El gobierno de Venezuela rechazó este miércoles la postura del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a favor de Guyana sobre el proceso de licitación de bloques petrolíferos que -asegura Caracas- lleva a cabo Georgetown disponiendo de áreas marítimas que se encuentran dentro de la zona en disputa entre ambos países.
A través de X (antes Twitter), la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, acusó a Almagro, a quien se refirió como «esperpento», de sumarse a la «camarilla de empleados» de la estadounidense ExxonMobil -una de las seis empresas que presentaron ofertas en la licitación- para «agredir a Venezuela».
En su mensaje, la funcionaria respondió a una publicación del secretario de la OEA, quien condenó «con vehemencia las tácticas intimidatorias que buscan socavar el principio de ‘buena vecindad'» y reconoció, en nombre de la organización, el «derecho de Guyana a dar la bienvenida a los inversores».
Al respecto, Rodríguez manifestó que Almagro «siempre» se posiciona para «vulnerar el derecho internacional, la soberanía de los Estados y su integridad territorial».
La funcionaria subrayó que Venezuela no permitirá que Guyana disponga «unilateralmente» del territorio marítimo aún no delimitado y que «hará valer sus legítimos derechos por siempre».
El Gobierno rechazó este martes la «ilegal ronda de licitación», al considerar que «la misma pretende disponer de áreas marítimas» dentro de la zona en disputa, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados.
Dijo que Guyana «no posee derechos soberanos sobre estas áreas», por lo que «cualquier acción en sus límites es violatoria del derecho internacional».
El presidente guyanés, Irfaan Ali, respondió que su país tiene derecho a desarrollar sus recursos en cualquier parte de su territorio, y reafirmó que el reclamado por Venezuela, situado al oeste del río Esequibo, pertenece a Guyana, declaraciones que fueron deploradas posteriormente por Caracas.
En diciembre de 2022, Guyana inició la primera ronda de licitación de bloques petrolíferos, que cerró el pasado 12 de septiembre.
La llamada revolución bolivariana advirtió a las empresas que participen en este proceso que aplicará «todas las medidas necesarias para evitar la explotación ilegítima de los recursos naturales que pertenecen» a Venezuela.
