«Alertamos a la comunidad internacional del peligro que representa para las inversiones y empresas extranjeras en los Estados Unidos de América, y el gravísimo riesgo al que están sujetos sus intereses frente a maniobras de esta naturaleza, dirigidas a confiscar activos privados extranjeros mediante gigantescos fraudes procesales y acciones unilaterales violatorias del Derecho Internacional», acotó el gobierno de Nicolás Maduro a través de un comunicado
Como el «reparto del botín a última hora», así fue calificada por el gobierno de Nicolás Maduro, la decisión tomada por el tribunal estadounidense en el Distrito de Delaware, sobre la venta de las acciones de empresas PVD Holdings, propiedad de Citgo, en territorio americano.
En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, se rechaza la sentencia de un juez de Estados Unidos y se destaca que esta medida «confirma las relaciones de odio y saqueo que se han promovido desde la administración de Donald Trump».
Recalca que estas acciones son una evidencia de que el gobierno norteamericano tenía una «complicidad de su fracasado títere local, para acentuar el revanchismo contra una empresa que pertenece a todos los venezolanos».
La cancillería venezolana aseguró que en loportunidades anteriores había advertido oportunamente de la apropiación ilegítima e ilícita de Citgo, una acción que, a su juicio, fue «fraguada bajo instrucciones del exdiputado Juan Guaidó y ejecutada por el Sr. José Ignacio Hernández, prófugos de la justicia venezolana por haber concebido un entramado antijurídico para apropiarse de los activos de la República en el exterior, facilitar la entrega del patrimonio del pueblo venezolano a potencias extranjeras mediante un gigantesco fraude procesal y atentar contra el orden constitucional venezolano».
El gobierno de Nicolás Maduro también alerta que esta operación judicial fue alentada por el Gobierno de Donald Trump, quien ha impedido a los representantes legítimos de Venezuela la defensa debida, integral y efectiva de los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela y de PDVSA, mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales.
