Aunque se encuentran en espectros políticos distintos, pues uno es de izquierda y el otro es abiertamente de derecha, Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, y Javier Milei, primer mandatario de Argentina, tienen algo en común.
Desde sus respectivas trincheras, ambos gobernantes han reivindicado el derecho de sus países a reclamar y, finalmente, a poseer territorios que, de conformidad con el Derecho Internacional, les son inalienables.
Desde Buenos Aires se ha invocado el principio del Uti Possideti Iuris para defender la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, un territorio de ultramar que cubre unos 12.000 kilómetros cuadrados.
En el caso de Venezuela, el Ejecutivo nacional ha apelado a la misma figura jurídica, pero para reiterar nuestra titularidad sobre el Esequibo, una gran franja de territorio que se extiende a lo largo y ancho de 159.542 kilómetros cuadrados.
En el caso argentino, pero también en el venezolano, las autoridades destacan, además, la necesidad de una negociación directa. Así, Venezuela demanda conversaciones con Guyana, mientras que Argentina las solicita con Reino Unido.
COLONIALISMO BRITÁNICO
La semejanza entre el diferendo territorial por el Esequibo y el diferendo territorial por las Islas Malvinas va más allá de la posición que han fijado quienes hoy gobiernan desde Miraflores o desde la Casa Rosada.
Es preciso tomar en consideración que tanto un reclamo como el otro tienen su génesis en las pretensiones colonialistas británicas. Fue desde Londres que se promovió la ocupación ilegal de las Malvinas, pero fue también desde la capital inglesa que se impulsó la idea de que el Esequibo no es venezolano.
Tal falacia es sostenida, aún hoy, por Guyana, un país que nació como colonia de Reino Unido y que obtuvo su independencia en la primera década de los años 60. Hay que resaltar que el surgimiento de lo que hoy se conoce como República Cooperativa de Guyana se registró mucho después del inicio de la querella por el territorio Esequibo.
A partir de allí se concluye que, al día de hoy, Guyana actúa como causahabiente de Londres. En otras palabras, los guyaneses decidieron heredar una disputa que no les correspondía pues, desde sus inicios, tuvo como protagonistas a venezolanos y británicos.
DESDE 1811 HASTA 1999
La Capitanía General de Venezuela, creada por el rey Carlos III en 1777, incluía los territorios de la antigua Provincia de Guayana, una comarca que se asentaba sobre lo que hoy es la región del Esequibo.
Es por esa razón que, desde 1811 hasta 1999, todas las Constituciones venezolanas reconocen al Esequibo como un espacio que, legítimamente hablando, le pertenece a Venezuela.
Es cierto que nuestro país saludó, en su momento, la creación de la República Cooperativa de Guyana. Lo hizo, sin embargo, dejando clara su salvedad sobre los territorios ocupados y, por tanto, en disputa.
En el caso de Argentina, la Constitución de ese país es clara cuando establece que «las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante del territorio nacional».
Por otro lado, dentro de su legislación interna, la nación albiceleste reconoce que “son argentinos todos los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres”.
Con ello, Argentina inválida y deja sin efecto jurídico las pérdidas o cancelaciones de la nacionalidad. Por lo tanto, todos los nacidos en las Islas Malvinas son, automáticamente, ciudadanos argentinos.
De ese modo, el país austral evita el principio de autodeterminación que esgrime la corona inglesa y fortalece, a su vez, el principio de integridad territorial del Estado.
UN LAUDO ÍRRITO
Venezuela, que siempre ha estado abierta al diálogo, ha dicho, incluso, que podría aceptar las modificaciones que han ocurrido en torno al diferendo sobre el Esequibo, siempre y cuando se desprendan de tratados y convenios válidos.
De allí que Caracas rechace, por ejemplo, el Laudo Arbitral de París de 1899, una sentencia que adjudicó 90% del Esequibo a los británicos. Venezuela, por su parte, quedó con una muy pequeña porción que incluía la boca del río Orinoco.
Aquel fallo, dictado en forma exprés, tras un juicio en el que la parte venezolana no tuvo representación directa, estuvo cargado de vicios e irregularidades que sólo jugaron a favor de Reino Unido.
Tras haber comprobado que el tribunal francés actuó de manera dolosa y con un sesgo notorio, Venezuela reactivó su reclamo sobre el Esequibo. Ello ocurrió en 1962, cuando el entonces ministro Marcos Falcón Briceño denunció, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), la nulidad del Laudo Arbitral.
ACUERDO DE GINEBRA
Cuatro años después de aquel suceso, Venezuela, Reino Unido e, incluso, el gobierno local de la para entonces Guyana Británica firmaron, en Suiza, el Acuerdo de Ginebra.
Ese documento, que cumplió 59 años el pasado 17 de febrero, abrió las puertas a la discusión y a la negociación sobre el territorio Esequibo. De hecho, en él se estipula que las partes agotarán todos los recursos necesarios, con tal de obtener una solución práctica y satisfactoria que dirima la controversia.
Por ese motivo, al menos para Venezuela, el Acuerdo de Ginebra de 1966 representa el único marco jurídico y diplomático válido para el histórico diferendo sobre la Guayana Esequiba.
Claro está que, muy hábilmente, Gran Bretaña le dio la independencia a la Guyana Británica en 1966. Sin embargo – y dado su carácter de causahabiente – la República Cooperativa de Guyana sigue obligada por este Acuerdo.
Por consiguiente – y pese a los alegatos que intentan demostrar lo contrario – la judicialización de la controversia representa un acto de agresión, que transgrede el Acuerdo de Ginebra.
Con lo anterior, lo que se intenta decir es que, al trasladar el asunto hasta la Corte Internacional de Justicia, Guyana no sólo se ha deslindado de lo que se pactó en Suiza, sino que también ha dejado de lado el Derecho Internacional.
“VENEZOLANIZACIÓN» DEL ESEQUIBO
Los argentinos han “malvinizado” su política interna y externa. Por lo tanto – y a la luz de las pretensiones guyanesas – es necesario que los venezolanos empecemos a “venezolanizar” el tema del diferendo territorial con Guyana.
Hace muy poco, en un reciente referendo consultivo, los electores de la República Bolivariana se decantaron a favor de la aplicación del Acuerdo de Ginebra. Ese fue un buen primer paso para cerrar filas.
Sin embargo, lo que ahora se plantea es la escogencia, a través de comicios libres y participativos, del gobernador y los parlamentarios que representarán al estado Esequibo.
La votación no ha de implicar el abandono de las instancias internacionales en las que se ha defendido (y se defiende) la titularidad venezolana sobre el Esequibo, pero sí podría representar un gigantesco y poderoso acto de soberanía.
Por ende – y para efectos de tal fiesta electoral – se hace necesario proponer fórmulas unitarias que representen la voluntad general de todos los venezolanos.
De igual modo, es preciso recordar que la preservación y el resguardo del Esequibo, más que un deber del Gobierno que ostenta el poder, es una responsabilidad del Estado y de sus ciudadanos.
Julio César Pineda
