Un total de 16.500 venezolanos se registraron inicialmente en 2019 al abrir el Ejecutivo un proceso de regularización que permitiera a ese colectivo vivir y trabajar legalmente
El comisionado de la Policía de Trinidad y Tobago, Gary Griffith, se quejó este lunes de la «flacidez» de los tribunales con los migrantes venezolanos que entran ilegalmente en el país caribeño, un flujo migratorio creciente en los últimos meses y que tuvo un desenlace trágico en diciembre, con un naufragio en el que murieron 30 personas.
Griffith puso el ejemplo de un grupo de 23 venezolanos que el pasado fin de semana llegaron a Trinidad y Tobago por vía marítima de forma irregular y que recibieron una multa mínima después de declararse culpables de incumplir la ley.
El funcionario advirtió que como las sanciones no son lo suficientemente duras para disuadir la llegada de inmigrantes ilegales, Trinidad y Tobago podría, entre otras cosas, ver un supuesto aumento en los casos de la COVID-19.
La supuesta «laxitud» de las autoridades judiciales de Trinidad y Tobago vuelve a poner de actualidad este flujo migratorio no muy conocido hasta hace unos meses y que saltó a los medios después de la muerte de unos 30 venezolanos en un naufragio cuando trataban de llegar a las costas del país caribeño en diciembre.
Los problemas que atraviesa Venezuela han provocado que un número cada vez mayor de personas de ese país haya puesto su mira en el vecino Trinidad y Tobago.
Un total de 16.500 venezolanos se registraron inicialmente en 2019 al abrir el Ejecutivo un proceso de regularización que permitiera a ese colectivo vivir y trabajar legalmente.
El proceso de registro estuvo abierto a cualquier ciudadano venezolano que residiera en ese territorio legalmente, como visitante o ilegalmente.
Los 16.523 venezolanos que recibieron por primera vez un permiso del Gobierno de Trinidad y Tobago en 2019 tuvieron hasta el pasado viernes para realizar el proceso de actualización de datos personales.
Activistas que ayudan a los inmigrantes venezolanos en el proceso informaron de que el coste de actualizar datos y el temor a ser deportados influyó inicialmente en la lentitud de un proceso ya terminado de cuyo saldo las autoridades locales todavía no han informado.
