Provea denunció una “campaña de ataques” del Gobierno de Venezuela contra la Corte Penal Internacional (CPI), a pocas semanas de que el alto tribunal decida si abre una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad en el país

Este jueves, el Fiscal General de República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que su despacho ha colaborado “plenamente” con la investigación que desarrolla la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad en contra de Venezuela, lo que ha generado una discusión por parte de los sectores políticos y civiles en el país, e incluso ha generado discusión en la política de Argentina.

Durante esa declaración, el fiscal Saab afirmó que “han trabajado duro y con respeto, enmarcado en el estricto respeto al derecho internacional, con profesionalismo, con el debido respeto a la personas en este caso asistidas por las instituciones durante todos estos años”.

Además dijo, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional “ha hecho silencio”, con respecto a “los casos de abuso a los derechos humanos en contra de Venezuela”.

Esto ocurre, luego de que Argentina se retirara el pasado 25 de marzo de la demanda que varios países Grupo de Lima) presentaron en 2018, ante la Corte Penal Internacional (CPI), para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, cometidos por la administración de Nicolás Maduro, lo que ha generado polémica entre el Gobierno de Alberto Fernández y la oposición argentina.

Si bien la decisión del gobierno de Fernández, de desvincularse de esa solicitud judicial se remonta a marzo pasado, cuando salió del Grupo de Lima, que desconoce a Nicolás Maduro y busca salidas para la crisis que vive Venezuela, el hecho trascendió este 27 de mayo en Argentina.

“El 24 de marzo comunicamos oficialmente nuestra retirada del Grupo de Lima, y como consecuencia de eso el 25 de marzo nos bajamos de una denuncia que habíamos hecho como Grupo de Lima, porque ya no pertenecemos a él”, explicaron a Efe fuentes de la Cancillería del país sureño.

Además de que, el presidente argentino Alberto Fernández se refirió a la situación de los derechos humanos en Venezuela y señaló que ese “problema” estaba “desapareciendo” en el país, que vive desde hace años una grave crisis humanitaria, política y social sin precedentes bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

“Lo digo con mucha franqueza: muchos de izquierda me criticaron porque apoyé el informe de (Michelle) Bachelet (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) cuando marcó acciones del gobierno venezolano que atentaban contra los derechos humanos, pero también trabajé para ayudar a Bachelet para que encare en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos. Y ese problema poco a poco en Venezuela fue desapareciendo. Hay un camino para resolver los problemas que no pasa por meterse en los países ni de forma armada ni con bloqueos”, dijo Fernández en declaraciones a una estación de radio de Buenos Aires.

Casi de inmediato el líder opositor, Juan Guaidó respondió al Fernández y dijo: “¿El gobierno del presidente Alberto Fernández considera que hay justicia en Venezuela, que las víctimas están protegidas, que está garantizado que no vuelvan a ocurrir atrocidades? La impunidad elimina la justicia, pero en este caso pone en peligro a la región y a la democracia en sí misma”.

Además de eso, la dirigente de oposición María Gabriela Hernández, afirmó que era de esperarse el accionar de la Corte Penal Internacional, ante las violaciones de derechos humanos cometidas desde hace años por funcionarios de Nicolás Maduro, en alusión a las declaraciones de Tarek William Saab.

“Regreso de la gira de la Asamblea Nacional en Guárico y Aragua y percibo el terror de Tarek. ¿Qué esperaba él?”, se preguntó.

En ese sentido, Hernández aseguró que más allá de los casos que investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya no pueden tapar la descomunal actuación criminal del régimen.

“Existe una política sistemática de exterminio y control de los venezolanos. El impedimento para ingresar ayuda humanitaria y la vacuna por Covax, es supuesto de hecho de Genocidio”, aseveró.

Por su parte, la ONG Provea denunció una “campaña de ataques” del Gobierno de Venezuela contra la Corte Penal Internacional (CPI), a pocas semanas de que el alto tribunal decida si abre una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad en el país, actualmente en examen preliminar.

“El régimen venezolano intenta posicionar una matriz de opinión a unas pocas semanas de que, como la misma Fiscalía de la CPI anunció, se tome una decisión sobre si abrirá o no una investigación formal sobre la ocurrencia de crímenes contra la humanidad en el país. ¿Prevención temprana de daños en caso de una decisión adversa?”, dijo la ONG en un comunicado.

En ese sentido, la ONG afirmó que Tarek William Saab es “uno de los promotores de la campaña”, ya que el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que el organismo internacional “utiliza como fuente de información tuits generados por boots con aseveraciones falsas, contra de la administración de Nicolás Maduro”.