A John Álvarez también le robaron la moto, su dinero» e incluso «lo pusieron a hacer pago móvil los funcionarios policiales», puntualizó el abogado Joel García
Familiares del estudiante ucevista John Álvarez, abogados y defensores de derechos humanos acudieron este miércoles 13 de septiembre a la sede del Ministerio Público para solicitar que se investigue la denuncia de tortura en contra del joven por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Álvarez, durante la audiencia de presentación, aseguró haber sido torturado.
El pasado 6 de septiembre los padres del estudiante, asistidos por el abogado Eduardo Torres, introdujeron un documento en la Defensoría del Pueblo en el cual pedían que se investigaran las denuncias y que un equipo de representantes de este organismo visitara urgentemente al estudiante. Esta solicitud, como lo informaron sus allegados, no ha recibido respuesta.
«Hasta este momento no tenemos respuesta del defensor del Pueblo de que haya enviado un cuestionario a verificar el estado de salud o conocer la versión de John», destacó el abogado y defensor de derechos humanos Joel García.
Al Ministerio Público se le pide «que inicie una investigación, tanto por las torturas como por el robo del que fue víctima. A John Álvarez le robaron la moto, su dinero» e incluso «lo pusieron a hacer pago móvil los funcionarios policiales», puntualizó García.
Wendelin Peña y Jhon Álvarez, padres de John Álvarez, afirmaron que no han tenido respuesta de la Defensoría del Pueblo: «No nos han comunicado nada». En el MP consignaron un documento.
Explicaron que han podido visitarlo en la sede de la PNB donde se encuentra. En este momento «tiene gripe, agarró un resfriado allí, y mucho dolor en las rodillas», indicó su mamá. Los padres aseguraron que darán todos los pasos necesarios «para que dejen en libertad plena a nuestro hijo cuanto antes».
Es un hecho muy grave que Álvarez haya sido torturado, y que haya sido obligado a grabar un video en el que inculpa a dirigentes sindicales, alertó Pedro Eusse, dirigente de la CUTV. Eusse subrayó que el Ministerio Público puede «investigar y determinar las responsabilidades de los funcionarios» involucrados, e incluso «pudieran abrir procesos penales contra esos funcionarios».
Fernando Aranguren, activista de la Red Naranja, solicitó al MP que cumpla con las leyes y la Constitución.
