas sociales y económicos de la población siguen allí latiendo.
Se señaló que el modelo bipartidista de la llamadda “cuarta república” fracasó y ese desgaste llevó a un cambio político, que también naufraga al intentar imponer “un modelo de partido único con elecciones recurrentes”.
En ese espacio plural en construcción debe tener cabida la discusión sobre el tema laboral y empresarial.
Se llamó la atención sobre el entorno hostil para los empresarios y la falta de trasnparencia en las reglas qque dificultan la operativadad de las empresas y por ello la generación de empleos.
Alta regulación, falta de respeto al derecho a la propiedad, carga tributaria, y falta cooperación entre el Estado y las empresas, fueron temas qque surgieron.
Asimismo hubo el señalamiento a la necesidadd de una respuesta responsable del empresario a definir un modelo producción que sea eficiente y que no conculque las conquistas de los trabajadores que en este momento se encuentra, de facto derogadas.
Realpolitik
En el encuentro se señaló la mimportancia de aprovechar cadda rendija y cada espacio que sea pñosible para la generar cambios “porque nunca estarán las condiciones ideales”.
Se señaló que los cambios generados por los eventos del 3 de enero terminan obedeciendo a intereses externos y quienes están administrando el proceso que se vive “no son los herederos naturales de la acción”. En este escenario se advierte el peligro de que se imponga una especie de “gatopardismo”, en donde “cambia todo, pero no cambia nada”.
Un planteamiento reiterado fue la urgencia de la participación ciudadana, de la participación de las fuerzas políticas que estimulen la presencia en los espacios de decisión. La idea es generar la presión suficiente que obligue a la reconstrucción de estructuras y termine en la verdadera transformación qque requiere el país.
En medio de esa nube de argumentos surgió la Constitución Nacional como el punto de encuentro para sostener la argumentación de los límites de actuación del Estado, las organizaciones de la sociedad y la población.
En una de las intervenciones se señaló: “La justicia merece un cambio profundo” y a partir de esa frase en la que parece “todos estamos de acuerdo, empezando por la presidenta encargada, es una premisa para avanzar, con la Constitución por delante hacia una reinstitucionalización”.
Los que fueron
En el panel de discusión estuvieron los diputados Stalin González y Tomás Guanipa de la fracción Libertad; Bruno Gallo diputado suplente, miembro del Comité Ejecutivo de Avanzada Progresista; César Carballo, abogado, doctor en Derecho y actual decano de la Facultad de Derecho de la UCAB, especialista en Derecho Laboral, investigador y miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales; Gloria Pinho, doctora en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Penal y Penitenciario, juez jubilada de las cortes de apelaciones y exdirectora de prisiones, docente de pre y posgrado en Derecho penal especial y procesal penal.
También participaron Iris De Franca, abogada. pirigente política y activista feminista. Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres en Política de Venezuela y Coordinadora Nacional de la Mesa de Mujeres por la Paz y la Convivencia; José Luis Texeira, politólogo egresado de la UCV, parte del Grupo de Trabajo de Coordinación del Foro Cívico; Lissette González, doctora en Sociología, defensora de derechos humanos, ex coordinadora de investigaciones en Provea y autora de Mi padre el aviador: memorias del Helicoide; Lorena Freitez, psicóloga social graduada de la UCV y analista política que fue ministra de Agricultura Urbana en 2016. Pertenece al colectivo Tiuna El Fuerte; Mercedes Malavé, política, periodista y académica, especialista en Ética Social y miembro de Cambio en Paz; Renée Moros Troóccoli, ex cojueza de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y exjueza penal de carrera en todas las instancias y funciones (Control, Juicio, Ejecución y Corte de Apelaciones); Juan Luis Sosa: Abogado. Profesor de Sociología Jurídica en la UCV. Director de la Organización Construyendo Valores para la Convivencia y Líder del Grupo de Trabajo de Coordinación del Foro Cívico. Ulises Castro, sociólogo, activista social, comunero.
Los ponentes fueron Rafael Chavero, abogado, doctor en Derecho, especialista en Derecho Administrativo con maestría en Derecho (Duke University, 1998), profesor asociado de la UCV, UCAB y UNIMET. Elías Jaua, sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, exvicepresidente de la República y Andrés Carrasquero, abogado, especialista en Derecho Laboral, Derecho Corporativo y Arbitraje Internacional, presidente de la Comisión de Asuntos Legales de Fedecámaras.
