El acuerdo fue alcanzado por el equipo que representa a Guaidó, debido a que la demanda de Vestey contra Venezuela se lleva a cabo en EEUU
La oposición venezolana que lidera Juan Guaidó acordó con la empresa británica Vestey, aplazar hasta dentro de 18 meses el pago de la deuda que Venezuela mantiene con la compañía ganadera, que reclama más de 100 millones de dólares por la expropiación, en 2005, de un lote de tierras.
El acuerdo fue alcanzado por el equipo que representa a Guaidó, debido a que la demanda de Vestey contra Venezuela se lleva a cabo en EEUU, nación que reconoce al líder opositor como presidente interino del país caribeño, luego de que se proclamara como tal en 2019 tras unas cuestionadas elecciones en las que ganó Nicolás Maduro.
En un comunicado, el equipo de Guaidó explicó que, luego de una negociación de más de seis meses, logró alcanzar un acuerdo con Vestey para el pago de la deuda y por el cual el grupo británico concedió a Venezuela un plazo de año y medio para efectuar el desembolso.
El tiempo comienza a contar a partir del 19 de enero de 2021, fecha en que ambas partes -el equipo que representa a Guaidó y a la ganadera británica- firmaron el acuerdo.
Venezuela, que no abonará nada hasta la fecha fijada, «solo tendrá que hacer los pagos correspondientes a partir de finales del mes de julio de 2022», cuando la oposición espera haber logrado -asegura- la salida de Maduro del poder y la reestructuración de la deuda externa venezolana «con la asistencia» de organismos internacionales, «o estará en vías de hacerlo».
En enero de 2005, el Gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) ordenó la expropiación de los ranchos de Vestey en los llanos venezolanos como parte de la llamada «guerra contra el latifundio», una iniciativa que emprendió bajo el argumento de que las zonas rurales habían sido abandonadas.
En 2012, Vestey demandó a Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por la expropiación de sus terrenos sin recibir compensación alguna, y en abril de 2016 el tribunal arbitral dio la razón a la compañía británica, por lo que ordenó al país caribeño pagar 100 millones de dólares.
Venezuela presentó una solicitud de anulación de la orden, que le fue negada, y en 2018 Vestey solicitó la declaración de «default» del país que fue finalmente otorgada en junio de 2020, año en el que Guaidó ya era reconocido como presidente interino de Venezuela en EE.UU., por lo que el proceso legal lo tomó su equipo.