Estados Unidos comenzó a investigarlo por organización criminal y blanqueo por corrupción en los negocios, también es investigado por esos delitos en España
La Justicia española ha reafirmado la negativa a entregar a Estados Unido,s al ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, investigado en Texas por blanqueo y sobornos de la petrolera venezolana PDVSA y que denunció ser objeto de una persecución política.
La Audiencia Nacional (AN), confirmó este viernes una primera decisión de este mismo tribunal de no entregarlo, que había sido recurrida por la Fiscalía.
Si bien Estados Unidos comenzó a investigarlo por organización criminal y blanqueo por corrupción en los negocios, también es investigado por esos delitos en España, en la propia AN.
A esto se une que, Alvarado cuenta con la nacionalidad española desde 2017 y, en contra del criterio de la Fiscalía, el tribunal reitera que «en modo alguno» se ha acreditado que la obtuviera de forma fraudulenta o que Estados Unidos esté en mejor posición para enjuiciar los hechos.
Los procedimientos abiertos en ambos países, argumenta, «son una misma dinámica delictiva (…) sin poder dar preferencia a uno sobre el otro», según la resolución judicial, que fue aprobada por mayoría de los jueces que estudiaron el recurso.
Además, indica que la causa que se sigue contra él en España, es un obstáculo insalvable para extraditarlo, y que se debe seguir investigando.
Ahora bien, abre la posibilidad de que Estados Unidos pueda volver a reclamarlo, si alguno de los hechos que le atribuye quedase sin juzgar en España.
Luego de ser cesado en Bariven -filial de PDVSA- en 2013, Alvarado se trasladó a España, donde fue detenido en mayo pasado, aunque quedó en libertad con fianza, tras pasar cuatro meses en prisión provisional.
Según la petición norteamericana de extradición, en 2011 «se involucró en una conspiración con un grupo de directivos de alto nivel» de PDVSA, para pedir sobornos a proveedores de la petrolera, algunos en EEUU.