Los detenidos, según la Policía española, obtenían la documentación falsa por medio de redes sociales, donde grupos criminales ubicados en Venezuela les cobraban una media de 90 dólares y se comprometían a entregarles en dos o tres días
La Policía española, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), ha interceptado en poco más de un año 807 permisos de conducir venezolanos falsificados y preparados para ser canjeados por carnés españoles, y ha detenido a 800 personas en una operación contra este tipo de fraude.
Debido a la extensión de esta actividad ilegal y a la operación que mantenía abierta la Policía, la DGT suspendió el pasado 15 de marzo el canje general de permisos de conducción entre Venezuela y España, salvo para conductores profesionales residentes.
La operación ‘Driver’ se ha desarrollado en tres fases, iniciadas a principios del pasado año, y en 19 provincias españolas. La mayoría de las detenciones se produjo en Madrid (185) y Santa Cruz de Tenerife (islas atlánticas de Canarias, 154) y Málaga (sur, 123).
Según informó este martes la Policía, los investigadores también han intervenido en el transcurso de la misma operación 296 permisos españoles de conducir que ya habían sido canjeados.
Los poseedores de los mismos no han podido acreditar que dispongan de un permiso de conducir legal, con el consiguiente peligro que para la seguridad vial.
Los detenidos, según la Policía española, obtenían la documentación falsa por medio de redes sociales, donde grupos criminales ubicados en Venezuela les cobraban una media de 90 dólares y se comprometían a entregarles en dos o tres días, vía postal, la licencia.
Desde agosto de 2017, en Venezuela se emite un nuevo formato de carnés que no cumple con los requisitos legales requeridos en España para el proceso de canje, por lo que estos ciudadanos recurrían a grupos criminales para conseguir una falsificación del modelo anterior.
El fraude se había extendido debido a que en las ciudades españolas con mayor presencia de ciudadanos venezolanos había muchas dificultades para conseguir una cita en la Jefatura provincial de Tráfico correspondiente, por lo que las solicitaban en departamentos limítrofes menos masificados.
