En comunicación entregada en la Fiscalía General de la República, se exige a Tarek William Saab que investigue todas las violaciones al debido proceso y a los DDHH de los presos políticos juzgados por José Mascimino Márquez
A los abogados defensores de los presos políticos y a los familiares de estos les parece muy bien que el juez José Mascimino Márquez sea investigado por presuntos hechos de corrupción, pero también le exigen a Tarek William Saab, fiscal general de la República, que lo investigue por todas las irregularidades que cometió en los juicios en los que participó y donde, supuestamente, hubo violación a los derechos humanos.
A juzgar por lo dicho por la abogada Theresly Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, Márquez llevaba el 40% de los casos de los 317 presos políticos que ellos tienen registrados, “Márquez ingreso al poder judicial el 2020 y, desde ese mismo momento, fue uno de los factores importantes para aplicar el patrón de violación de los DDHH impuesto por el gobierno en contra de los presos políticos. Patrón al que ayudó, colaboró y lo perfeccionó y, no conforme con ello, a todas las personas que estaban bajo su orden les profirió amenazas de tortura”.
En el reclamo ante el fiscal William Saab participaron personas de Barinas, Monagas y otros estados del país, y todas exigían que el referido juez fuera investigado y juzgado por las repetidas denuncias «que se le han hecho aquí por violación al debido proceso, por violaciones a los DDHH, algo que nunca ha ocurrido, a pesar de las reiteradas denuncias de abogados y familiares de los detenidos».
Malavé señala que, así como Márquez esperaba órdenes para decidir “y las cumplía”, hay otros jueces que están esperando sus respectivas órdenes. “Lo que deciden no está ajustado a derecho. Exigimos la libertad de todos los presos y que antes sean sometidos a exámenes médicos según el protocolo de Estambul”.
La detención del juez José Mascimino Márquez se debe a su decisión de liberar a Oswaldo José Cheremos Carrasquel, quien supuestamente integra la banda conocida como Tren del Llano y quien habría afirmado que pagó para obtener la medida de juicio en libertad.
Libertad para los dirigentes sindicales
Eduardo Torres, es el representante de Emilio Negrín, presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios de Venezuela, detenido por defender DDHH laborales. Habla también en nombre de otros cinco dirigentes sindicales, a quienes acusaron de conspiración y asociación para delinquir. “No estaban conspirando, estaban en las protestas por la defensa de los salarios y las pensiones, y no estaban asociados para delinquir, la mayoría de ellos pertenecen a centrales sindicales, tanto de la CTV, como Codesa y ASI”, precisa Torres.
Los casos fueron ventilados ante el juez José Mascimino Márquez, quien avaló que las detenciones se produjeran “sin orden de allanamiento, sin orden de detención. Nos negó las copias del expediente, no aceptó lo alegatos y medios de prueba que promovimos y, además, no controló la acusación fiscal”.
Todas estas irregularidades deben ser investigadas por la fiscalía, reitera Torres, quien lo exige a pesar de tener claro que las mismas se cometieron con el aval de los fiscales que participan en los casos. “Le estamos exigiendo a Tarek William Saab, como representante de una de las ramas del Estado venezolano, que asuma su responsabilidad y actúe para que se declare la nulidad de todas las infames acusaciones contra los presos políticos, que se investiguen todas las irregularidades que se han cometido en estos juicios. Lo que ha ocurrido en estos casos es lo que vienen denunciando la Corte Penal Internacional, la fiscalía de la corte y la Misión de Determinación de los Hechos”.
Otros casos
Rosalba Vivas es la madre del capitán de la Guardia Nacional Leonardo Briceño Vivas, a quien una delación del oficial Richard Alemán lo involucró en la llamada operación Gedeón. El delator le dijo al juez Mascimino Márquez que su confesión fue obtenida por medio de torturas, el juez le respondió que si asumía la culpa liberaba a los que había delatado, no lo hizo y por eso Briceño sigue en prisión.
El exagente de la Dgcim, Enrique Parada, está detenido en la cárcel de La Pica, Monagas, en la sección Nelson Mandela, desde hace tres años por participar en un supuesto atentado contra Diosdado Cabello. Su esposa Eglis de Parada, aseguró que le pidieron 70 mil dólares para que la acusación no siguiera su curso. También exige justicia para su esposo.
