La defensa legal de Nicolás Maduro se alista para presentar este miércoles una serie de mociones formales ante el Tribunal Federal de Distrito de EEUU en Manhattan, con las que solicitará la desestimación de los cargos por narcotráfico presentados en su contra, argumentando inmunidad diplomática como jefe de Estado y cuestionando la legalidad de su aprehensión por parte de fuerzas militares estadounidenses, según reportó la agencia Reuters.
El abogado defensor Barry Pollack fundamenta la solicitud en que el derecho internacional protege de persecución penal en tribunales extranjeros a los jefes de Estado en ejercicio. Asimismo, la representación legal plantea objeciones sobre el operativo militar ejecutado el pasado 3 de enero en territorio venezolano.
Sin embargo, la solicitud de la defensa enfrentará un complejo escenario legal ante el juez de distrito Alvin Hellerstein. Según dijeron seis expertos estadounidenses en derecho internacional y defensa penal a Reuters, la jurisprudencia en Estados Unidos ha mantenido de forma constante un criterio contrario a este tipo de recursos durante más de un siglo.
Uno de los factores determinantes en la decisión judicial será la posición del Poder Ejecutivo estadounidense respecto al reconocimiento de la jefatura de Estado, dado que Washington no reconoce a Maduro en dicho cargo desde el año 2019. «En los pocos casos en que esto ha surgido, los tribunales esencialmente han tomado la decisión del Poder Ejecutivo de presentar cargos como una determinación en sí misma de no inmunidad», explicó a Reuters Chimène Keitner, profesora de derecho en la Universidad de California, Davis, y exabogada del Departamento de Estado.
Entre los precedentes jurídicos que desfavorecen la postura de la defensa se encuentra el caso del exmandatario panameño Manuel Noriega en 1990, cuya alegación de inmunidad fue rechazada por un juez federal tras su captura militar.
Por otra parte, se prevé que la defensa argumente que la captura vulneró el tratado de extradición bilateral entre Estados Unidos y Venezuela. Ante esto, la fiscalía recurrirá a la doctrina jurídica male captus, bene detentus (“capturado ilícitamente, detenido lícitamente”), ratificada por la Corte Suprema de EEUU en 1886 y 1992, la cual establece que la forma de aprehensión de un acusado no anula la jurisdicción ni impide su juzgamiento en tribunales estadounidenses.
