Según publicó esta semana el diario digital The Objective y confirmaron a Efe fuentes jurídicas, se trata de un contrato, suscrito en 2016
El general Hugo Carvajal, conocido como » el Pollo «, ha entregado documentación a la Justicia española de un supuesto contrato entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el despacho de abogados Ilocad, que dirige el exjuez español Baltasar Garzón.
Por ese contrato, la petrolera estatal venezolana pagaría 8,8 millones de euros (13,7 millones de dólares) por la defensa de sus intereses en España.
La documentación fue entregada al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ante el que el exjefe de la Inteligencia venezolana declaró el pasado 20 de septiembre.
«El Pollo» Carvajal fue detenido el día 9 de septiembre en Madrid, después de haber permanecido casi dos años huido para evitar ser extraditado a Estados Unidos, que lo reclama por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir drogas en territorio estadounidense.
Según publicó esta semana el diario digital The Objective y confirmaron a Efe fuentes jurídicas, se trata de un contrato, suscrito en 2016 y que seguiría vigente, por el que PDVSA contrata al despacho de Garzón para interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho.
A la luz de ese contrato, desvelado por el diario, entre las labores encomendadas a Ilocad figuraría la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España».
Por su parte, ILOCAD desmintió en un comunicado que fuese contratado por PDVSA en 2016, sino que fue el despacho americano Squier Patton Boggs, LLP, que lleva la defensa mundial de la petrolera, quien contrató sus servicios.
Según esta versión, el encargo consistió «exclusivamente» en un informe sobre la viabilidad de interponer acciones legales en España contra varios empresarios y exfuncionarios de PDVSA y Bariven, la presentación de una querella contra ellos por organización criminal y blanqueo y la defensa de la petrolera.
El despacho niega, además, haber cobrado casi 9 millones de euros por tales servicios y haberse coordinado con «la Fiscalía y la judicatura para agilizar los trámites y avances del procedimiento judicial».
«El Pollo» tiene suspendida su extradición a Estados Unidos a la espera de la decisión sobre su petición de asilo en España.
