Los generadores del informe destacan los niveles de impunidad que rigen en las instituciones de seguridad venezolanas
En Venezuela se registraron 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales entre enero y junio de este año, por parte de la policía y el Ejército que obedece a la administración de Nicolás Maduro. Así lo denunció a través de un informe la ONG Lupa por la vida.
La iniciativa conjunta entre el Centro Gumilla y Provea, reseñó que el número representa una caída con relación a las 1.611 ejecuciones registradas en el mismo periodo del 2020. Esto, según con el monitoreo de violencia policial y militar realizado por las mencionadas organizaciones.
Aunque en el informe celebran la disminución de las ejecuciones, insisten en alertar sobre la gravedad de los más de 800 asesinatos. “Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.
Advirtieron que esta cifra refleja “el alto nivel de letalidad policial en el país. El no uso de la fuerza de manera excepcional y bajo los principios de uso diferenciado y progresivo e indica la ausencia de una política de seguridad ciudadana orientada a preservar la vida y causar el menos daño físico posible”.
Igualmente, subrayaron en el informe los niveles de impunidad que rigen en las instituciones de seguridad venezolanas.
“Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada. Debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”.
¿Disolución de las FAES?
Con respecto a la caída del número de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) -que pasaron de 416 en 2020 a 64 en 2021- en el estudio manifestaron que podría tratarse de un proceso de disolución del organismo policial.
“Estas modificaciones en la Policía Nacional Bolivariana pudiesen obedecer a las exigencias de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Quienes desde el 2019 vienen demandando la disolución de este cuerpo policial e igualmente a la recomendación establecida por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas”, acotaron.
Las regiones más violentas según el informe de la ONG
En el informe compararon que para la primera mitad del 2020 los estados en los que la población sufrió con mayor rigor la violencia institucional de policías y militares, por orden de letalidad se encuentra: Zulia, Bolívar, Aragua, Lara, Carabobo y Miranda. En esta, se suman la totalidad de cuerpos policiales actuantes y no solo la policía estatal.
Para este 2021 la tendencia fue casi la misma, según el reporte. Zulia sigue apareciendo en el primer lugar con 171 muertes, Carabobo con 136, Aragua con 88, y Lara con 71.
Este informe publicado por las organizaciones encargadas, definen “ejecución” como todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la víctima. Y son extrajudiciales en cuanto que suceden en un país donde constitucionalmente no existe la pena de muerte. El funcionario, violentando el debido proceso que implicaría el juicio justo, resuelve tomarse la justicia por sus manos y ejecutar a la persona.