La corte comercial londinense determinó que Guaidó tenía autoridad para disponer de las 30 toneladas del preciado metal valoradas en más de dos mil millones de dólares

Este lunes el Tribunal Supremo del Reino Unido, analizará el caso sobre el oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra, que reclaman tanto la administración de Nicolás Maduro, como el equipo ad hoc del opositor Juan Guaidó.

Los representantes del Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, quiere vender cerca de 1.000 millones de euros de esos activos para transferirlos a los programas de la ONU a fin de adquirir equipamiento contra la pandemia, cómo vacunas y materiales médicos, lo que también busca hacer la delegación de la oposición.

Para que la Justicia británica pueda determinar quién tiene autoridad sobre los 31 lingotes de oro, valorados en unos 1.600 millones de euros, debe dirimir primero a quién reconoce el Gobierno de Londres como jefe de Estado en Venezuela, si a Maduro, que controla las instituciones venezolanas y con quien mantiene relaciones diplomáticas o si por el contrario al líder opositor Juan Guaidó.

En una primera instancia la corte comercial londinense determinó que Guaidó tenía autoridad para disponer de las 30 toneladas del preciado metal valoradas en más de dos mil millones de dólares porque el entonces canciller británico Jeremy Hunt lo reconoció como mandatario interino en febrero de 2019. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones revocó ese veredicto por considerar que el reconocimiento de Guaidó como presidente ‘de jure’ (de derecho) no excluía que Maduro, fuera reconocido por el Reino Unido como el presidente de hecho.

Los representantes legales del canciller británico, Dominic Raab, deberán aclarar ahora ante la Corte Suprema a quién reconoce el gobierno como jefe del Estado y Gobierno de Venezuela, toda vez que Londres mantiene relaciones diplomáticas normales con Caracas.

Leigh Crestolh, abogado del bufete londinense Zaiwalla & Co., que representa al Banco Central de Venezuela señala que a los observadores internacionales de este caso podría sorprenderles la posibilidad de que una declaración unilateral de reconocimiento político, por parte de las autoridades del Reino Unido, pueda despojar un país soberano de sus activos depositados en Londres.