«La voluntad de colaboración de la República Bolivariana de Venezuela ha quedado de manifiesto, si bien, no podemos dejar pasar la ocasión para dejar constancia de la falta de transparencia del proceso por parte de la Fiscalía de la CPI en la tramitación del examen preliminar en el que nos hallamos», dijo el fiscal general, Tarek Saab
El fiscal general venezolano, Tarek Saab, dijo este sábado 1 de mayo que hay una «falta de transparencia» en el examen preliminar que la Corte Penal Internacional (CPI) realiza a Venezuela, al señalar que la comunicación «solo se está desarrollando por parte del Estado» hacia el tribunal y «no viceversa».
Al leer un comunicado, a través del canal estatal VTV, Saab dijo que entregó tres informes sobre la gestión de Venezuela en el respeto a los derechos humanos, y que solo han tenido «conocimiento» sobre el «primer cuestionario remitido en octubre del año pasado y de lo que desafortunadamente se va filtrando en fuentes abiertas por parte de los actores que han impulsado este procedimiento».
Por ello, solicitó a la corte «una evaluación» sobre «los compromisos concretos ya trasladados por el país y que se amplían» en el tercer informe entregado el día de ayer.
«Es necesario que el Estado Venezolano sea informado acerca de si la Fiscalía de la CPI opina que los compromisos concretos anunciados, y las medidas ya adoptadas a nivel nacional, son suficientes para la evaluación que realiza en la fase actual», indicó.
Y añadió que en caso «de que exista alguna observación particular sobre un aspecto concreto, o alguna debilidad en alguno de los planteamientos expuestos, es necesario y pertinente que se trasladen, con cierta premura, las propuestas concretas de mejora que la Fiscalía de la CPI considere pertinentes».
En ese sentido, señaló que de esta forma podrán continuar «la colaboración efectiva con esta instancia internacional».
La CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
Por ello, el máximo tribunal solicitó a Venezuela información sobre «los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma», la carta fundacional de la corte internacional.
Ante esto, el Ministerio Público informó el pasado 9 de noviembre que presentaría ante el máximo tribunal un documento para probar que el Estado «castiga, sanciona y persigue» a quienes atentan contra los derechos humanos en su país.
Este documento se encuentra bajo el análisis de la Fiscalía de La Haya, ya que la CPI es un tribunal de ultima instancia que solo interviene cuando los Estados no llevan a cabo investigaciones fehacientes sobre los crímenes denunciados.
En diciembre pasado, la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, dijo que preveía concluir el examen preliminar sobre Venezuela en el primer semestre de 202.
