Un grupo de 14 congresistas del Partido Demócrata de los Estados Unidos, junto al respaldo de una veintena de organizaciones no gubernamentales, ha dirigido una carta formal a la Casa Blanca para solicitar la suspensión inmediata de las restricciones económicas de amplio alcance impuestas sobre Venezuela. Los legisladores argumentan que las medidas de presión financiera obstaculizan la respuesta de emergencia y las labores de recuperación de la infraestructura civil tras el devastador sismo que golpeó al país suramericano, reseñó El País.
La petición, respaldada por firmas de parlamentarios como Alexandria Ocasio-Cortez, Jesús «Chuy» García, Rashida Tlaib, Ilhan Omar y Nydia Velázquez, entre otros, califica la situación humanitaria en la nación caribeña como desgarradora. De acuerdo con datos oficiales presentados por las autoridades del Parlamento venezolano, el desastre del pasado 24 de junio de 2024 —catalogado como el movimiento telúrico más fuerte en la región en más de un siglo— ha dejado un saldo de 4.561 personas fallecidas, más de 16.000 heridos y cerca de 18.000 ciudadanos sin hogar, además del colapso de unos 1.400 edificios que incluyen recintos educativos y hospitalarios.
En la misiva enviada al Ejecutivo estadounidense, los firmantes señalan que, a diferencia del terremoto y sus más de 1.250 réplicas que constituyen fenómenos naturales inevitables, el bloqueo financiero y el congelamiento de activos estatales en el exterior representan impedimentos logísticos generados por decisiones políticas que pueden corregirse.
En tal sentido, los representantes exhortan a la administración de Washington a habilitar el acceso a los recursos soberanos para que las agencias estatales y los organismos de socorro puedan coordinar la distribución de insumos médicos, alimentos y la remoción de escombros de manera eficiente.
Impacto económico y advertencia de organismos internacionales
La solicitud de los congresistas y de colectivos como Just Foreign Policy o el Center for Economic and Policy Research (CEPR) se produce en un escenario donde las estimaciones de daños físicos por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) rondan los 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación, mientras que el Servicio Geológico de los Estados Unidos calcula que las pérdidas económicas totales podrían ascender hasta los 100.000 millones de dólares.
El texto enfatiza que la capacidad de respuesta interna se encuentra mermada por una recesión económica de una década, la cual contrajo la economía del país caribeño en un 74%, de acuerdo con registros del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Organizaciones internacionales de salud y asistencia infantil también han encendido las alarmas sobre el panorama social. UNICEF estima que aproximadamente 1,8 millones de personas, entre ellos unos 680.000 menores de edad, requieren ayuda humanitaria de forma prioritaria, al tiempo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte sobre el riesgo inminente de un colapso en el sistema sanitario nacional si persisten las trabas para importar insumos médicos básicos y equipamiento de reconstrucción.
Finalmente, la correspondencia legislativa subraya que las licencias temporales y las ayudas directas aprobadas hasta la fecha por el Departamento del Tesoro resultan insuficientes para abordar las necesidades reales, debido a las trabas burocráticas y al temor de las entidades financieras internacionales de incurrir en penalizaciones por sobrecumplimiento de las sanciones. Por ello, instan al Gobierno de los Estados Unidos a facilitar la liberación de los activos retenidos en el exterior para asegurar que la administración interina venezolana cuente con la liquidez requerida para gestionar los programas de estabilización social.
