Las autoridades de Maduro ya habían entregado el mes pasado una solicitud de control judicial ante los magistrados de la CPI, en la que se quejaron de trato «discriminatorio» y «desigual»
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este lunes que entregó a la Corte Penal Internacional (CPI), un cuarto informe que actualiza casos de «sanción ejemplar a violaciones de derechos humanos», a propósito del examen preliminar del que la administración de Nicolás Maduro es objeto.
El fiscal informó, además, que «continúa suministrando información sin saber cuáles son los parámetros de actuación de dicho ente en este caso, cuestión que ha sido reclamada de forma reiterada».
El examen preliminar de la Fiscalía de la CPI, abierto al gobierno de Maduro en febrero de 2018, estudia presuntos abusos de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y cárceles desde, al menos, abril de 2017.
Las autoridades de Maduro ya habían entregado el mes pasado una solicitud de control judicial ante los magistrados de la CPI, en la que se quejaron de trato «discriminatorio» y «desigual», respecto al que reciben otros países que también se encuentran bajo examen preliminar, según el fiscal.
Ante el reclamo, la fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, negó, durante una entrevista con Efe, que ignorase la reclamación y presentó una respuesta incluyendo ejemplos y estadísticas de su «compromiso» con Venezuela desde que comenzó el examen.
«Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta», aseveró la fiscal jefa del tribunal de La Haya.
Aunque la nación suramericana anunció públicamente la solicitud de control judicial, la entrega de la documentación se ha tramitado de forma confidencial, por lo que se desconoce en qué fecha se pronunciarán los jueces y el plazo que necesitan para el análisis correspondiente.
Bensouda, quien termina sus funciones al frente de la Fiscalía de la CPI este martes, dijo la semana pasada que espera anunciar si abre o no una investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, tan pronto como el tribunal resuelva una solicitud del país caribeño.