El diputado Ricardo Molina, presidente de la comisión especial para investigar actos fascistas, detalló que entregaron una comunicación a Tarek William Saab “solicitando la investigación para hacer efectiva la responsabilidad penal y civil de varios ciudadanos y ciudadanas”

La denuncia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra el alcalde de Guatire, el dirigente opositor Raziel Rodríguez, sigue avanzando. El diputado Ricardo Molina, presidente de la comisión especial para investigar actos fascistas, acudió este miércoles a la sede del Ministerio Público para solicitar una investigación contra el mandatario y unos 12 funcionarios, y anunció que de allí irían a la Contraloría General de la República.

Molina indicó que entregaron una comunicación al fiscal Tarek William Saab “solicitando la investigación para hacer efectiva la responsabilidad penal y civil de varios ciudadanos y ciudadanas vinculados con los terribles hechos de agresión, de violación de los derechos humanos de las familias campesinas establecidas en un terreno en Guatire”.

El parlamentario afirmó que la operación estuvo comandada por el alcalde, funcionarios de Polizamora y de la alcaldía “en connivencia con propietarios de la empresa Guatire Textil S.A.”.

Recordó que, por mandato de la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), se pidió “establecer la responsabilidad civil, penal, administrativa de estos funcionarios y de las personas naturales y personas jurídicas vinculadas con este caso para avanzar en hacer justicia, para que no ocurran más estos casos”.

Dijo esperar que sigan las investigaciones sobre el caso. “Habrá algunos imputados, habrá otros detenidos” y todo debe concluir “en responsabilidades concretas -civiles, penales, administrativas- de quienes actuaron en contra de estas familias campesinas y a quienes les violaron sus derechos de una manera abusiva, de una manera cuartorrepublicana que todavía, 22 años después, pretenden reinstaurar. No vamos a permitir, nosotros desde la Asamblea Nacional y desde nuestro Estado revolucionario, que estas cosas sigan sucediendo”.

La AN establece responsabilidades políticas, aclaró el dirigente del PSUV. “Luego, producto de la investigación con los testimonios, con los documentos, con las pruebas que recabamos, nos dirigimos a la Fiscalía General de la República, pero también, a la Contraloría General de la República y a la Defensoría del Pueblo porque son las instancias responsables constitucionalmente de determinar las responsabilidades civiles, penales y administrativas”.

En su opinión “el alcalde de Guatire no tiene competencias para seguir ejerciendo ese cargo, pero eso lo va a determinar el sistema de justicia, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República. Es a ellos a los que les competen. Nosotros hicimos la investigación y los resultados los estamos consignando”.

Aseguró que el mismo alcalde “se está poniendo en evidencia” con el audio que se le atribuye y según el cual habría ordenado el desalojo de un grupo de familias.

Los núcleos familiares afectados “tienen derechos, tienen una carta agraria que les adjudica este terreno que estuvo ocioso por más de 40 años y desde 2016 están produciendo y trabajando allí”, alegó. El dirigente notificó que las familias “hoy están reivindicadas; se han construido sus viviendas, las que demolió Raziel Rodríguez”, se restituyó “el corral para criar animales que también Raziel Rodríguez destruyó” y ya hoy “están nuevamente sembrando”.

Anunció que visitarán el lugar para explicarles a las seis familias “los trabajados que hemos avanzado en la defensa de sus derechos, y seguirle mostrando al país que dondequiera que ocurran circunstancias como estas la Asamblea Nacional va a estar muy pendiente y no va a permitir que se le violen los derechos”.

La intención de la comisión especial de la AN, defendió Molina, “es detectar a tiempo, evitar que estas manifestaciones de fascismo en Venezuela avancen, y que se haga justicia de manera temprana, de manera oportuna; que todos aquellos que comentan este tipo de actos sepan que hay un sistema de justicia en Venezuela que cada vez debe funcionar mejor, y que el Poder Legislativo, en el marco de las competencias que establece la Constitución, debemos seguir pendientes, alertando, investigando, aportando para que se haga justicia”.